La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal una investigación interna que reveló 645 acreditaciones indebidas de haberes por un total de $981.148.567,88. La maniobra, denunciada por la fuerza que lidera el almirante Juan Carlos Romay, involucra inicialmente a 23 personas y se habría extendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
La denuncia fue formalizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada. De acuerdo con fuentes consultadas, el perjuicio bajo análisis podría alcanzar los $1.500 millones, aunque esa cifra no está incluida en el escrito judicial al que tuvo acceso este medio.
El esquema de alteración de pagos
El caso saltó a la luz en febrero de 2026, durante la revisión de los haberes de enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Tras la devolución del dinero, la fuerza amplió la auditoría a períodos anteriores para determinar si se trataba de errores aislados o de una operatoria deliberada.
Esa revisión permitió identificar diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. Según la presentación judicial, hubo pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incluidos en los lotes bancarios que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones a personas cuyo vínculo con la fuerza no pudo establecerse al inicio de la pesquisa.
La intervención se producía en un tramo sensible del circuito de pagos. Los controles habituales se efectuaban sobre la liquidación de haberes, pero, antes de la transmisión definitiva al Banco Nación, determinados registros eran alterados para elevar importes o incorporar pagos sin respaldo. Para ocultar las diferencias, una vez confeccionados los archivos destinados a la acreditación, “los registros eran restituidos a sus valores originales”. Así, las modificaciones no quedaban reflejadas en los recibos publicados en el sistema Haberes-Web: el archivo remitido al banco podía ordenar un pago distinto del que luego figuraba en el recibo.
Beneficiarios externos y montos millonarios
Entre los 23 identificados hay militares en actividad y retirados, personal civil permanente y contratado, jubilados y cuatro personas sin relación laboral o funcional con la Armada. Estas últimas concentraron $434.200.718,04, el 44,25% del total detectado.
La denuncia consigna que una persona de apellido Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86; otro acusado 47 por $99.496.225,47; una tercera persona 46 por $91.978.048,38; y una cuarta mujer 45 por $90.466.948,33. En conjunto, las cuatro personas cobraron 184 acreditaciones.
Prieto es esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y es el principal acusado de haber organizado esta maniobra. Durante las actuaciones administrativas, reconoció conocer las acreditaciones hechas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y afirmó que los pagos se cargaban de forma manual. Según el escrito, el oficial declaró que la finalidad era “favorecer económicamente a dichas personas” y que él resolvía las operaciones, los beneficiarios y los montos.
El expediente también detectó pagos a favor de la esposa de un capitán de Corbeta Contador durante períodos en los que tenía licencia sin goce de haberes, así como acreditaciones a un uniformado que cobraba simultáneamente en Argentina y por una misión en el exterior. La denuncia aclara que los beneficiarios dieron versiones distintas sobre el conocimiento, el origen y el uso del dinero.
Restituciones y cambios en los controles
Parte de los fondos fue reintegrada. En abril de 2026, cuatro capitanes de Corbeta Contadores devolvieron importes cobrados en exceso con los haberes de enero. El 11 de septiembre hicieron lo mismo otros acusados. Las restituciones sumaban $42.574.267,63 al momento de la denuncia. En consecuencia, del total histórico de acreditaciones indebidas, quedaban pendientes $938.574.300,25.
Cuando aparecieron los primeros cinco pagos irregulares, en febrero, no había elementos que vincularan a Atanasoff. Por su cargo, recibió instrucciones para reforzar los controles. Desde marzo, la Armada trasladó al Departamento Tesorería la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación y ordenó que Contabilidad conciliara de manera independiente la cuenta utilizada para los pagos.
La situación cambió en agosto, cuando el análisis histórico identificó a Prieto como beneficiaria y confirmó su vínculo matrimonial con Atanasoff. Fue el primer elemento objetivo que lo relacionó personalmente con las acreditaciones investigadas. Atanasoff fue relevado de manera preventiva. La fuerza también resguardó el equipo que se utilizaba para preparar y transmitir los lotes al banco, y separó las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación.
El expediente avanzó por la cadena de mando hasta el Ministerio de Defensa. Según fuentes oficiales, el ministro Carlos Alberto Presti ordenó formalizar la denuncia una vez reunidos los elementos administrativos y técnicos. La presentación incluyó informes fechados el 20 de agosto y el 2 de septiembre, actas sobre los equipos informáticos, planillas con las irregularidades, registros del Banco Nación y el informe final del oficial investigador, además de las declaraciones reunidas durante el sumario administrativo.
En su comunicado, la Armada sostuvo que la administración de los recursos públicos es un compromiso del Ministerio de Defensa y ratificó una política de “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad” en su manejo. La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, deberá determinar la dimensión final de los desvíos, el destino del dinero y la responsabilidad de cada involucrado. La investigación interna dejó establecido un piso documental: 645 acreditaciones indebidas, 23 beneficiarios identificados y casi $1.000 millones comprometidos en más de tres años y medio.
Fuente: Infobae