La avenida Bolívar Madero Vargas, principal arteria de ingreso y salida de Puerto Bolívar, permanece bajo una estricta vigilancia militar. Más de 30 uniformados de la Armada del Ecuador se distribuyen en puntos de control, donde detienen vehículos, motocicletas y peatones, revisan documentos y realizan perfiles de quienes entran o abandonan esta parroquia de Machala.
La escena se repite durante el día y noche: conos sobre la calzada, militares armados y conductores obligados a disminuir la marcha antes de continuar hacia el centro porteño.
Los controles forman parte de una ofensiva que busca limitar la movilidad de personas vinculadas con actividades delictivas y recuperar sectores donde durante los últimos años se han registrado asesinatos, extorsiones, ataques con explosivos y hechos relacionados con estructuras criminales.
Fuentes vinculadas a las operaciones indican que la intención es evitar que los controles sean esporádicos y convertirlos en una presión permanente sobre los corredores de entrada y salida.
“Lo que hacemos es verificar que las personas que pasen por aquí no porten armas, municiones o explosivos, a fin de prevenir hechos violentos”, dijo uno de los uniformados.
El despliegue actual es la continuación de una intervención mucho mayor iniciada el 14 de mayo, cuando el Gobierno puso en marcha la operación denominada Limpieza Total.
Cerca de 1.000 integrantes del Bloque de Seguridad ingresaron entonces a Puerto Bolívar para intervenir 85 manzanas y 1.642 viviendas mediante operaciones terrestres y marítimas, según información oficial de la Gobernación de El Oro.
La operación incluyó registros, controles, incursiones en sectores considerados críticos y el reforzamiento de la presencia militar y policial. El discurso gubernamental apuntaba a una recuperación territorial de una parroquia golpeada por una escalada de violencia que también provocó el desplazamiento de familias.
Pero la estrategia dejó de limitarse a incursiones masivas de pocos días. Tres meses después, la presencia de Fuerzas Armadas continúa y se ha desplazado hacia puntos considerados estratégicos: las entradas terrestres, los muelles, el estero Huaylá y las rutas marítimas.
A inicios de agosto, el comandante general de la Armada, almirante Pablo Pazmiño Manrique, recorrió Puerto Bolívar y supervisó personalmente las operaciones ejecutadas por la Capitanía de Puerto, Guardacostas y el Batallón de Infantería de Marina n.º 22 Jambelí.
Las cifras muestran la intensidad del componente marítimo de la ofensiva. Entre enero y julio de 2026, la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar realizó 1.209 inspecciones a embarcaciones y 626 operaciones de Policía Marítima. Estas acciones dejaron 23 embarcaciones retenidas o aprehendidas, además del decomiso de siete armas y 333 municiones, según el balance presentado por las autoridades el 15 de agosto.
El estero Huaylá es una pieza clave dentro de este esquema. Las autoridades mantienen operaciones coordinadas con el Batallón de Infantería de Marina, el Subcomando de Guardacostas Sur y unidades móviles, mientras el buque Calicuchima funciona como unidad nodriza para reforzar la vigilancia. También permanecen operativos retenes navales en Bajo Alto, Jambelí, Huaquillas y Pitahaya.
Controlar el agua es tan importante como controlar las calles. Puerto Bolívar combina barrios densamente poblados, muelles artesanales, actividad pesquera, esteros y una terminal portuaria internacional. En mayo, el Gobierno anunció incluso una nueva fase destinada a recuperar espacios costeros y ordenar las actividades alrededor del estero Huaylá, después de inspecciones realizadas por los ministros de Infraestructura y Defensa y autoridades portuarias.
La presión militar, sin embargo, convive con una criminalidad que todavía conserva capacidad para ejecutar ataques de alto impacto. El 25 de agosto, dos adolescentes de 17 años fueron asesinados y una tercera persona resultó herida después de que, según la Policía, ocho hombres vestidos como militares irrumpieran en una vivienda de Puerto Bolívar utilizando fusiles. El hecho ocurrió más de tres meses después del inicio de Limpieza Total.
El uso de prendas similares a las de Fuerzas Armadas y Policía se ha convertido, además, en un elemento especialmente sensible para los investigadores, pues los falsos operativos permiten a los atacantes acercarse a sus objetivos sin despertar inmediatamente sospechas.
Para los habitantes también se instala una dificultad adicional: distinguir, especialmente durante la noche o dentro de sectores conflictivos, cuándo se encuentran frente a una intervención verdadera y cuándo se trata de delincuentes utilizando la apariencia del Estado.
Por eso, fuentes relacionadas con las labores de seguridad sostienen que el desafío no consiste únicamente en colocar uniformados sobre las avenidas, sino en impedir que las estructuras recuperen movilidad cuando los contingentes se retiran.
La vigilancia de personas, motocicletas, automotores y embarcaciones busca justamente identificar patrones de desplazamiento y cerrar corredores utilizados para cometer delitos o escapar después de ellos.
Para los habitantes, la militarización tiene otra lectura: recuperar actividades que durante los momentos más críticos fueron desapareciendo de determinadas calles. Ya durante la gran intervención de mayo algunos moradores respaldaban los controles y esperaban que fueran sostenidos. “Está bien que se haga así”, dijo entonces uno de los ciudadanos consultados mientras militares y policías recorrían la parroquia.
La Armada sostiene que esa recuperación empieza a observarse paulatinamente. Durante la supervisión realizada el 1 de agosto, la institución señaló que actividades comerciales y comunitarias en horario nocturno comenzaban a retomarse progresivamente. Sin embargo, la continuidad de asesinatos y operativos demuestra que la disputa por el territorio no está cerrada y que medir el éxito únicamente por la cantidad de uniformados desplegados sería insuficiente.
La ofensiva estatal enfrenta, además, una dificultad estructural: Puerto Bolívar no puede ser controlado solamente desde una carretera. Una persona puede movilizarse por sus barrios, pero también por muelles y esteros; una embarcación puede salir hacia zonas insulares o conectarse con otros puntos del perfil costero.
Ese escenario explica por qué el Gobierno ha combinado retenes en tierra con patrullajes, inspecciones a embarcaciones y una presencia naval que las autoridades aseguran será permanente.
En Puerto Bolívar, por ahora, la imagen más visible de esa estrategia está sobre la avenida Bolívar Madero Vargas. Quien entra o sale se encuentra con militares, controles y revisiones que forman parte de una ofensiva más amplia por recuperar un territorio donde durante años la violencia ganó espacio.
Fuente: El Universo