La Asamblea Nacional tramitará este jueves 3 de septiembre, en segundo debate, el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, una iniciativa que plantea una reorganización del sistema de tránsito en el país.
Entre las principales disposiciones consta la posibilidad de suspender las competencias de tránsito y transporte a los municipios que no aprueben las evaluaciones periódicas que realizará la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Otros puntos en la reforma son:
- Reformas a la matriculación vehicular.
- Nuevas reglas para radares y controles electrónicos.
- Registro nacional para repartidores y vehículos de delivery.
- Venta obligatoria de motocicletas con casco homologado.
- Sistema electrónico para identificar vehículos.
La propuesta fue impulsada desde la Comisión de Desarrollo Económico, cuyo informe recibió ocho votos favorables y dos abstenciones de legisladores de la bancada Revolución Ciudadana.
ANT evaluará a los municipios
La propuesta contempla la creación de mecanismos de supervisión sobre los GAD que ejercen competencias de tránsito. De acuerdo con la norma, la ANT asumirá la responsabilidad de evaluar el desempeño de los municipios.
Según la Disposición General Tercera del proyecto de ley, la ANT -en conjunto con los ministerios rectores de seguridad, infraestructura y transporte- dispondrá de un término máximo de 180 días a partir de la vigencia de la ley para elaborar un informe técnico integral sobre el ejercicio de las competencias locales.
Este informe evaluará el cumplimiento de los siguientes parámetros:
- Estándares nacionales de regulación y control: armonización de las ordenanzas locales con las directrices obligatorias emitidas por la ANT.
- Seguridad vial: implementación de planes estratégicos de seguridad vial y zonas pacificadas para reducir la siniestralidad local.
- Calidad del servicio: operación técnica y sostenible de los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV), terminales terrestres y procesos registrales.
Adicionalmente, las mesas técnicas del proyecto legislativo sugieren establecer un sistema de evaluación anual de desempeño para garantizar que los estándares de control no decaigan con el tiempo.
Si una administración local no cumple con los estándares técnicos y operativos establecidos, el organismo podrá recomendar la suspensión de sus atribuciones en materia de tránsito y transporte.
Irregularidades en la matriculación vehicular
En esa línea, el proyecto pone atención en los sistemas de matriculación. Durante la presentación del informe, Centeno señaló que existen diferencias significativas entre el tamaño real del parque automotor de ciertos cantones y la cantidad de matrículas emitidas por sus entidades de tránsito.
Según expuso, se identificaron municipios con entre 8.000 y 10.000 vehículos registrados, pero que reportan más de 40.000 matriculaciones.
A esta inconsistencia matemática se suma la alteración de las capacidades operativas físicas. Centeno denunció que agencias municipales de tránsito con la infraestructura técnica adecuada para emitir un máximo de 100 matrículas diarias terminan procesando y despachando entre 250 y 300 documentos al día.
Para los promotores de la reforma, estas inconsistencias justifican la implementación de controles adicionales destinados a prevenir irregularidades administrativas y posibles actividades ilícitas.
Por ello, frente a este escenario, el proyecto de ley introduce las siguientes reformas
- Retiro de competencias a los GAD Tipo “C”: aquellos municipios clasificados en la categoría de gestión Tipo “C” (los cantones más pequeños y con menor capacidad técnica) perderán definitivamente la competencia de matriculación y entrega de placas, funciones que serán reasumidas de inmediato por la ANT.
- Creación del Registro Vehicular Único (RVU): se propone centralizar e interoperar la base de datos de los municipios directamente con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Policía Nacional para verificar en tiempo real si un auto ha sido clonado o robado antes de emitir la matrícula.
- Investigación de personal municipal por la Policía: la reforma plantea la obligación de que los GAD reporten la nómina de todo el personal que trabaja en sus procesos de matriculación a la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional. Esta entidad judicial e investigativa tendrá la facultad de indagar los antecedentes de los funcionarios para detectar y denunciar complicidades con el crimen organizado.
Nuevas reglas para radares y controles electrónicos
La normativa también introduce modificaciones a la contratación de sistemas tecnológicos destinados al control de velocidad y otras infracciones de tránsito.
Entre las restricciones planteadas consta la prohibición de que empresas privadas encargadas de operar radares reciban porcentajes, incentivos económicos o cualquier tipo de beneficio vinculado al monto de las multas recaudadas.
Bajo la nueva ley, el contratista privado cobrará un monto fijo previamente acordado por el servicio prestado (instalación o soporte técnico), pero no tendrá participación alguna en los ingresos derivados de las sanciones aplicadas. La intención es eliminar incentivos económicos que puedan fomentar un incremento artificial de sanciones a los conductores.
