La magistrada Leonie Brinkema determinó el miércoles que Google está obligada a ajustar ciertos aspectos de su negocio de publicidad en línea, aunque descartó la opción más drástica de forzar la venta de AdX. La resolución impone cambios en la conducta corporativa y, por ahora, evita una reorganización estructural de esa unidad de negocios.
La orden afecta directamente a las herramientas que los editores utilizan para gestionar anuncios y a la plataforma que conecta a quienes compran y venden espacios publicitarios en la web abierta. El tribunal ya había declarado a Google como monopolista ilegal en esos segmentos, pero no aceptó la principal exigencia del Departamento de Justicia.
De acuerdo con un análisis de Wedbush y documentos judiciales citados por Reuters, el peso de AdX dentro de la compañía es limitado. En 2020, Ad Manager representó el 4,1% de los ingresos totales de Google y apenas el 1,5% de sus ganancias operativas. Tras conocerse el fallo, las acciones de la empresa revirtieron pérdidas iniciales y cerraron con un incremento del 0,6%.
Las medidas que deberá adoptar Google
El The New York Times señaló que Brinkema adelantó su decisión mediante un documento breve y que la opinión completa aún no se ha difundido. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia aceptó, en términos generales, las medidas de conducta que se plantearon durante el proceso judicial.
Entre las disposiciones destacan: mayor entrega de información a los editores y la posibilidad de que estos accedan en tiempo real a ofertas de plataformas rivales. La magistrada publicará el texto detallado dentro de 14 días, una vez que las partes eliminen los datos confidenciales del expediente.
El tribunal indicó que concedió “la mayoría” de las modificaciones solicitadas sobre las prácticas comerciales de la compañía. El alcance final de esas obligaciones se conocerá con la resolución completa, que precisará la forma de aplicación de las nuevas reglas.
La decisión se deriva de la sentencia de abril de 2025, en la que Brinkema concluyó que Google mantenía monopolios ilegales en los servidores de anuncios para editores y en las plataformas de intercambio publicitario. También determinó que la empresa obligó ilegalmente a los editores a usar su servidor junto con AdX.
En esa resolución, la jueza sostuvo que la conducta anticompetitiva de Google “perjudicó sustancialmente a los clientes editores de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta”.
El pedido del gobierno para vender AdX
El Departamento de Justicia y una coalición de estados demandaron a Google en 2023 por su dominio sobre el sistema que vende publicidad en sitios de noticias, páginas de recetas y otras webs. La estructura cuestionada incluye Google Ad Manager, que ejecuta subastas cada vez que un usuario carga una página.
Durante el juicio sobre remedios, los abogados del gobierno argumentaron que una separación del negocio era la única vía para reparar las infracciones acreditadas. Solicitaron la venta de AdX, que facilita transacciones entre compradores y vendedores de anuncios, y también reclamaron la divulgación del código de las herramientas destinadas a los editores.
Google replicó que una venta obligatoria sería técnicamente compleja, demoraría su ejecución y afectaría a sus clientes, especialmente a los pequeños editores que dependen de la escala y los servicios de la compañía. La defensa invocó además dos precedentes de la Corte Suprema: uno de 2004, sobre los límites de la obligación de un monopolista de negociar con competidores, y otro de 2018, referido al análisis de mercados bilaterales en causas antimonopolio.
Brinkema aceptó que Google domina ilegalmente las herramientas utilizadas por los editores y la tecnología que las conecta con los anunciantes. Sin embargo, concluyó que el gobierno no probó una infracción en las herramientas empleadas por los anunciantes.
Lee-Anne Mulholland, ejecutiva de Google, celebró el resultado. Citada por Reuters, afirmó: “Estamos muy satisfechos de que el Tribunal haya rechazado la propuesta del Departamento de Justicia de desmantelar las herramientas que ayudan a las pequeñas empresas a llegar a nuevos clientes y crecer”.
El Departamento de Justicia, en cambio, expresó en una publicación en X que estaba “satisfecho de que el tribunal haya ordenado una reparación sustancial”. El organismo agregó: “Estamos un paso más cerca de restablecer la competencia y brindar alivio a los estadounidenses en los mercados de publicidad en línea. El Departamento está evaluando los pasos a seguir”.
Los límites de la ofensiva antimonopolio
El caso se suma a otros fallos recientes que restringieron los intentos de las autoridades estadounidenses por desmantelar grandes tecnológicas. Un juez de Washington, que había determinado que Google mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas en línea, rechazó obligarla a vender Chrome.
Ese magistrado consideró, entre otros factores, la competencia creciente de compañías de inteligencia artificial generativa como OpenAI. Google anunció que apelará la decisión relacionada con su negocio publicitario.
Además, un juez federal desestimó el año pasado el intento de la Comisión Federal de Comercio de demostrar que Meta Platforms sostenía un monopolio en las redes sociales personales a partir de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp. La agencia apeló ese fallo.
Sacha Haworth, directora ejecutiva de The Tech Oversight Project, cuestionó la secuencia de decisiones. Los fallos “demuestran que los tribunales por sí solos no nos salvarán de las grandes tecnológicas”, afirmó.
Según The New York Times, Google fue declarada monopolista en dos mercados relevantes, pero los tribunales no dispusieron cambios estructurales de peso sobre una compañía valorada en USD 4,1 billones.
Mientras tanto, la empresa incorporó herramientas de inteligencia artificial a productos como su buscador e invirtió miles de millones de dólares en centros de datos.
Fuente: Infobae