La controversia en torno al posible traslado del expediente judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez —investigado por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida a raíz de las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), así como por su presunto vínculo con grupos paramilitares— continúa encendiendo el debate en redes sociales y en la escena política colombiana.
El expresidente Gustavo Petro señaló que algunos congresistas del Pacto Histórico se habían “dormido” en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, permitiendo que se aprobara una proposición que, según su visión, fomentaría la impunidad en el caso Uribe. Frente a estas declaraciones, el expresidente del Congreso Ernesto Macías reaccionó con un comentario cargado de ironía.
“Cuando Gustavo Petro fue congresista (2018-2022) no se quedaba dormido en las sesiones, porque asistía muy poco. Se quedaba durmiendo en la casa”, afirmó Macías a través de la red social X, dejando en claro su postura sobre el caso y apuntando directamente a la participación del exmandatario en el Legislativo.
El origen de la disputa en la que se involucraron Petro y Macías
Todo comenzó cuando cinco representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara votaron a favor de solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente contra Uribe a dicho órgano legislativo. El caso investiga la presunta responsabilidad del exmandatario en las masacres mencionadas, así como el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, hechos ocurridos cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
La decisión de los congresistas Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra generó fuertes críticas tanto dentro del propio Pacto Histórico como en otros sectores políticos. Esto obligó a Petro a pronunciarse:
“El Pacto histórico no se divide”, expresó el exmandatario, y agregó que “algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”.
Esta postura fue interpretada como una posible contradicción política, ya que la Comisión de Acusación ha sido calificada por el propio Pacto Histórico como la “comisión de absolución”, debido a su baja efectividad para procesar a expresidentes. Figuras como el senador Iván Cepeda y la senadora Isabel Zuleta cuestionaron abiertamente la decisión, al señalar que podría restar transparencia al proceso judicial, desatando una serie de diferencias internas en la colectividad.
Sin embargo, el bloque de representantes involucrado negó cualquier pacto político oculto. En un comunicado conjunto, los cinco congresistas explicaron que su objetivo era definir la competencia procesal debido al fuero presidencial de Uribe, y que respaldan que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional resuelve el conflicto de competencias.
“No existe acuerdo político alguno y nuestra actuación no busca promover la impunidad ni dilatar el proceso”, afirmaron en el texto.
Petro, por su parte, reiteró su pensamiento sobre la necesidad de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país sean asumidos por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
“Mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una Corte de cierre que es la Justicia Especial para la Paz”, dijo el exmandatario, quien considera que ese es el “camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional”.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de traslado del expediente y aseguró que los hechos investigados ocurrieron durante la gobernación de Uribe, por lo que la competencia recae sobre esa entidad y no sobre el Congreso. En consecuencia, el proceso permanece bajo investigación de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, a la espera de que la Corte Constitucional tenga la última palabra en este caso que mantiene en vilo a la opinión pública colombiana.
Fuente: Infobae