El presidente de la ONG Corporación ECOLEX, Danilo García, presentó ante la Comisión de Biodiversidad sus observaciones técnicas al Proyecto de Ley Orgánica de Fomento a la Bioeconomía y Biocomercio Productivo basado en Biodiversidad y Operativización del Acceso Regulado de los Recursos Genéticos e Innovación Controlada, que se encuentra en tratamiento para primer debate.
García señaló que Ecuador necesita un marco legal específico para aprovechar su biodiversidad y calificó la propuesta como “completa, pero perfectible”. Destacó que plantea pasar de una lógica restrictiva a una política que impulse la investigación, la innovación y el aprovechamiento sostenible.
Entre los principales aportes, propuso crear un Fondo Nacional de Bioeconomía para financiar investigación, producción, certificación, restauración y distribución de beneficios, además de establecer incentivos tributarios, financieros y de compras públicas. También planteó fortalecer la prevención de la biopiratería mediante sistemas de trazabilidad y exigir certificados de origen legal y de cumplimiento del Protocolo de Nagoya para la protección o patentabilidad de desarrollos relacionados con recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
Asimismo, sugirió garantizar la participación efectiva de pueblos, nacionalidades y comunidades, particularmente de quienes conservan conocimientos ancestrales y mantienen una relación directa con los recursos de la biodiversidad. Consideró evaluar la creación de un fondo nacional de beneficios compartidos que permita que parte de los beneficios económicos derivados de estos recursos llegue directamente a las comunidades.
En materia de gobernanza, consideró necesario ampliar la integración del Consejo Interinstitucional de Bioeconomía para incorporar, además de universidades y entidades del Gobierno, a representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, del sector productivo y de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente de la Amazonía y otros territorios con alta riqueza biocultural.
García también planteó fortalecer la transferencia tecnológica y la generación de capacidades en Ecuador, particularmente cuando intervengan universidades o centros de investigación extranjeros, de manera que los proyectos de cooperación contribuyan al desarrollo científico y tecnológico nacional.
Respecto de los entornos controlados para investigación e innovación, valoró la propuesta como innovadora, pero recomendó establecer procedimientos con plazos máximos definidos, tomando como referencia experiencias regionales, así como protocolos de bioseguridad y mecanismos claros de validación científica.
“La ley debe encontrar el equilibrio entre proteger nuestra biodiversidad y permitir su aprovechamiento responsable. Ecuador no puede limitarse a conservar sus recursos: debe investigarlos, generar valor, proteger su soberanía y asegurar que los beneficios lleguen también a quienes los han conservado durante generaciones”, sostuvo García.
RSA