Los recientes ataques con coches bomba ejecutados por grupos delictivos en México podrían ser considerados actos de terrorismo, según el investigador y experto en seguridad Víctor Sánchez. El especialista señaló que el propósito principal de esta modalidad no siempre es causar la mayor cantidad de muertes, sino generar miedo, exhibir capacidad operativa y provocar un impacto social y mediático de gran alcance.
En un análisis detallado, Sánchez examinó el resurgimiento de los coches bomba durante la tercera oleada de estos ataques en el país. Sostuvo que la detonación de vehículos cargados con explosivos reúne las características que llevan a los especialistas a calificar estas acciones como terrorismo.
“No se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático. Es por ello que mucha gente habla de que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”, afirmó.
Su análisis se basa en el ataque ocurrido el 30 de agosto en Ojocaliente, Zacatecas, donde un automóvil con aproximadamente 200 kilos de explosivos fue detonado frente a instalaciones policiales. La explosión dejó 11 personas heridas y causó daños en decenas de viviendas y vehículos.
El atentado se produjo en el contexto de la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción conocida como La Mayiza, que buscan ampliar su control en distintas zonas de Zacatecas, según el estudio publicado por Insight Crime.
Para Sánchez, este caso ejemplifica una de las principales características de esta estrategia: la capacidad de generar un efecto que va más allá del número de víctimas.
¿Qué cambiaría si se clasificara como terrorismo?
México ya tiene tipificado el delito de terrorismo en su legislación federal. El artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión para quien emplee explosivos u otros medios violentos para realizar actos contra bienes, servicios o personas que provoquen alarma, temor o terror entre la población, con el fin de atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o particular.
Con base en esa definición, Sánchez considera que los ataques con coches bomba de las organizaciones criminales cumplen con los elementos del tipo penal.
En su artículo “Las tres oleadas de coches bomba en México” —publicado el 7 de septiembre—, el especialista recordó que la mayoría de los atentados con esta modalidad en México no han tenido como principal resultado un alto número de muertes. De los 28 ataques con coches bomba identificados desde 1992, señaló, en 20 no hubo víctimas mortales, aunque sí heridos y daños materiales.
“Esto nos indica que estos actos son más simbólicos que enfocados en causar bajas, ya que lo que se busca es sembrar miedo entre la población, las autoridades y las organizaciones rivales”, escribió.
Sánchez subrayó que este elemento es clave para el debate sobre terrorismo: un ataque puede tener un impacto criminal y social incluso cuando no deja un elevado número de víctimas mortales.
Sin embargo, aclaró en la entrevista que investigar un ataque bajo la figura de terrorismo no resolvería automáticamente las dificultades para identificar y capturar a los responsables.
“El proceso no cambia el hecho de las investigaciones. Es igual de complicado a lo mejor dar con el paradero de alguien que perpetra actos terroristas que alguien que trasiega drogas o que tiene un enfrentamiento armado”, explicó.
Lo que sí podría cambiar, según su análisis, serían las consecuencias jurídicas de una eventual condena.
“Las penas agravadas por terrorismo pueden incrementarse de forma importante”, señaló.
El Código Penal Federal establece que la pena por terrorismo se aplica sin perjuicio de las sanciones por otros delitos derivados de los hechos, lo que permite perseguir de manera concurrente otras conductas relacionadas con un atentado. Además, la legislación mexicana contempla figuras específicas sobre el financiamiento de actividades terroristas.
Sánchez también señaló que una acusación de este tipo podría tener implicaciones adicionales en la cooperación con Estados Unidos, especialmente cuando los involucrados pertenezcan a organizaciones que Washington ya clasificó como terroristas.
Ocho cárteles mexicanos ya son considerados terroristas por EE.UU.
