Un incremento patrimonial sospechoso y un movimiento inusual de dineros en sus cuentas personales es lo que detectó la Fiscalía General en las finanzas de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Yúnez García, y que originaron la orden de prisión preventiva que dictó la jueza Mabel Tapia, de la Sala especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
La audiencia de formulación de cargos por la sospecha del delito de enriquecimiento ilícito en contra de la prefecta, que es afín al correísmo, se reinstaló este domingo, 6 de septiembre de 2026, de manera virtual.
La jueza dispuso, asimismo, que se oficie a la Policía Nacional y al Bloque de Búsqueda para su localización y asegurar su presencia en el proceso penal.
Como medida cautelar dictó la retención de valores sobre dos cuentas bancarias por un monto de $ 309.646.
Con base en los elementos presentados por la Fiscalía General, en la audiencia de formulación de cargos que comenzó el pasado 2 de septiembre, la juzgadora consideró que se materializó la infracción, esencialmente por lo que reflejaron las declaraciones juramentadas que Núñez presentó ante la Contraloría General del Estado.
Este 6 de septiembre de 2026, la jueza de la Sala Penal de Pichincha Mabel Tapia dictó prisión preventiva en contra de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johanna Núñez García, al ser sospechosa del delito de enriquecimiento ilícito. Foto: Captura de pantalla. Foto: Cortesia
Según esos informes, la prefecta asumió su primer periodo el 15 de mayo de 2019 y declaró un patrimonio por $ 1’302.150, y a junio de 2025 creció a $ 4’970.058. “Esto representa un incremento de $ 3’667.908”, detalló la jueza.
Agregó que esto implica un crecimiento de “21 veces el umbral de cuatrocientos salarios básicos que exige el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)” para determinar que se está incurriendo en la conducta descrita de enriquecimiento ilícito.
Detalló también que, con base en un reporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), los ingresos formales que reportó Núñez fueron de $ 423.256 de sus sueldos por el cargo en la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, al que se sumaron $ 2.000 de un depósito hecho por una compañía.
Adicionalmente, los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dieron cuenta de que, en dos cuentas bancarias, entre el 2018 y 2025, tuvo ingresos por $ 732.903; pago en tarjetas de crédito por $ 77.487; la compra de un vehículo de alta gama por $ 62.900 y operaciones en bienes inmuebles, como una hipoteca por $ 800.000.
En dos empresas que son parte de su patrimonio familiar con su esposo se registraron movimientos por $ 15’000.000 y $ 8’000.000 entre el 2018 y 2025 “que no guardan proporción con su actividad económica real”, ya que en una de ellas se detectaron diferencias no justificadas por $ 7’298.413 y de otra compañía por $ 1’216.079.
La investigación previa, a cargo del agente fiscal de esa provincia, Rolando Soliz, se inició por una denuncia anónima que llegó el 5 de junio de 2026, en la que se alertó de posibles irregularidades en la administración de la Prefectura para obtener recursos que se habrían estado “destinando a incrementar el patrimonio de personas del vínculo familiar, como son su cónyuge y sus hijos”.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Soliz explicó que la investigación se extendía también al esposo de Núñez, Wilmer Rivas, pero que estaría inscrito como candidato para las elecciones seccionales del 29 de noviembre próximo.
Rivas aparecería como propietario de una empresa denominada Wil&Fam S. A. y de Novunted S. A., esta última que reportó ingresos por $ 15’908.463, según los elementos recabados por Fiscalía.
Otro de los hechos que llamaron la atención del fiscal fueron los movimientos migratorios de Núñez, que entre el 2018 y 2025 registró 39 salidas y entradas a países como Estados Unidos, Perú, Venezuela, Turquía, República Dominicana, Panamá, México, Italia, España, Costa Rica, Colombia, China, Chile y Brasil.
La jueza no tomó medidas cautelares en contra de las empresas Novunted S. A. y Wil&Fam S. A. porque la única procesada es la prefecta Núñez. En tanto que sobre su esposo y otros familiares no se tomó ninguna medida porque tampoco están siendo procesados en esta investigación.
Luego de esta resolución se determinó la apertura de la instrucción fiscal por 90 días.
Fuente: El Universo
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