Regreso a clases Sierra-Amazonía: más de 1,7 millones de estudiantes vuelven a las aulas con retos en seguridad e infraestructura

Más de 1,7 millones de estudiantes y cerca de 100.000 docentes regresarán progresivamente a las aulas desde este 1 de septiembre, con el inicio del año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía.

Durante una rueda de prensa, el Ministerio de Educación presentó las principales acciones previstas para este retorno, con énfasis en recursos educativos, infraestructura, seguridad, prevención ante el fenómeno de El Niño y acompañamiento socioemocional.

El Gobierno anunció una inversión de USD 136 millones en recursos educativos gratuitos para estudiantes de Sierra y Amazonía.

La distribución presentada por la ministra de Educación contempla:

  • Textos escolares: 1,21 millones de estudiantes beneficiarios, con una inversión de USD 14,2 millones.
  • Uniformes: 613.000 niños beneficiarios, con USD 21 millones.
  • Colación escolar: 1 millón de estudiantes durante los 200 días de clases, con una inversión de USD 80 millones.
  • Almuerzos escolares: 43.000 estudiantes beneficiarios, con USD 5,8 millones.
  • Transporte escolar: 13.500 estudiantes beneficiarios, con USD 12 millones.
  • Mobiliario: 507 instituciones educativas, con USD 2,1 millones.

En el caso de los almuerzos escolares, el Ministerio explicó que serán preparados diariamente por madres voluntarias de las comunidades educativas, con productos adquiridos a agricultores y productores locales y menús adaptados a las necesidades nutricionales de los estudiantes.

La Ministra de Educación, Gilda Alcívar,  informó que 705 instituciones educativas fueron intervenidas mediante obras mayores, mantenimientos integrales y repotenciaciones, con una inversión de USD 52,1 millones y un beneficio para 412.000 estudiantes.

Sin embargo, el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, mostró documentos sobre la ejecución presupuestaria que, según afirmó, demostrarían que hasta marzo de 2026 apenas se habían destinado USD 3 millones de los USD 53 millones previstos para infraestructura educativa.

Dora Morocho, presidenta de la UNE-Pichincha, sostuvo que el sistema educativo público está recayendo sobre los hombros de los padres de familia, quienes ahora deben asumir gastos como el pago de conserjes y cuotas para reparar aulas y pupitres.

Según la información proporcionada, alrededor del 2% de las unidades educativas, aproximadamente 112 instituciones, todavía necesitan repotenciación para poder retomar sus clases presenciales.

Para problemas de menor cuantía —como baños, techos, muros o accesos— el Ministerio señaló que las coordinaciones zonales y distritos disponen de recursos de hasta USD 10.000 para ejecutar reparaciones.

La cartera de Estado aseguró que estos trabajos continuarán durante los próximos dos meses.

El viceministro de Gestión Educativa, Juan Carlos Rodríguez, también informó sobre situaciones específicas.

En Nuevo Rocafuerte, los estudiantes permanecerán una semana más en modalidad no presencial mientras concluye la intervención de infraestructura del plantel.

En Nayón, una institución educativa tiene dificultades de acceso debido a trabajos relacionados con el sistema de agua potable. El Ministerio aseguró que coordina con la empresa municipal correspondiente para resolver el inconveniente.

¿Qué pasa con la falta de docentes?

Si bien cerca de 100.000 docentes estarán a cargo de la educación de los estudiantes de Sierra y Amazonía, la dirigente de la UNEDora Morocho, advirtió que en algunas unidades educativas ya no hay docentes de Educación Física ni de Computación.

También cuestionó el financiamiento de las actividades extracurriculares, que, según señaló, estaría recayendo en las familias y podría representar un gasto de entre USD 15 y USD 20.

Policía podrá ingresar a las unidades educativas

La ministra de Educación aseguró que el crimen organizado no ha penetrado de manera generalizada en las unidades educativas y sostuvo que los principales problemas se han presentado en las zonas cercanas a los planteles.

Como parte de la segunda fase de Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, el Gobierno priorizó 450 instituciones educativas en ocho provincias y 33 cantones.

La primera fase, según la ministra, alcanzó a más de 300 instituciones educativas y cerró con una reducción del 50% de los incidentes de seguridad reportados, así como una disminución del 50% de los incidentes de riesgo socioemocional derivados de situaciones externas de seguridad.

Ahora se incorpora el Plan Escudo, que comenzará a activarse desde el 1 de septiembre en la Sierra y Amazonía.

El mecanismo permitirá que la Policía ingrese a una unidad educativa para realizar acciones preventivas o de identificación y, en determinados casos, requisas, cuando la autoridad del plantel solicite la intervención y bajo protocolos establecidos.

La Policía aclaró que no se trata de controles generales.

Por ejemplo, si un rector tiene información o sospecha sobre la presencia de armas blancas, sustancias u otros elementos, podrá solicitar la intervención de la unidad especializada correspondiente.

La UNE pidió declarar en emergencia al sistema educativo y alertó sobre 7.139 instituciones ubicadas en zonas vulnerables, que concentran alrededor de 1,25 millones de estudiantes y 63.767 docentes. El gremio también reclama un plan nacional de prevención y continuidad educativa y propone destinar USD 3.000 millones de las reservas internacionales a acciones de mitigación.

Gobierno asegura que ya tiene un plan preventivo

Frente a esta alerta, el Gobierno sostiene que sí existe un plan de prevención. El Ministerio de Educación asegura haber identificado los planteles según su nivel de riesgo: inundaciones y desbordamientos de ríos en la Costa, y deslizamientos y movimientos de masa en la Sierra.

Para 264 instituciones consideradas de muy alto riesgo, se destinó más de USD 1 millón. Además, 910 planteles fueron identificados como posibles requerimientos de atención y recibirán más de USD 1,5 millones para respuestas rápidas.

El Ministerio también informó una inversión de más de USD 300.000 en kits de emergencia, que incluyen bombas succionadoras de agua, generadores eléctricos y mangueras.

El Gobierno descarta una suspensión general de clases ante una emergencia. La decisión será tomada de acuerdo con la situación de cada institución o zona.

Si no es posible mantener la presencialidad, se activará la educación virtual. Cuando tampoco exista conectividad, se utilizarán fichas y guías de trabajo en puntos de concentración o albergues temporales.

Además, el Ministerio señala que las instituciones realizan simulacros mensuales según los riesgos identificados en cada comunidad educativa.

1.465 nuevos psicólogos

En materia de acompañamiento socioemocional, el Ministerio anunció la incorporación de 1.465 nuevos psicólogos para Sierra y Amazonía.

La inversión será de USD 6,9 millones y, según la ministra, permitirá aumentar la cobertura de profesionales de los departamentos de consejería estudiantil del 70% al 84%, beneficiando a aproximadamente 659.000 estudiantes.

La ministra también aclaró que no existe una disposición para impedir el ingreso de madres, padres o cuidadores que acompañan a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Además, anunció capacitaciones mediante un convenio con SECAP para fortalecer las competencias de quienes cumplen esta función.

El año lectivo comienza con una serie de medidas anunciadas por el Gobierno, pero también con temas que deberán comprobarse en territorio.

Desde la UNE también se alertó que los textos escolares apenas se entregarán en enero de 2027. Sobre los uniformes, detalló que estos llegan únicamente a estudiantes de educación inicial y a un grupo reducido de preparatoria, mientras que el resto de alumnos no recibe este beneficio.

Morocho indicó que, en esos casos, los padres de familia podrían gastar más de USD 100 en uniformes.

Radio Pichincha

LV

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