Milagros Maraví Sumar fue designada como presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), un nombramiento que ha generado controversia por su desempeño como abogada del Estado durante el régimen de Alberto Fujimori. Su llegada al cargo ha reavivado el debate sobre la presencia de exfuncionarios vinculados a esa época en instituciones públicas peruanas.
La abogada fue nombrada representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante el Consejo Directivo de Indecopi y, simultáneamente, asumió la presidencia del organismo. El puesto había quedado vacante tras la salida de Juan Carlos del Prado. Indecopi tiene entre sus funciones la protección al consumidor, la defensa de la libre competencia, la propiedad intelectual y la supervisión de barreras burocráticas.
El principal cuestionamiento se centra en los antecedentes de Maraví en la década de 1990, cuando integró una comisión especial de alto nivel creada por Fujimori para responder ante organismos internacionales por denuncias de violaciones de derechos humanos. Por esa labor, recibió pagos que, según información revelada, ascendieron a aproximadamente USD 270.000.
La comisión representó al Estado ante el sistema interamericano
La comisión fue establecida en 1999, en un momento en que el régimen enfrentaba procesos en el sistema interamericano de derechos humanos por denuncias contra integrantes de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y otras instancias del Estado. Maraví formó parte de ese grupo junto a otros funcionarios encargados de la defensa peruana.
Entre los casos abordados estaban los de Baruch Ivcher, Leonor La Rosa y Gustavo Chacón Chesti. Ivcher, entonces propietario de Frecuencia Latina, perdió la nacionalidad peruana durante el conflicto por el control del canal, luego de que el programa Contrapunto difundiera investigaciones sobre Vladimiro Montesinos y actividades del aparato de inteligencia.
Caso Leonor La Rosa
El caso de Leonor La Rosa giraba en torno a la denuncia de tortura presentada por la exagente de inteligencia. La Rosa señaló a militares y funcionarios del sistema de inteligencia como responsables de las agresiones que dijo haber sufrido. En marzo de 2000, Ricardo Anderson Kojatsu y Enrique Oliveros fueron preparados para declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por acusaciones relacionadas con interceptaciones telefónicas.
Kojatsu había sido mencionado por La Rosa como uno de los presuntos responsables de las torturas. Oliveros, por su parte, era jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. La participación de Maraví en la preparación de ambos militares fue revisada años después por una comisión investigadora del Congreso peruano.
Durante una declaración ante ese grupo parlamentario en 2002, Maraví confirmó que acudió dos veces a la sede del SIN para reunirse con Montesinos. Indicó que asistió por encargo de Fujimori y que los encuentros duraron cerca de 15 minutos. Según su versión, en esas citas recibían indicaciones sobre asuntos vinculados a los procesos internacionales que afrontaba el Estado.
Las reuniones con Montesinos y el caso Chesti volvieron al debate
Una de las reuniones en el SIN estuvo relacionada con el caso de Gustavo Chacón Chesti, según la declaración atribuida a Maraví ante el Congreso. Chacón era corredor de seguros de aeronaves y estaba vinculado a operaciones que involucraban a las Fuerzas Armadas. La acusación expuesta sostiene que Fujimori ordenó a Montesinos vincularlo a un proceso y enviarlo a una prisión militar, pese a que era civil.
La declaración de Maraví fue mencionada nuevamente durante la campaña electoral de 2011. Según la versión difundida entonces, una grabación de su testimonio desapareció de la sala Manco Cápac del Parlamento antes de que fuera emitida. El material habría sido retirado después de que un funcionario ingresara al recinto donde se encontraba archivado.
A esos antecedentes se sumó su situación en el denominado caso Cócteles, investigación en la que la Fiscalía sostuvo que Maraví habría prestado su nombre para registrar aportes a la campaña de Fuerza Popular de 2011. El proceso no avanzó por deficiencias atribuidas a la actuación fiscal, luego de que la acusación inicial fuera objeto de modificaciones.
Ministerio Público y Milagros Maraví
El Ministerio Público llegó a solicitar una pena de 22 años y ocho meses de prisión para Maraví, aunque posteriormente modificó su planteamiento. La ahora presidenta de Indecopi declaró que recibió de su esposo, Augusto Bedoya Cámere, un cheque en diciembre de 2010 y que lo depositó en su cuenta bancaria.
Bedoya Cámere fue ministro de Transportes durante el gobierno de Fujimori. También fue investigado por su presunta participación en el financiamiento del viaje del exmandatario desde Tokio hasta Santiago de Chile en 2005. Esa pesquisa incluyó a otros dirigentes vinculados al entorno político del fujimorismo.
Indecopi informó que Maraví no concedería una entrevista porque mantenía reuniones con áreas de la institución para consolidar una agenda técnica prioritaria. La entidad no brindó mayores detalles sobre la posición de su nueva titular frente a los cuestionamientos por su trayectoria. Su designación coincidió con el regreso de otros exintegrantes del fujimorismo a espacios de consulta y poder estatal.
Fuente: Infobae