El jueves 27 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó un operativo militar que calificó como un «golpe contundente» contra las facciones de alias Calarcá, comandante principal del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.
La operación, denominada Amón, se desarrolló en El Retorno, Guaviare, y dejó un saldo de diez personas fallecidas. Según Medicina Legal, entre las víctimas se encuentran tres menores de edad, identificados tras el análisis de nueve cuerpos.
«Nueve (9) de los diez (10) cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve (9) cuerpos identificados 4 son femeninos; 5 masculinos y 3 son menores de edad», indicó la entidad forense.
El Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, se pronunció tras confirmarse la muerte de los tres menores. Señaló que el reclutamiento y la utilización de menores por parte de grupos armados constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y son considerados crímenes de guerra.
«Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Defensa y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan», afirmó la cartera.
La cartera de Defensa aseguró que el operativo militar cumplió con todos los estándares legales para realizar bombardeos. Asimismo, indicó que los cuerpos fueron entregados de manera inmediata a Medicina Legal.
«La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación», indicó el Ministerio de Defensa.
Y agregó: «De acuerdo con lo que reporta el día de hoy el Instituto Nacional de Medicina legal se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)».
Por este motivo, el Ministerio de Defensa insistió en que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y una violación al DIH.
«El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito», afirmó la cartera.
El Ministerio de Defensa detalló que está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Justicia para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento de menores.
«Serán convocadas la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes, con el fin de definir una ruta integral que fortalezca la protección de los menores y la sanción de quienes los reclutan, utilizan o instrumentalizan para cometer delitos, incluyendo posibles ajustes penales, agravación de sanciones y el fortalecimiento de la persecución de las cadenas de mando y las redes de captación», indicó la cartera.
Así las cosas, el Ministerio de Defensa lamentó que los menores en Colombia «sigan siendo reclutados e instrumentalizados por grupos terroristas y bandas criminales», y rechazó de manera categórica esta «aberrante práctica».
Críticas al operativo
El hecho generó fuertes críticas contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Las representantes María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Cathy Juvinao (Alianza Verde) expresaron su rechazo al operativo militar.
«¿Van bombardeando por todos lados a ver si cae alguno que logre desviar la atención de todas las barbaridades que están haciendo, Abelardo de la Espriella? ¿Con los niños y niñas el Estado sí puede meterse si de bombardeos se trata? (sic)», indicó Carrascal.
La representante Cathy Juvinao señaló que la muerte de menores de edad puede ser considerada una violación al DIH.
«Vuelve y juega y lo acabamos de advertir esta semana: veremos si la ideología de género no es más que el embeleco para hacer creer que ‘cuidan a nuestros niños’ mientras por otro lado los bombardean violando el DIH, presidente Abelardo de la Espriella. ¡TERRIBLE! (sic)», indicó Juvinao.
Fuente: Infobae