Asamblea aprueba informe de Segura EP entre cuestionamientos a sus competencias

La resolución aprobada este 15 de septiembre de 2026 contó con los votos favorables del oficialismo y sus aliados. El informe elaborado por la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora oficialista Inés Alarcón, concluye que existirían presuntas irregularidades en el acceso y control del sistema de videovigilancia en Guayaquil.

Además, sus recomendaciones están dirigidas a cuatro instituciones del Estado. A la Fiscalía General del Estado (FGE), la Asamblea solicitó ampliar las investigaciones y resguardar toda la información que permita reconstruir las operaciones realizadas.

En el caso de la Contraloría General del Estado, el Legislativo requirió un examen especial a la empresa pública. Esta revisión deberá determinar cómo se desarrolló la cadena administrativa de decisiones y establecer las responsabilidades que correspondan.

Por otro lado, la resolución solicita a la Superintendencia de Protección de Datos Personales realizar una auditoría técnica sobre el tratamiento de imágenes y demás datos personales relacionados con los accesos que son objeto de investigación.

¿Fiscalizar a los Municipios es una competencia de la Asamblea?

El legislador Alfredo Serrano (PSC), quien se abstuvo en la votación, argumentó que la fiscalización de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no es competencia de la Asamblea Nacional. Sostuvo que, ante la existencia de posibles irregularidades administrativas o penales, corresponde intervenir a la Contraloría y Fiscalía.

Serrano cuestionó el informe al considerar que carece de valor jurídico y lo calificó como un distractor impulsado por la mayoría oficialista para desviar la atención de sus propias obligaciones. Aunque señaló que su bancada se abstendría en la votación, posteriormente los legisladores socialcristianos Carlos Pulley y Ana Terán votaron a favor del informe.

De igual manera, el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Asamblea Nacional ejerce funciones de fiscalización y control político. Sin embargo, la norma precisa que estas atribuciones deben ejercerse en el marco de las disposiciones establecidas en la Constitución.

En contraste, el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece que esta competencia corresponde a los concejos municipales:

El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. La otra cara de la moneda

Previo al debate, el legislador de la Revolución Ciudadana, Andrés González, rechazó que se cuestione a un sistema de cámaras que permitió descubrir la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas y el denominado caso “Porsche”, que involucra a la familia del presidente Daniel Noboa.

“Cámaras logran identificar al corrupto, al narcotraficante, al lavador de dinero, pero no son culpables, son culpables los que pusieron las cámaras, estamos en un Gobierno patas arriba”, expresó González.

Exigió al oficialismo que investigue el caso Porsche, referente al vehículo de alta gama perteneciente a Industrial Molinera, que fue captado en la vivienda del principal sospechoso del atentado con explosivos a la Bahía de Guayaquil, ocurrido el 3 de julio de 2025.

Por otro lado, la asambleísta Jahiren Noriega denunció que le negaron el uso de la palabra para su intervención, pese a estar registrada.

Radio Pichincha

LV

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