Los 19 jueces que permanecían en la extinta Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado recibieron la noche del lunes 14 de septiembre de 2026 notificaciones sobre la ubicación de sus nuevos despachos. Sin embargo, el vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, aseguró que el Pleno del organismo no resolvió la reubicación individual de estos magistrados.
En entrevista con Teleamazonas, Fabara explicó que el Pleno aprobó la Resolución 187-2026, que modificó las competencias de la antigua estructura especializada, pero no determinó a qué dependencia debía ser trasladado cada uno de los jueces.
Señaló que, frente a esta situación, solicitarán informes técnicos y jurídicos para determinar la procedencia de las decisiones administrativas adoptadas.
Fabara diferenció entre la decisión del Pleno sobre las competencias de las antiguas unidades judiciales y la aplicación administrativa de esa resolución.
Explicó que la reorganización implica revisar la situación del personal que pertenecía a la estructura especializada y que la normativa permite al Consejo administrar el talento humano.
Los jueces fueron distribuidos en otras dependencias
Los 19 magistrados dejaron el segundo piso del Complejo Judicial Norte, donde funcionaban las dependencias especializadas, y fueron asignados a otras unidades penales. Entre los destinos comunicados constan Quitumbe, Calderón y Tumbaco.
Fabara sostuvo que la idea inicial era mantener a los jueces en Iñaquito, pero insistió en que el Pleno no aprobó una disposición para reubicar a cada magistrado en un destino determinado. Por ello, señaló que el Consejo deberá revisar las decisiones administrativas mediante los respectivos informes técnicos y jurídicos.
La Resolución 187-2026 eliminó la estructura especializada que funcionaba desde 2022 y amplió las competencias para que más jueces penales conozcan procesos relacionados con corrupción y crimen organizado. Según la Judicatura, los 19 magistrados continuarán ejerciendo funciones dentro del nuevo esquema.
Seguridad para jueces anticorrupción
Consultado sobre la seguridad de los jueces que han conocido o conocerán procesos relacionados con delincuencia organizada, Fabara aseguró que el Estado debe garantizar su protección. Señaló que esta obligación no debe aplicarse únicamente por los procesos que actualmente tienen a cargo, sino también por los casos que resolvieron anteriormente.
El vocal exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior a mantener un análisis de riesgo para establecer las medidas de seguridad correspondientes, independientemente de si los jueces ejercen en Iñaquito, Calderón, Quitumbe u otra dependencia judicial.
Fabara señaló que en el Complejo Judicial Norte existe infraestructura de seguridad que incluye presencia policial y militar y una tanqueta. En ese complejo funcionan dependencias judiciales penales, un tribunal de garantías penales y una sala penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Indicó que estas medidas están dirigidas a proteger a operadores de justicia, fiscales y usuarios.
Especialización y continuidad de las causas
El vocal sostuvo que la reorganización no significa dejar sin protección ni excluir de estas funciones a los jueces que formaron parte de la unidad especializada.
También reconoció la preocupación expresada por los magistrados y señaló que su experiencia debe ser considerada dentro del nuevo esquema.
La estructura especializada comenzó a funcionar en diciembre de 2022 con 14 jueces seleccionados y capacitados para conocer 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. En enero de 2024 se incorporaron otros magistrados y actualmente permanecían 19 jueces en estas dependencias.
Con la aplicación de la Resolución 187-2026, las competencias pasan a un grupo más amplio de jueces penales. La Judicatura ha señalado que más de 50 magistrados estarán habilitados para conocer este tipo de procesos, mientras las causas pendientes serán redistribuidas de acuerdo con las nuevas competencias.
Radio Pichincha
LV