Una reunión “impostergable e indelegable” respecto al proceso para el concurso de jueces nacionales hizo que la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, no asista a la convocatoria hecha para este jueves, 17 de septiembre, por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El objetivo de los integrantes de esta mesa legislativa era que la titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial explique los alcances de la Resolución 187-2026 con la que se suprimió la conocida como Unidad Anticorrupción. La resolución fue adoptada el 7 de septiembre pasado con el voto de la presidenta Caicedo y los vocales Magally Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.
La convocatoria llegó a poco más de una semana de que el pleno del CJ resolvió suprimir las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado o como se les conocía: Unidades Anticorrupción. La Resolución 187-2026 aprobada incluyó el modificar las competencias en razón de la materia y territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Según el oficio enviado por Caicedo a la Comisión de Garantías Constitucionales, este 17 de septiembre, la titular de la Judicatura presentó su excusa a asistir a la cita “debido al corto tiempo transcurrido hasta la fecha designada para la comparecencia y por cuanto para la fecha y hora señaladas se encuentra previamente programada una reunión de trabajo con ESPE INNOVA, de carácter “impostergable e indelegable”, en la cual se tratarán temas importantes relacionados con el concurso de jueces nacionales”.
Integrantes de la mesa criticaron la inasistencia de Caicedo señalando que no entienden cómo una reunión agendada está por encima de una convocatoria de control político que buscaba explicaciones de por qué se eliminó la justicia especializada para juzgar al crimen organizado y por qué se ha puesto en riesgo la vida de jueces que conocen las causas más peligrosa de este país.
A decir del CJ, la reestructuración dispuesta mediante la Resolución 187-2026 no elimina la capacidad especializada para conocer delitos de corrupción y crimen organizado, sino más bien permitiría ampliar y optimizar la respuesta judicial. “Frente al déficit de jueces y la carga procesal pasamos de 19 a 50 jueces penales capacitados y habilitados para conocer estas causas, fortaleciendo la cobertura y capacidad de respuesta”, señaló la Judicatura.
Fuente: El Universo
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