De hecho, la Disposición General Sexagésima Octava establece que el 100% de los valores recaudados por multas electrónicas constituirá ingreso propio del GAD correspondiente, pero deberá destinarse obligatoriamente a:
- Inversión en infraestructura vial
- Señalización
- Medidas de pacificación de zonas críticas
- Programas de educación vial.
La ley prohíbe de forma destinar estos recursos a gasto corriente municipal. Adicionalmente, los municipios que ejerzan competencias operativas deberán destinar al menos el 50% de lo recaudado específicamente por exceso de velocidad a obras físicas de pacificación de tráfico en aquellos puntos críticos donde previamente se hayan registrado siniestros de tránsito graves o víctimas fatales.
Finalmente, todos los puntos de control deberán contar con señalización visible vertical y horizontal en el punto exacto de captación y con una advertencia previa de mínimo 500 metros de distancia.
Registro nacional para repartidores y vehículos de delivery
El proyecto incorpora por primera vez una regulación específica para las actividades de entrega a domicilio. La propuesta plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores y Vehículos de Delivery, que permitirá identificar y georreferenciar a quienes prestan este servicio en el territorio nacional.
La iniciativa responde a preocupaciones sobre el uso indebido de motocicletas y uniformes de reparto por parte de personas involucradas en delitos como microtráfico, tráfico de drogas, robos, extorsiones, amenazas e incluso asesinatos.
Los conductores registrados deberán cumplir varias condiciones:
- Poseer la licencia correspondiente.
- Utilizar casco homologado.
- Portar chaleco reflectivo.
- Mantener visible la placa de identificación.
- No transportar pasajeros durante la prestación del servicio.
La administración del sistema estará a cargo del Ministerio de Transporte, en coordinación con la ANT y los municipios que actualmente mantienen regulaciones sobre esta actividad.
La ley también establecerá plazos específicos para implementar el registro y para realizar las evaluaciones a los gobiernos locales.
Venta obligatoria de motocicletas con casco homologado
Dentro de las medidas de prevención, el proyecto obliga a las empresas comercializadoras de motocicletas a entregar un casco homologado junto con cada unidad vendida.
De aprobarse la reforma en el Pleno, la obligación de entregar el implemento de seguridad recaerá directamente sobre la cadena de distribución:
- Cobertura total del parque automotor: las concesionarias y distribuidoras deberán incluir el casco con la entrega de cada motocicleta nueva, norma aplicable tanto para vehículos de combustión interna como eléctricos.
- Mercado de segunda mano regulado: la regla no se limitará a vehículos de fábrica; las casas comerciales que operen como revendedoras de motocicletas usadas también estarán obligadas a entregar el casco homologado.
- Excepción para compradores equipados: para evitar duplicidades y cargas innecesarias, los compradores que ya dispongan de un casco homologado y certificado no estarán obligados a recibir o pagar por uno nuevo, debiendo constar este particular en los registros correspondientes.
Los establecimientos comerciales no solo deberán entregar los cascos, sino que estarán obligados a llevar un registro verificable con datos como la marca, modelo, lote, talla y tiempo de vigencia de cada implemento entregado. Esta información tendrá que reportarse mensualmente a la autoridad de tránsito a través de un sistema de registro digital para su fiscalización.
Sistema electrónico para identificar vehículos
La propuesta incorpora además la creación de un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular. Esta herramienta permitirá almacenar y gestionar información digital de los automotores, facilitando su rastreo e identificación en tiempo real.
El sistema estará conectado con plataformas estatales de seguridad, incluidas las bases de datos de la Policía Nacional y del ECU 911. Asimismo, se plantea que las unidades de transporte público incorporen cámaras de videovigilancia conectadas al ECU 911 para fortalecer la seguridad de usuarios y conductores.
Durante el tratamiento del informe de segundo debate, las mesas técnicas parlamentarias señalaron que conocer con precisión qué vehículo circuló, por dónde transitó, cuántas veces pasó por un corredor determinado o si cruzó zonas estratégicas de frontera constituye información altamente sensible útil para la inteligencia de movilidad.
Por esta razón, se prohíbe que actores privados o entidades no autorizadas administren estos registros, declarándose nula cualquier delegación de esta competencia fuera del control público.
La presidenta de la mesa, Valentina Centeno (ADN), defendió el contenido del proyecto el 31 de agosto de 2026 y sostuvo que la reforma busca reforzar los controles viales, prevenir hechos de corrupción y cerrar espacios utilizados por estructuras vinculadas al crimen organizado.