La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) inició el concurso público CPC-CELECEP-2026-02264 para contratar la consultoría que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de la Central Termoeléctrica Esmeraldas III, donde se desarrolló a medias el proyecto de 91 megavatios con la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM).
A diferencia de los proyectos El Salitral y Quevedo con Progen, donde no se entregó ni un solo megavatio de los 150 planificados, en Esmeraldas III, Celec solo recibe 10 de los 91 megavatios planificados.
Este contrato para el estudio ambiental tiene un presupuesto referencial de USD 126.269 y un plazo de 210 días. Se busca, en definitiva, regularizar de forma ambiental un complejo eléctrico que opera al mínimo de su capacidad y que afronta investigaciones penales por presunto peculado.
La obligatoriedad del Estudio Ambiental
El informe de necesidad del 23 de junio de 2026 establece la urgencia legal de esta consultoría ambiental:
La especialista Narcisa Veliz Zambrano, funcionaria encargada y técnica requirente del proceso de contratación, advierte que, sin este estudio, “la institución no dispondría de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental Competente, lo que impediría la obtención de la Licencia Ambiental y, en consecuencia, imposibilitaría la operación de la central”.
Esto generaría riesgos como la “imposición de sanciones administrativas, multas e incluso la paralización de actividades”.
El artículo 180 del Código Orgánico del Ambiente obliga a que consultores externos acreditados realicen este análisis, impidiendo que el personal de Celec lo elabore directamente. Por ello, se emitió la certificación presupuestaria No. EGU-2026-000588-C para impulsar este proyecto.
Austral genera 10 MW frente a incompatibilidad técnica
Celec tramita la regularización de un proyecto que funciona de forma parcial.
El 9 de agosto de 2024, Celec firmó el contrato CELEC-EP-EGU-ESMERALDAS-002 con Austral (ATM) por USD 89,9 millones para instalar 91 megavatios. Aunque la central debía operar en enero de 2025, el Estado ya desembolsó USD 71,4 millones (el 80% del contrato) por “hitos administrativos” sin recibir generación efectiva.
De los 48 turbogeneradores importados por ATM, 30 están calibrados para funcionar a 50 hercios (Hz), mientras el sistema eléctrico nacional requiere 60 Hz. Por ello, Celec trabajó en parte de este problema y por ahora, los motores solo generan 10 megavatios.
Además, se constató que el generador GE-3-06 registra 14.093 horas de operación previa y fue fabricado entre 2016-2017, violando la obligación de proveer equipos nuevos, algo que se parece a lo ocurrido en los dos proyectos eléctricos con Progen.
La central carece también del sistema de “tanquería” o almacenamiento de combustible indispensable para una operación continua.
El rol de Luque y Manzano en la emergencia
Documentos oficiales registran la participación de autoridades en ese polémico contrato que solo genera 10 megavatios.
El entonces ministro de Energía (e), Roberto Luque, emitió la circular MEM-MEN-2024-0003-CIR el 23 de abril de 2024, disponiendo que su coordinador jurídico, José Manuel de Oliveira, aprobara todos los procesos de emergencia. Correos filtrados muestran que el dueño de ATM, Nicolás P., envió propuestas un día después y se reunió en el ministerio el 30 de abril.
Por su parte, la exministra Inés Manzano dio directrices el 9 de enero de 2026 para proveer combustible a Austral para realizar pruebas de 30 megavatios. Sin embargo, la mediación entre el Estado y la contratista fracasó en febrero de 2026 porque la empresa incumplió los plazos de encendido.
“Presentamos la diligencia de la imposibilidad de la mediación, porque ellos no cumplieron con su parte”, declaró Manzano en su momento.
Escudo de actas y vía libre para sanciones
El administrador del contrato de Celec con Austral, José María Estupiñán, suscribió en febrero de 2025 dos actas que declararon recibidos los equipos “a entera satisfacción”.
Este acto administrativo sirve de escudo legal para que Austral reclame el cobro del 20% restante.
No obstante, el 15 de julio de 2026, el tribunal archivó la demanda arbitral de la contratista.
Esta resolución dejó sin efecto las medidas cautelares, otorgando vía libre a la empresa pública para cobrar multas de USD 23 millones, ejecutar garantías de USD 4,4 millones y proceder con la terminación unilateral del contrato.
Hasta agosto de 2026, Celec no declaraba la terminación unilateral del contrato.
Un polígono unificado para Esmeraldas IV
El estudio incluirá también la implantación de una nueva planta de 150 megavatios en la misma zona.
Esta regularización integrada de Esmeraldas III y Esmeraldas IV responde a “criterios técnicos, ambientales y de eficiencia administrativa”, al compartir el mismo polígono geográfico.
Radio Pichincha
LV