El Ministerio de Salud Pública (MSP) adjudicó el 8 de septiembre de 2026 un contrato por USD 240,26 a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) para implementar una plataforma tecnológica sanitaria.
A su vez, CNT contrató a la multinacional Dedalus para la ejecución operativa de esta infraestructura.
Sin embargo, la revisión de los registros oficiales expone la situación legal, financiera, laboral y tributaria de la filial local Dedalus Global Services Ecuador S.A., antes y durante la estructuración de este proceso precontractual.
Dedalus Ecuador nació el 1 de octubre de 2015 mediante escritura otorgada ante la Notaría Sexta de Quito e inscribió su contrato social en el Registro Mercantil el 2 de octubre de 2015. La compañía fijó un capital social suscrito de USD 800, dividido en 800 acciones nominativas de USD 1 cada una.
La estructura accionaria asignó 799 acciones (99.88%) a Dedalus Global Services S.A. (España) y una acción (0.12%) a Álvaro Santiago Yépez Dávila.
El 24 de diciembre de 2025, la Junta General de Accionistas —con la abogada Francia del Valle Natera representando el 99.88% del capital— resolvió la extinción de la firma. El Acta de Junta General consigna textualmente el acuerdo adoptado:
“Aprobación sobre la Disolución, Liquidación y Cancelación de la compañía mediante la aplicación del trámite de Cancelación Expedita según lo establece el artículo 414.18 de la Ley de Compañías”.
Los accionistas ratificaron bajo juramento “que la Compañía no tiene obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas”.
La Superintendencia de Compañías formalizó la extinción el 13 de febrero de 2026, firmada por la abogada María Belén Salvador Irigoyen. El documento resuelve:
“Declarar la disolución de la compañía, ordenar la adjudicación del haber social a los accionistas en proporción a su participación en el capital social, y disponer la cancelación expedita de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil…”.
El Registro Mercantil de Quito inscribió la adjudicación del haber social y la cancelación expedita el 23 de marzo de 2026.
Dedalus, con patrimonio negativo y con pérdidas
Según los registros disponibles en la Súuperintendencia de Compañías, el Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024 registró un activos por USD 182.034, compuesto en un 100% por activo corriente. La casilla de efectivo cerró en USD 0, frente a los USD 278 de 2023.
Mientras que el pasivo totalizó USD 305.080. De ese total, USD 191.282 es de anticipos de clientes, USD 83.181 en cuentas por pagar no relacionadas, USD 6.246 en cuentas por pagar a relacionadas del exterior y USD 24.372 en otras obligaciones.
Así, el patrimonio neto de 2024 fue negativo: USD 123.045.
El Estado de resultado integral de 2024 declaró USD 0 en ingresos ordinarios y egresó USD 7.000 en honorarios administrativos, fijando la pérdida neta de USD 7.000.
En un informe, Elías Florencio Barzallo Cabrera, gerente general y representante legal a través de la firma Regyrep, entidad que ejerció la administración y Gerencia General de Dedalus Ecuado detalló textualmente:
“Los estados financieros reportados evidencian una situación financiera y movimiento económico comprendido entre el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024, la Compañía ha generado una pérdida de siete mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 7.000)”.
Para la cancelación expedita, la empresa presentó un balance final al 23 de diciembre de 2025 con USD 800 en caja, USD 0 en pasivo y USD 800 en patrimonio.
Empresa Dedalus inhabilitada por el Sercop y otros gazapos
El certificado de Obligaciones Patronales del IESS certifica que Dedalus no registra mora patronal. En los balances de 2024, la participación a trabajadores reportó USD 0 por falta de nómina directa.
En materia tributaria, Dedalus Global Services Ecuador declaró USD 0 de Impuesto a la Renta causado entre los periodos fiscales 2019 y 2025.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) dijo que la firma tiene “Obligaciones tributarias pendientes” y 0 meses de vigencia en su permiso de facturación por omitir la presentación del reporte de beneficiarios finales y composición societaria de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Asimismo, en el Sistema Nacional de Contratación Públicas (Sercop), la empresa no esta habilitada en el Sistema de Registro de Proveedores (RUP) desde el 15 de julio de 2016. Los artículos 19 y 75 de la Ley de Compras Públicas exigen la habilitación en el RUP como requisito obligatorio para ofertar y contratar con el Estado.
¿Cómo logró Dedalus un contrato con el Estado?
Ante las inhabilidades legales que acarrearía Dedalus a la hora de contratar con el Estado, expertos y especialistas en contratación pública se preguntan cómo hizo para obtener un millonario contrato con CNT.
Ellos señalan que una salida de Dedalus para lograr el contrato con CNT habría sido bajo la figura del “Giro Específico del Negocio”. La normativa nacional autoriza a las empresas públicas a contratar bajo régimen especial las actividades de su giro comercial, permitiendo a CNT integrar la tecnología de la multinacional Dedalus dentro del servicio provisto al Ministerio de Salud.
Un contrato millonario y polémico
El procedimiento precontractual del Ministerio de Salud inició el 31 de agosto de 2026 en el portal del Sercop, con CNT como único invitado. El 8 de septiembre de 2026, el ministro de Salud Juan Carlos Aveiga suscribió la Resolución 0013-R adjudicando el contrato.
Este contrato tuvo sus cimientos en abril de 2026, cuando la vicepresidenta María José Pinto sostuvo reuniones en España con Vincenzo Dell’Isola, directivo de Dedalus.
El 10 de junio, Dedalus entregó a CNT una propuesta técnica SaaS por USD 117 millones más IVA.
Y, el 28 de agosto, CNT presentó al MSP su oferta comercial por USD 240,26 millones. 12 directores del MSP acogieron dicho monto como el presupuesto referencial, señalando no haber encontrado contrataciones similares en dos años para realizar una comparativa de mercado.
La operación contó con dictámenes de prioridad de la Presidencia. Además, el Presidente Daniel Noboa expidió el Decreto 461 el 29 de julio, para permitir que las empresas públicas de telecomunicaciones no presenten garantías de fiel cumplimiento, el buen uso del anticipo y las garantías técnicas.
Así, bajo ese esquema se adjudicó este polémico contrato.
Radio Pichincha
LV