El martes por la noche, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aterrizó en Venezuela con el objetivo de concretar un acuerdo petrolero que otorga a Washington el control de aproximadamente una quinta parte de las reservas del país sudamericano. La operación fue previamente aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado el pacto la semana anterior, señalando que permitirá a EE.UU. obtener la mayoría accionaria sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.
A su llegada, Wright adelantó que este miércoles se darán a conocer “varios acuerdos” y aseguró que estas operaciones permitirán “más que duplicar la producción de petróleo de Venezuela en los próximos años”.
“Estos acuerdos de inversión en Venezuela buscan llevar paz, oportunidades y prosperidad al pueblo de Venezuela y al pueblo de Estados Unidos”, afirmó el secretario de Energía.
La petrolera estadounidense Chevron también tiene previsto anunciar este miércoles una significativa expansión de sus actividades en territorio venezolano.
Funcionarios de la Administración Trump han defendido el acuerdo argumentando que contribuirá a reducir los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses y a frenar la influencia de Rusia y China sobre Venezuela.
Cabe destacar que esta operación se produce en un contexto de fuerte control de Washington sobre el Gobierno de Caracas, luego de la salida del poder del presidente Nicolás Maduro en enero pasado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció detalles adicionales en una entrevista en español difundida el martes en YouTube por el periodista venezolano Sergio Novelli. Rubio indicó que una empresa privada está colaborando con Estados Unidos para “normalizar la economía venezolana”.
“Esencialmente, esto es ahora un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, específicamente con la participación del Departamento de Defensa, que tiene una cuenta especial que le permite tomar posesión de un determinado porcentaje de estos activos”, explicó Rubio.
El secretario de Estado añadió que este mecanismo permitirá incrementar la producción y atraer inversión privada para desarrollar la capacidad productiva de los campos.
“Ahora tenemos un sistema en el que esta empresa aumentará la producción. Con el apoyo de Estados Unidos, podrá atraer la inversión privada necesaria para desarrollar la capacidad productiva de estos campos”, afirmó.
Rubio sostuvo además que la “gran mayoría” de los 17 campos incluidos en el acuerdo estaban hasta ahora “en manos chinas y rusas”.
En Caracas, algunos legisladores de la oposición se abstuvieron en la votación a mano alzada que aprobó el acuerdo y exigieron conocer previamente los términos escritos de la operación. “Necesitamos y estamos obligados a conocer lo que está escrito en la letra pequeña”, manifestó el diputado opositor Luis Emilio Rondon.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió el pacto y sostuvo que los recursos obtenidos beneficiarán a los venezolanos. “¿Quién se beneficia de este petróleo si permanece bajo tierra?”, cuestionó Rodríguez.
El ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, también respaldó la operación y la calificó como un camino hacia la “prosperidad y el bienestar para el país”. “Convertir una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es simplemente una decisión de elegir la paz; no es subordinación”, afirmó.
Según los términos divulgados, el acuerdo otorga a Estados Unidos acceso preferencial a 17 campos petroleros y contempla la toma de control de instalaciones que anteriormente operaban compañías rusas y chinas.
Uno de los aspectos más polémicos es la participación del empresario venezolano Alejandro Betancourt, vinculado a operaciones cuestionadas durante el régimen del fallecido dictador Hugo Chávez.
Betancourt dirige North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda compañía petrolera privada más grande de Venezuela. Como parte del acuerdo, el Gobierno estadounidense adquirirá una participación del 35% en la empresa.
El empresario fue acusado de participar en un esquema de corrupción relacionado con la estatal PDVSA.
Un funcionario estadounidense, citado por AFP, defendió su inclusión en la operación y lo describió como un “operador probado”, aunque reconoció que la geopolítica puede exigir trabajar con personas “imperfectas”. “No estoy proponiendo a nadie para la santidad. Lo que digo es que esta es una persona que, en el pasado, fue útil para el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó el funcionario.
De acuerdo con la Casa Blanca, NABEP otorgará a Washington el derecho de comprar el 20% del petróleo producido por la compañía al costo de producción.
Además, los ciudadanos estadounidenses deberán constituir la mayoría de la junta directiva de la empresa, lo que otorga a Washington un control efectivo sobre su administración. El Gobierno estadounidense también tendrá poder de veto sobre los miembros del directorio.
El mismo funcionario sostuvo que el control estadounidense permitirá poner fin a la corrupción en la industria petrolera venezolana y evitar que Caracas entregue parte de su producción a su aliado Cuba. “Fue utilizada como una caja chica personal” por el régimen de Maduro, afirmó.
La reducción del precio del petróleo constituye una prioridad para la Administración Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano podría perder el control del Congreso.
Fuente: Infobae