En China, la tecnología ha dejado de ser un tema exclusivamente económico para convertirse en un asunto crítico de seguridad nacional, e incluso de represión. El régimen de Xi Jinping está avanzando hacia un modelo donde los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, las empresas tecnológicas, el conocimiento de los ingenieros y hasta la posibilidad de que una persona abandone el país quedan integrados bajo una misma lógica de control estatal. Este nuevo perímetro comienza en Internet, se extiende a las empresas y finalmente alcanza a las personas.
La vida cotidiana de cualquier ciudadano chino está cada vez más influenciada por decisiones que antes pertenecían a esferas separadas: qué información se puede difundir, qué datos pueden circular, qué tecnología puede exportarse, qué empresas deben colaborar con las autoridades y, potencialmente, quién puede salir del territorio chino.
Un ejemplo ilustrativo de la nueva estructura de sometimiento: imaginemos a un ingeniero chino especializado en semiconductores, inteligencia artificial u otra tecnología estratégica. Recibe una oferta laboral en el extranjero y decide aceptarla. Hasta hace poco, el problema para el Estado se limitaba al acceso a información clasificada o la comisión de un delito. Con las nuevas reglas que China está implementando, la cuestión cambia: si el omnipresente Estado considera que su salida podría poner en riesgo la seguridad industrial o tecnológica nacional, las autoridades pueden impedirle abandonar el país, incluso sin dar explicaciones. Simplemente: no. El régimen decide qué conocimientos, qué información y qué personas considera estratégicos.
Se trata de cuatro leyes que aún no están en vigor, pero que pronto se pondrán en marcha. El nuevo Reglamento del Consejo de Estado sobre Administración de Entrada y Salida fue aprobado y comenzará a regir el 15 de septiembre de 2026. La reforma de la Ley de Movilización de la Defensa Nacional fue aprobada el 28 de agosto y entrará en vigor el 1 de octubre. Las Medidas del Ministerio de Seguridad Pública para la Supervisión e Inspección de la Seguridad del Ciberespacio también entrarán en vigor el 1 de octubre. Por su parte, las nuevas Medidas para la Administración de los Servicios de Información de Internet, que incluyen disposiciones clave sobre IA y algoritmos, aún son un proyecto: la consulta pública concluyó el 2 de agosto y el texto definitivo no ha sido adoptado.
La primera normativa, el Reglamento sobre Entrada y Salida, es quizás la que mejor muestra cómo la seguridad tecnológica empieza a trasladarse desde las empresas hacia las personas. El texto establece criterios para impedir la salida de un ciudadano chino, entre ellos ciertos incumplimientos relacionados con el control de exportaciones o la importación y exportación de tecnología cuando puedan poner en peligro la seguridad industrial o tecnológica nacional.
El cambio conceptual es profundo. La seguridad nacional ya no se limita a cuestiones militares, espionaje o terrorismo. El conocimiento tecnológico puede convertirse en un activo de seguridad. Un ingeniero, un investigador o un ejecutivo con conocimientos considerados sensibles puede ser visto no solo como un trabajador, sino como parte de un recurso estratégico nacional. ¿El conocimiento individual le pertenece al Estado? Así parece en la China de Xi Jinping.
La consecuencia potencial va más allá de las prohibiciones concretas. Puede generar un efecto de autocontrol: un profesional que sabe que ciertas actividades pueden ocasionar problemas para viajar al extranjero lo pensará dos veces antes de cambiar de empresa, aceptar un empleo fuera de China o transferir conocimientos mediante trabajo remoto. El Estado no necesita impedir la salida de miles de personas para modificar su comportamiento: la posibilidad de hacerlo ya cambia los incentivos. Incluso, una vez en el extranjero, ese ciudadano chino podría ser extorsionado por las autoridades para que actúe como un “activo” de inteligencia y filtre información de la competencia.
El reglamento contempla mecanismos de notificación y recurso, lo que indica que no se trata de una facultad sin garantías. Sin embargo, existe una excepción significativa: en determinadas circunstancias relacionadas con la seguridad nacional o una investigación penal, las autoridades pueden no revelar toda la información al afectado. Es el limbo de Xi. Así aparece uno de los principales problemas de derechos: una persona puede disponer formalmente de una vía de recurso, pero la eficacia de ese derecho depende de conocer por qué se tomó la decisión y sobre qué elementos se fundamentó. Esa información podría quedar en secreto y el afectado no saber por qué no puede salir del país.
La segunda pieza de esta arquitectura se ubica en el ciberespacio. Las Medidas para la Supervisión e Inspección de la Seguridad del Ciberespacio, que comenzarán a regir el 1 de octubre, otorgan a los órganos de seguridad pública herramientas concretas para inspeccionar a operadores de redes, procesadores de datos, procesadores de información personal y otros actores de la infraestructura digital.
El punto central aquí es que los datos pasan a ser tratados cada vez más como un componente de seguridad nacional. Las autoridades pueden revisar sistemas, registros y medidas de protección, consultar información relevante y realizar pruebas técnicas, incluidas evaluaciones de vulnerabilidades. Las empresas deben estar preparadas para cooperar con las autoridades en cuestiones de seguridad del ciberespacio y determinadas investigaciones.
Esto transforma la relación entre el Estado y las compañías tecnológicas. Una empresa que opera en China no es solo una entidad comercial sujeta a reglas sobre impuestos, competencia o protección al consumidor. En ciertos ámbitos pasa a ser también un actor dentro de la infraestructura de seguridad nacional. Sus sistemas, datos y capacidades técnicas pueden adquirir importancia para el Estado.
