La Fiscalía de Colombia ha solicitado formalmente la imputación de cargos contra Laura Sarabia, quien fuera jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, después de que el capitán Óscar Leandro Mojica, miembro de la Sijín, declarara que ella dio la instrucción directa de someter a una prueba de polígrafo a su exempleada Marelbys Meza.
Según informó el ente investigador, la solicitud de audiencia se radicó por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La diligencia judicial quedó programada para el próximo lunes 14 de septiembre.
Documentos judiciales citados en el expediente revelan que Sarabia se habría comunicado telefónicamente con un coronel de la Policía para ordenar, en primer lugar, el cambio de su esquema de seguridad y, posteriormente, la realización del polígrafo a su empleada doméstica.
“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio”, señala el texto judicial.
La declaración de Óscar Leandro Mojica fue incorporada al proceso mediante un principio de oportunidad aprobado por un juez, lo que lo habilitó como testigo. En ese entonces, el capitán se desempeñaba como jefe de Hurto a Residencias de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá, y acudió al apartamento de Sarabia el 29 de enero de 2023.
De acuerdo con la Fiscalía, el relato de Mojica resulta clave para sostener la hipótesis de que el polígrafo se ordenó para esclarecer el presunto hurto de pertenencias privadas, aunque utilizando recursos estatales destinados a fines distintos. El documento judicial enfatiza:
“El testimonio de Óscar Leandro Mojica permitirá dar cuenta de que fue la señora Laura Camila Sarabia quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza”.
Los hechos se originaron tras la desaparición de una suma de dinero en la vivienda de la entonces funcionaria. Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera y empleada del aseo de Sarabia, fue trasladada a dependencias oficiales y sometida al procedimiento, lo que generó un intenso escrutinio por el posible uso de integrantes y recursos de la seguridad presidencial para atender un asunto de carácter privado.
La investigación ha pasado por distintas dependencias de la Fiscalía, incluyendo la unidad anticorrupción y la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En la audiencia del 14 de septiembre, la Fiscalía expondrá ante un juez los elementos con los que busca vincular formalmente a Sarabia al proceso.
Condenas a cuatro policías marcan el expediente por interceptaciones e interrogatorios
La Fiscalía le imputará a Laura Sarabia los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, luego de que fracasara el intento de su defensa por cerrar el caso mediante justicia restaurativa y evitar que el expediente avanzara por la vía penal.
Los hechos se remontan a finales de enero de 2023, cuando Marelbys Meza habría sido obligada a someterse a la prueba del polígrafo tras la pérdida de una maleta que, según el ente acusador, contenía documentación y dinero. Por este episodio, ya hay cuatro policías condenados en primera instancia y otros continúan siendo procesados por su presunta participación en la interceptación del teléfono de Meza y en los interrogatorios posteriores.
Quien fuera jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y embajadora de Colombia en el Reino Unido durante el gobierno de Gustavo Petro, llegará a esa diligencia con una negociación agotada. Según sus abogados Mauricio Pava y Mario Iguarán, buscaron encauzar el caso desde la justicia penal hacia un esquema restaurativo que contemplaba una compensación económica para la víctima.
Sin embargo, ni Meza ni la Fiscalía aceptaron esa salida, pese a que la propuesta fue presentada en aproximadamente cinco oportunidades, según fuentes cercanas al caso. Para el ente acusador, las pruebas reunidas hasta ahora justifican que la exfuncionaria responda formalmente ante un juez.
La defensa buscó un acuerdo para evitar que el caso llegara a imputación
La justicia restaurativa que intentó invocar la defensa de Sarabia es, en términos generales, un mecanismo de mediación entre las partes para resolver las consecuencias del delito sin necesidad de llegar a juicio o sentencia. Su eje principal es un acuerdo orientado a la reparación del daño, siempre que exista voluntad tanto de la víctima como de la persona investigada.
Este modelo está contemplado en el Código de Procedimiento Penal colombiano. El artículo 518 establece:
“Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”.
La misma norma añade: “Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad”.
El abogado penalista Óscar Santamaría Puerta explicó que “la justicia restaurativa es una forma de no llevar un proceso penal al juicio, sino de darle una terminación por medio de mecanismos alternativos como la reparación, la indemnización o las excusas públicas, entre otros”. Sin embargo, advirtió que este camino no está abierto para todos los delitos: “No todos los delitos permiten aplicar la justicia restaurativa. Por ejemplo, se puede con el hurto simple, pero no con el hurto calificado y agravado; podría usarse con el homicidio culposo, pero no con el doloso. Aceptarlo es parte de la discrecionalidad del fiscal”.
Fuente: Infobae