Este domingo, 13 de septiembre, a través de redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala resaltó la declaratoria de siete exfuncionarios ecuatorianos en la lista de “inelegibles” para ingresar al país norteamericano.
La oficina diplomática expuso el caso particular de la designación pública de los exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario ecuatorianos por supuestos actos de corrupción vinculados incluso a organizaciones terroristas extranjeras. En ese sentido, mencionó que Estados Unidos “no tolera la narcopolítica en el hemisferio y nadie está exento”.
“Estos exfuncionarios manipularon procesos judiciales y electorales para beneficiar a redes narcoterroristas que envenenan a nuestras comunidades. Como resultado, ellos y sus familiares directos ya no pueden ingresar a EE. UU.”, replicó la oficina diplomática en sus redes sociales.
Estados Unidos no tolera la narco-política en el hemisferio – y nadie está exento. El caso de Ecuador lo demuestra: el Departamento de Estado designó públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos – incluidos exjueces, un exlegislador y un exdirector penitenciario – por… pic.twitter.com/mp8zabZhxQ
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 13, 2026
A su vez, dicha oficina replicó la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de incluir a los funcionarios en su lista de “inelegibles” para ingresar al país.
En un comunicado, el pasado 9 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló públicamente a Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura (CNJ); y Ronald Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal, por su presunta participación en actos de corrupción vinculados a organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) designadas por la Administración de Donald Trump el año anterior.
Según el boletín del Gobierno norteamericano, ellos “habrían abusado de sus antiguos cargos al aceptar sobornos de bandas vinculadas a organizaciones narcoterroristas a cambio de interferir en procesos judiciales, electorales o públicos en favor del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Choneros y Los Lobos”.
Los tres constan entre los sentenciados en el caso Metástasis, en el que se investigó una estructura de corrupción judicial en beneficio del narcotraficante Leandro Norero.
El Departamento de Estado también incluyó a Pablo Muentes Alarcón, exasambleísta socialcristiano; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas; Johann Marfetán Medina, exjuez penal de la Corte Provincial del Guayas; y Mayra Salazar Merchán, exfuncionaria de relaciones públicas de la Corte Provincial del Guayas, por presuntamente “aceptar sobornos para interferir en procesos judiciales en beneficio de Los Choneros y el cartel de Sinaloa, así como de sus facilitadores criminales”.
Muentes, Gallardo y Marfetán ya fueron sentenciados en Ecuador en el caso Purga, que investigó una red de corrupción judicial en Guayas. En el caso de Salazar, fue sentenciada en el caso Metástasis, pero ya cumplió su condena y actualmente se encuentra en libertad.
Como conclusión, la delegación de la oficina diplomática de Guatemala apuntó que el mensaje es claro sin importar el cargo o el país: “Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a quienes faciliten el narcotráfico”.
El Departamento de Estado calificó las acciones de los siete exfuncionarios como “actos de corrupción significativa” que habrían tenido “graves efectos adversos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el narcotráfico y perjudicar a las comunidades estadounidenses”.
La cartera diplomática también aclaró que “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a (su) país y negar la entrada a narcoterroristas, a sus facilitadores corruptos y a sus familiares directos”. Y añadió: “A cualquier funcionario extranjero que abuse corruptamente de su cargo público para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos lo localizará y lo expondrá”.
Fuente; El Universo
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