El debate en México ocurre mientras Estados Unidos ya ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras a ocho grupos criminales mexicanos. Las primeras seis fueron incluidas el 20 de febrero de 2025: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
A esa lista se sumaron el Cártel de Juárez y Los Viagras, designados el 16 de julio de 2026. Con ello, Washington elevó a ocho el número de grupos criminales mexicanos bajo esa categoría.
Para Sánchez, esta situación añade otra dimensión al análisis sobre los ataques con explosivos.
“Facilitaría la extradición a los Estados Unidos, precisamente porque ya se designó a ocho organizaciones como organizaciones terroristas”, dijo, en referencia al paquete de designaciones de Washington.
No obstante, la designación estadounidense de una organización como FTO y la eventual aplicación del delito de terrorismo en México son procesos jurídicos distintos y dependen de las legislaciones de cada país y de las circunstancias específicas de cada caso.
La tercera oleada de coches bomba y el riesgo de “contagio”
En su artículo, el especialista identificó tres oleadas de ataques con coches bomba en México: la primera entre 1992 y 1994, la segunda entre 2010 y 2012 y una tercera que empezó en 2024 y continúa activa.
La primera oleada se vinculó con la reconfiguración criminal tras la caída de los principales líderes del Cártel de Guadalajara y las disputas entre grupos que luego consolidaron estructuras en Tijuana, Sinaloa y otras regiones.
La segunda comenzó con ataques atribuidos a La Línea, vinculada al Cártel de Juárez, contra la entonces Policía Federal. Posteriormente, Los Zetas usaron esta modalidad en su confrontación con el Cártel del Golfo.
La actual oleada, explicó Sánchez, presenta características distintas porque el uso de coches bomba se ha concentrado principalmente en territorios disputados donde las organizaciones criminales buscan ampliar o defender su presencia. Guanajuato, Michoacán y Zacatecas son algunos de los principales escenarios.
“Lo que distingue a esta tercera ola es su uso, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó.
Los explosivos no están dirigidos únicamente contra organizaciones rivales. También pueden convertirse en una demostración de fuerza frente a las autoridades.
“Demostrar este músculo para amedrentar a las autoridades y evitar que autoridades tanto locales como estatales ayuden a sus rivales”, señaló Sánchez.
En el caso de Ojocaliente, la capacidad de conseguir alrededor de 200 kilos de explosivos, colocarlos dentro de un vehículo y activarlos a distancia representa, para el especialista, parte del mensaje que buscan transmitir este tipo de organizaciones.
La tercera oleada también coincide con la expansión de otras tácticas explosivas, como drones cargados con artefactos y minas terrestres improvisadas.
Por ello, Sánchez advirtió que el principal riesgo no solo es que aumenten los ataques con coches bomba, sino que otras organizaciones criminales adopten la misma estrategia.
“(El peligro es) que haya una especie de contagio, como pasó con el tema de los drones explosivos, como pasó con el tema de las minas terrestres antipersonales, que se den estos procesos de contagio y entonces que los imiten”, afirmó.
El especialista advirtió que todavía no es posible determinar si la actual oleada llegó a su fin o continuará durante el resto de 2026 y los próximos años.
“Ha habido importantes periodos sin ataques de coche bomba, pero no tenemos garantía de que vaya a haber otro periodo largo”, explicó.
Para Sánchez, el peligro es que esta modalidad deje de aparecer de manera esporádica y se convierta en una práctica continua dentro de las disputas criminales.
El caso de Zacatecas muestra el escenario en el que podría desarrollarse esa expansión. De acuerdo con Insight Crime, el aumento de la violencia en el estado coincide con la disputa entre el CJNG y La Mayiza y con una mayor utilización de coches bomba, drones explosivos y minas terrestres.
Así, mientras continúa el debate político y jurídico sobre si estos atentados deben ser reconocidos como terrorismo, Sánchez sostiene que el elemento central ya está presente: el uso de explosivos para generar miedo y demostrar capacidad frente a la población, las autoridades y los grupos rivales.
Fuente: Infobae