El pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde el pasado 16 de septiembre a la denominada Ratepayer Protection Act, una iniciativa legal que persigue impedir que las familias asuman en sus recibos de luz los gastos de infraestructura provocados por el crecimiento de los centros de datos. La votación fue abrumadora: 417 sufragios a favor frente a únicamente 3 en contra.
Este proyecto de ley se convierte así en la primera norma impulsada directamente por la Cámara baja para enfrentar las repercusiones económicas del auge de esa industria, de acuerdo con reportes de medios internacionales. La propuesta fue presentada por el representante republicano Gabe Evans, de Colorado, junto a la demócrata Kathy Castor, de Florida, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio.
Los líderes republicanos llevaron el texto al pleno mediante un procedimiento de vía rápida que requería el respaldo de dos tercios de los legisladores. Ahora, la iniciativa pasa al Senado, donde su futuro es incierto.
¿Qué plantea la Ratepayer Protection Act?
Los centros de datos son enormes conjuntos de servidores que almacenan información y realizan los cálculos necesarios para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Estas instalaciones consumen cantidades masivas de electricidad de forma ininterrumpida.
De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo eléctrico de los centros de datos en Estados Unidos podría más que duplicarse respecto a los niveles de 2024 para finales de la década; otras proyecciones indican que podrían absorber más del 10% de la demanda eléctrica del país en 2030.
El inconveniente para los consumidores es directo: cuando una empresa instala un centro de datos, la red eléctrica local debe ampliarse, y en muchos estados ese costo se reparte entre todos los usuarios, incluso si no tienen relación alguna con esas instalaciones.
La ley busca modificar esa lógica. Exige a los reguladores estatales de servicios públicos que evalúen normas para que los grandes consumidores de electricidad, incluidos los centros de datos, cubran los costos adicionales de generación, transmisión e infraestructura necesarios para abastecerlos. El proyecto no impone esas reglas de forma automática; solo obliga a los estados a considerarlas al elaborar su propia normativa.
¿Por qué los centros de datos se volvieron un tema político?
La votación ocurrió semanas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, en medio de un creciente malestar ciudadano. Una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst reveló que apenas el 11% de los estadounidenses apoyaría la construcción de un centro de datos de IA en su comunidad. Otro sondeo de alcance nacional arrojó que casi el 70% se opone a este tipo de instalaciones en sus vecindarios, y el 45% dijo estar fuertemente en contra.
La resistencia ciudadana conjuga diversas preocupaciones: el aumento en las tarifas eléctricas, el elevado consumo de agua de estos complejos para refrigerarse y las transformaciones que generan en los entornos locales. Esto presionó a legisladores de ambos partidos con reelecciones en juego, acelerando la decisión de someter el proyecto a votación antes del receso.
El expresidente Donald Trump respalda la expansión de centros de datos y la enmarca en la competencia con China en inteligencia artificial. Esta semana calificó estas instalaciones como “el petróleo de los próximos 20, 25 años”. Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, celebró la aprobación y sostuvo que la norma “garantiza que las familias trabajadoras no paguen la construcción de la infraestructura de IA”.
Críticas: el proyecto es considerado insuficiente
A pesar de la mayoría, la ley recibió objeciones desde diversos sectores. Los tres votos en contra provinieron de:
- Summer Lee (demócrata, Pensilvania)
- Delia Ramírez (demócrata, Illinois)
- Rashida Tlaib (demócrata, Míchigan), quien exigió una moratoria nacional sobre los centros de datos
Varias legisladoras que votaron a favor también manifestaron su descontento. Veronica Escobar, de Texas, fue contundente: “Voy a votar sí, pero es verdaderamente el mínimo indispensable”. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, de Nueva York, la calificó de “un paso adelante” pero advirtió que “más claramente debe hacerse”.
Desde la sociedad civil, la organización Public Citizen señaló que la ley “tiene una capacidad muy limitada para proteger a los consumidores de tarifas más altas, ya que simplemente pide a los estados que ‘consideren’ exigir a los centros de datos que paguen ciertos costos”, según Tyson Slocum, director del programa de energía de la entidad.
¿Qué falta para que la ley entre en vigor?
Para convertirse en ley, la Ratepayer Protection Act debe ser aprobada por el Senado y promulgada por Trump. El senador republicano Jon Husted, de Ohio, presentó una versión del proyecto en esa cámara, aunque sin fecha de votación definida.
Con el Senado en sesión solo unas semanas más antes de su receso electoral, el debate sobre qué reglas deben aplicar los estados a los grandes consumidores de electricidad continuará en manos de los reguladores locales, con o sin una ley federal que los oriente.
Fuente: Infobae