La tercera pieza es aún más reveladora porque introduce directamente a la IA y a los algoritmos dentro de esta lógica. El proyecto de nuevas Medidas para la Administración de los Servicios de Información de Internet propone obligaciones específicas para los proveedores de IA, incluyendo aspectos relacionados con los datos utilizados para entrenar los modelos, sus mecanismos de funcionamiento, algoritmos y determinados servicios capaces de influir en la opinión pública o de movilizar socialmente a la población.
Aquí se produce una transformación especialmente importante. El algoritmo deja de ser considerado únicamente una herramienta comercial. Un sistema que determina qué noticias ve una persona, qué contenido se vuelve viral o qué información recibe una población puede ser considerado también una infraestructura de influencia social. ¿El régimen chino pretende controlar todos los algoritmos? Así parece: recuerdos de Aldous Huxley.
El proyecto contempla controles y evaluaciones de seguridad para determinados servicios de IA, además de obligaciones sobre algoritmos de recomendación. También incorpora el concepto de servicios con capacidad de opinión pública o movilización social. Es decir, el Estado no está mirando solamente la capacidad técnica de una inteligencia artificial. Está mirando su capacidad para influir sobre la sociedad. Beijing no permitirá que una empresa regule esa potencialidad. Esa herramienta debe quedar bajo su paraguas represivo.
La lógica es sencilla: información, influencia y movilización pueden convertirse en factores de seguridad nacional. Por eso la regulación de Internet, de los algoritmos y de la IA termina conectándose con la regulación del Estado y de la sociedad.
La cuarta pieza lleva esta lógica hasta su extremo: la nueva Ley de Movilización de la Defensa Nacional, que entrará en vigor el 1 de octubre. La norma establece mecanismos destinados a permitir una transición rápida entre las condiciones de paz y las de guerra y a transformar recursos económicos y sociales en capacidades de defensa.
Esto implica una concepción mucho más amplia de la movilización que la tradicional convocatoria de soldados. Determinadas empresas, infraestructuras y recursos civiles pueden adquirir funciones relacionadas con la defensa. Sectores vinculados con telecomunicaciones, ciberseguridad, transporte, energía, medicina, alimentos, medios de comunicación y tecnologías relacionadas con la defensa pueden quedar incluidos dentro de las responsabilidades de preparación y movilización.
El concepto central es la llamada integración entre las capacidades civiles y militares. En tiempos de paz, determinadas organizaciones deben prepararse para poder responder en un escenario de movilización. En otras palabras, el Estado no espera a que exista una guerra para comenzar a organizar la economía: construye durante la paz las herramientas necesarias para convertir parte de ella en capacidad de defensa si las circunstancias lo requieren.
La confluencia de las nuevas leyes
El régimen chino está concentrando cada vez más poder, y lo hace mediante leyes difusas pero amplias que le otorgan una gran discrecionalidad en su implementación. La regulación de entrada y salida permite proteger el capital humano y el conocimiento tecnológico considerados estratégicos. Las normas de ciberseguridad permiten controlar y supervisar la infraestructura digital y los datos. La regulación de Internet y de la IA —todavía en fase de proyecto— extiende la supervisión a la información, los algoritmos y la capacidad de influencia social. Y la ley de movilización crea mecanismos para convertir capacidades económicas y civiles en recursos de defensa.
El resultado es una arquitectura que puede representarse como una cadena: personas, conocimiento, datos, algoritmos, empresas, infraestructura y capacidad productiva. Todos esos elementos, que en una economía liberal-occidental suelen pertenecer a ámbitos relativamente separados, comienzan a estar unidos por una excusa cada vez más recurrente en el régimen: seguridad nacional.
La protección de infraestructura crítica, la prevención de ciberataques, la preparación para emergencias o la regulación de tecnologías sensibles son funciones que también existen en democracias occidentales. Pero con diferencias fundamentales. El elemento distintivo está en la amplitud del concepto y en la forma en que diferentes áreas comienzan a integrarse bajo una misma lógica estatal.
La cuestión de los derechos individuales es precisamente donde aparece la mayor tensión. La libertad de movimiento puede quedar limitada por consideraciones de seguridad tecnológica; la privacidad puede verse afectada por mayores capacidades de inspección; la libertad de expresión y de información puede quedar condicionada por la regulación de contenidos; y la autonomía de las empresas puede reducirse a medida que aumentan sus obligaciones frente al Estado en materia de seguridad y movilización.
El cambio más importante no es una nueva prohibición concreta al rosario restrictivo con el que vive la ciudadanía china. Sino que es la expansión del concepto mismo de seguridad.
Todo entra bajo ese paraguas. Un semiconductor puede ser seguridad nacional. Un centro de datos puede ser seguridad nacional. Un algoritmo puede ser seguridad nacional. Una base de datos puede ser seguridad nacional. El conocimiento de un ingeniero puede ser seguridad nacional. Y, en determinadas circunstancias, la decisión de ese ingeniero de aceptar un trabajo en el extranjero puede convertirse también en una cuestión de seguridad nacional. Aunque esa decisión no sea autónoma.
Beijing, bajo el mandato de Xi Jinping, está construyendo un sistema en el que la tecnología ya no ocupa un lugar periférico dentro de la política de seguridad, sino que ocupa un espacio central y estratégico. Y cuanto más estratégica se vuelve la tecnología, más amplio parece ser el perímetro de aquello que el Estado considera necesario controlar, supervisar o preservar. La frontera entre la vida privada y la seguridad nacional se vuelve progresivamente más estrecha.
Fuente: Infobae