El Gobierno de Estados Unidos ha decidido reasignar 52 millones de dólares del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) que estaban destinados a cuatro naciones de Europa y Medio Oriente, para transferirlos a un grupo de países latinoamericanos alineados con la administración estadounidense. La notificación formal al Congreso detalla que los recursos saldrán de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak y llegarán a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.
El FMF es un mecanismo mediante el cual Washington otorga fondos a gobiernos extranjeros para la compra de equipamiento militar de proveedores estadounidenses. La medida no implica un retiro total de la ayuda para los países originalmente beneficiados, según aclaró un portavoz del Departamento de Estado, aunque no se especificó qué montos conservarán después del ajuste.
El anuncio se produce días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizara una gira por Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, donde se reunió con los mandatarios de esos países para fortalecer la cooperación en seguridad. El objetivo fue consolidar un nuevo eje de colaboración militar en la región, con énfasis en el intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
El Departamento de Estado justificó la reprogramación argumentando que la distribución histórica del FMF ya no responde a las prioridades actuales de la Casa Blanca. Un representante de la cartera señaló que el 80% de estos fondos se concentró en la última década en Medio Oriente, mientras que el hemisferio occidental quedó rezagado en asistencia militar. Washington sostiene que los recursos se utilizarán para combatir lo que denomina «narcoterrorismo» y para reforzar la seguridad del Canal de Panamá, además de limitar la influencia de potencias como China en la región.
Los cuatro países receptores se han sumado en los últimos meses al Escudo de las Américas, una coalición liderada por Estados Unidos que busca ejecutar operaciones conjuntas contra organizaciones de narcotráfico. Colombia se integró bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el 7 de agosto tras vencer en segunda vuelta a Iván Cepeda del Pacto Histórico, poniendo fin a la administración de Gustavo Petro. Perú se unió a la iniciativa este mes, semanas después de que Keiko Fujimori jurara como presidenta el 28 de julio, luego de imponerse por un margen ajustado sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, ya mantenía desde antes la cooperación más avanzada de la región, con operativos conjuntos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico ecuatoriano.
Este giro en la política exterior coincide con una reducción sostenida del compromiso militar estadounidense hacia Europa. Tanto Eslovaquia como Macedonia del Norte son miembros de la OTAN, y el recorte se da en medio de las críticas del presidente Donald Trump hacia los socios de la alianza por no elevar suficientemente su gasto en defensa. Esta reprogramación es una más de una serie de medidas que han reducido fondos o desplegado menos tropas en territorio europeo desde el retorno de Trump al poder en 2025.
La magnitud de la amenaza que Washington invoca para justificar el cambio tiene respaldo en cifras recientes sobre Colombia. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz estimó que las estructuras armadas y criminales del país sumaban en julio unos 28.802 integrantes, un incremento cercano al 90% en comparación con 2022. Naciones Unidas, según la misma fuente, calcula en 261.000 las hectáreas de coca cultivadas en territorio colombiano, lo que mantiene al país como el mayor productor mundial de la hoja.
El propio Marco Rubio ha buscado matizar el alcance de la cooperación militar prometida. Durante su parada en Lima, el secretario de Estado admitió ante la prensa que Washington cuenta con la capacidad de actuar unilateralmente, aunque insistió en que prefiere condicionar cualquier despliegue a la solicitud expresa de cada Gobierno aliado.
Fuente: Infobae