Las fiscalías de todo el país han reconocido que emplean herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en su labor diaria, aunque con un enfoque cauteloso. De acuerdo con un informe oficial, en un 96% de los casos los resultados generados por estos sistemas son revisados manualmente antes de ser utilizados. Los representantes del Ministerio Público advierten que la supervisión humana y la protección de datos personales son requisitos indispensables para integrar esta tecnología en el ámbito judicial.
Dentro de las actividades investigativas, se identificaron como las más “riesgosas” para aplicar la IA: el análisis de pruebas o evidencias, la investigación penal, la elaboración de dictámenes, resoluciones o escritos judiciales, y la inteligencia criminal. Quienes perciben algún nivel de peligro señalaron principalmente dos preocupaciones: la “calidad o precisión de los resultados” y la “dependencia excesiva con pérdida de juicio crítico”. La transparencia también es un factor relevante en este debate.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) difundió los resultados de un relevamiento realizado entre agosto y septiembre de 2025, que consultó a 2.339 integrantes del organismo sobre sus conocimientos, usos y percepciones respecto a la Inteligencia Artificial.
Uso personal vs. uso profesional
La encuesta revela una brecha significativa: un 83% del personal declaró emplear herramientas de IA en su vida cotidiana, pero apenas un 33% las usa en sus tareas laborales dentro del MPF. “Existe un saber-hacer consolidado a nivel individual que aún no permeó plenamente la práctica institucional”, señala el informe publicado en Fiscales.gob.ar.
Entre quienes han incursionado profesionalmente, ChatGPT es la herramienta predominante: 9 de cada 10 usuarios de IA en el trabajo emplean este chatbot de OpenAI, superando ampliamente a opciones como Gemini o Copilot. Sin embargo, solo el 15,9% de los profesionales reporta un uso diario; la mayoría lo hace de manera esporádica. Además, el personal aplica la IA bajo supervisión: el 60% utiliza las respuestas solo como consulta para redactar desde cero, mientras que un 36% las toma como base pero las revisa y adapta.
Protección de datos y regulación
El 93% de los encuestados apoya que las fiscalías avancen con el uso de IA en los próximos años, aunque casi un 40% pide hacerlo “con precauciones”. La protección de datos personales y sensibles se erige como uno de los ejes centrales del debate sobre la inteligencia artificial en el ámbito judicial.
Ocho de cada diez encuestados reclamaron principios generales para un uso responsable, políticas de resguardo de la privacidad e instrucciones claras sobre qué está permitido. Más de la mitad sostiene que los protocolos de buenas prácticas deberían aplicarse “en todos los casos”.
El 53% consideró que los riesgos “dependen del contexto y tipo de tarea”. Los más mencionados incluyen la calidad y precisión de los resultados, la privacidad y la posible dependencia excesiva que erosione el juicio crítico. La mayoría coincidió en que siempre debe haber intervención humana en cada etapa del uso de la IA.
Este Relevamiento institucional sobre Inteligencia Artificial contó con respuestas completas de 2.339 personas, lo que representa casi un 40% de los integrantes del organismo.
Fuente: Infobae