En México, la posibilidad de extender el IEPS a productos alimenticios con alto contenido de sodio ha generado un intenso debate sobre salud pública, recaudación fiscal y regulación de la industria alimentaria. La propuesta plantea aplicar un gravamen a artículos procesados con niveles elevados de sal, tales como embutidos, sopas instantáneas, salsas y aderezos.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados estudian la iniciativa en el marco de las discusiones del Paquete Económico 2027. Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México plantearon que esta medida podría generar cerca de 12 mil millones de pesos adicionales para las arcas públicas.
De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, el debate surge de un problema ya arraigado en el país: el consumo diario de sodio supera ampliamente los parámetros internacionales y está vinculado con enfermedades que provocan miles de fallecimientos cada año. La intención es elevar el precio de ciertos artículos para disminuir su ingesta y, al mismo tiempo, obtener recursos del Estado.
Consumo de sodio excede lo recomendado por la OMS
La población adulta mexicana ingiere en promedio 3.3 gramos de sodio al día, una cifra muy por encima de los dos gramos diarios que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) como límite máximo.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México. Además, el 29.9% de las personas mayores vive con hipertensión, un factor directamente relacionado con el consumo excesivo de sal.
Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública estimó que, si se cumplieran las metas regionales de reducción de sodio establecidas por la Organización Panamericana de la Salud, se podrían evitar 12.866 muertes anuales por enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica y cáncer gástrico.
La organización El Poder del Consumidor, miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria, respaldó que el Congreso examine este impuesto. Considera que la medida responde a recomendaciones internacionales que han estado pendientes durante años.
“Que México considere finalmente un impuesto al sodio es una noticia positiva”, afirmó el doctor Jorge Vargas, investigador de El Poder del Consumidor.
El especialista advirtió que la aprobación por sí sola no garantiza resultados y que el diseño técnico será clave para definir si el tributo modifica los hábitos de consumo y obliga a las empresas a reducir la sal en sus productos. También solicitó a los legisladores que revisen las experiencias de otros países antes de votar la iniciativa.
México ya cuenta con un criterio para gravar productos salados
Desde 2014, México aplica un umbral de 1.200 miligramos de sodio por cada 100 gramos para determinar qué galletas saladas deben pagar el IEPS.
Ese antecedente se asemeja al esquema que Colombia implementa desde noviembre de 2023 sobre productos ultraprocesados. El modelo colombiano contempla incrementos escalonados: 10% en 2023, 15% en 2024 y 20% a partir de 2025. El tributo se activa cuando un alimento supera los límites fijados para sodio, azúcar o grasas saturadas.
La discusión afecta a productos de consumo habitual. Por ejemplo, una porción de 100 gramos de jamón puede contener hasta 1.255 miligramos de sodio, más de la mitad del límite diario sugerido por la OMS. El tocino alcanza 1.027 miligramos en la misma cantidad, y los embutidos en promedio registran 884 miligramos, lo que los sitúa entre las categorías alcanzadas por la iniciativa.
Actualmente, 41 países aplican impuestos a alimentos no saludables que incluyen el sodio entre sus parámetros. La actualización 2026 del marco SHAKE de la OMS incorporó por primera vez la tributación como un componente central de la estrategia para reducir el consumo de sal.
Chile y Hungría muestran resultados distintos a Dinamarca
Las experiencias internacionales ofrecen resultados variados. Dinamarca instauró en 2011 un impuesto fijo sobre las grasas saturadas, pero lo eliminó un año después debido a una cobertura mediática negativa y dificultades para comunicar sus beneficios.
Hungría mantiene desde 2011 un cargo fijo de 250 forintos por kilogramo para productos que exceden ciertos límites de sal, azúcar o cafeína. Evaluaciones posteriores señalaron que hasta 73% de los consumidores reportó una reducción sostenida en su consumo de estos productos.
Chile no estableció un gravamen específico al sodio, pero su etiquetado frontal generó cambios en el mercado. Los productos identificados como “altos en sodio” pasaron de representar el 74% al 27% entre 2016 y 2023. La compra per cápita de esos alimentos cayó un 36.7% en el mismo periodo. Un panel de especialistas chilenos propuso en 2017 cobrar 23 pesos chilenos por cada gramo de sodio añadido, aunque esa iniciativa no se convirtió en ley.
Fuente: Infobae