La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados iniciará este miércoles a las 16:00 horas el debate sobre una iniciativa de la oposición que pretende prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, aprobada el año anterior por el Congreso. Por primera vez, el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, estará presente para responder interrogantes. Lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
Antes de asumir como secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.
En julio de 2025, diversos bloques opositores lograron sancionar la ley 27.793, que declaraba la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por otro año. Posteriormente, el presidente Javier Milei vetó la norma argumentando que no era viable sin quebrantar el orden fiscal. Sin embargo, el Congreso reunió los dos tercios de los votos en ambas Cámaras para insistir con el proyecto.
El Gobierno perdió esa batalla política, pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. No obstante, la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal como había sido aprobada.
La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. Asimismo, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias, ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles estaban congelados.
Ahora, la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. La iniciativa cuenta con las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal). Busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.
En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa.
“La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”,
señalaron.
La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia, pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por lo que mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre, en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.
A diferencia de lo ocurrido en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto, por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.
Fuente: Infobae