La administración de las liquidaciones e intervenciones de empresas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros está bajo cuestionamiento. Una investigación realizada durante más de dos meses por Diario Expreso recoge testimonios y documentos que apuntan a una concentración de estos procesos en un grupo reducido de profesionales.
Los señalamientos se concentran en el período de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien asumió como superintendente de Compañías el 15 de octubre de 2024.
De acuerdo con la investigación, fuentes vinculadas a la institución sostienen que desde finales de 2024 e inicios de 2025 se habría producido un cambio en la forma de asignar intervenciones y liquidaciones, con una aparente concentración de casos en determinadas personas.
Un exliquidador que actualmente trabaja en la Superintendencia aseguró, bajo reserva de su identidad, que existe una nómina de profesionales previamente seleccionados que habría perdido relevancia.
Según su testimonio, actualmente tendrían mayor peso las personas cercanas a Cabezas-Klaere.
501 empresas en manos de 21 liquidadores
Uno de los principales hallazgos publicados por EXPRESO surge de una base de datos de la propia Superintendencia, con corte al 9 de junio de 2026.
Según el medio, en esos registros aparecen 501 empresas administradas por apenas 21 liquidadores. Algunos profesionales tenían bajo su responsabilidad 10, 23, 34, 40 e incluso más procesos.
Entre los casos identificados está el de Elizabeth Jiménez, señalada por el medio como una persona cercana al superintendente. Hasta junio constaba con 12 liquidaciones, pero para el cierre de la investigación la cifra había aumentado a 15 procesos, todos asignados durante la actual administración, entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
Otro de los nombres mencionados es Roberth Torres, quien llegó a acumular 41 liquidaciones, todas asignadas durante la administración de Cabezas-Klaere, según Expreso.
También consta Carlos Cadena, con 41 procesos hasta mediados de agosto, 14 de ellos otorgados durante los dos últimos años.
La cifra más alta mencionada en la investigación corresponde a Patricio Salazar, quien registraba 72 liquidaciones en la base revisada por el medio.
En total, hasta el 14 de agosto, 309 liquidaciones habían sido asignadas desde que Cabezas-Klaere asumió el cargo, de acuerdo con la información recopilada por Expreso.
Las aproximadamente 500 liquidaciones concentradas entre una veintena de profesionales equivaldrían a cerca del 30% de los más de 1.500 procesos registrados en la base analizada.
Interventores denuncian que perdieron sus encargos
La investigación también recoge testimonios de profesionales que aseguran haber sido desplazados de procesos que ya tenían asignados.
Uno de ellos relató que, tras el cambio de autoridades en la Superintendencia, a cinco interventores les habrían retirado diferentes casos. En su situación particular, asegura que perdió tres intervenciones.
Otro liquidador, con una década de experiencia, señaló que desde diciembre de 2024 no ha recibido nuevas intervenciones.
Los testimonios contrastan el mecanismo actual con el utilizado durante la gestión de Pablo Garcés, intendente regional de Compañías de Quito entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.
Garcés explicó a Expreso que durante su administración se utilizaban ternas y un programa informático para seleccionar a interventores y liquidadores, con el objetivo de reducir posibles favoritismos.
El exfuncionario también cuestionó la acumulación excesiva de procesos en una misma persona. A su criterio, entre tres y cinco compañías son suficientes para que un profesional pueda atenderlas adecuadamente.
Denuncias de presuntos “diezmos”
Pero los cuestionamientos recogidos por Expreso van más allá de la concentración de casos.
Varios interventores, liquidadores, funcionarios y exfuncionarios consultados por el medio hablaron de presuntos cobros para conseguir la asignación de empresas.
Los testimonios mencionan supuestos pagos cercanos a USD 1.000 por cada empresa asignada o porcentajes de los honorarios mensuales que reciben los profesionales.
Uno de los interventores aseguró que personas que decían mantener cercanía con altos funcionarios le ofrecieron recomendarlo para obtener encargos a cambio de dinero.
Los honorarios explican parte de la disputa alrededor de estos procesos. Según la investigación, un encargo puede representar ingresos de hasta USD 3.000 mensuales o por cada fase, dependiendo de la empresa administrada.
Extrabajadores esperan el pago de sus liquidaciones
La concentración de procesos también genera cuestionamientos por los tiempos que puede tomar administrar simultáneamente decenas de compañías.
Expreso recoge el caso de Tejidos Pintex, empresa quiteña en liquidación desde enero de 2025 y relacionada con la familia de la vicepresidenta María José Pinto.
La viuda de un extrabajador de la compañía denunció al medio que todavía espera el pago correspondiente a su esposo, quien trabajó durante 20 años en la empresa y falleció en 2023.
La liquidadora de Pintex es Elizabeth Jiménez. La mujer cuestionó la falta de atención y pidió a la Superintendencia revisar el proceso.
Otros profesionales entrevistados también advirtieron que manejar numerosas empresas simultáneamente puede retrasar las liquidaciones y prolongar la espera de trabajadores, acreedores y accionistas.
Superintendencia no respondió a pedidos de Expreso
La investigación señala además que la Superintendencia de Compañías no respondió a los pedidos de entrevista e información realizados por Expreso mediante correos institucionales y el Portal Nacional de Transparencia.
Según el medio, la institución tampoco entregó el listado solicitado de liquidadores y se limitó a remitir un reglamento.
Los profesionales mencionados en la investigación tampoco respondieron a la solicitud de información realizada por el Diario.
Radio Pichincha
LV