Dolkun Isa lleva más de tres décadas sin poder regresar a su tierra natal, Aksu, en la región que los uigures llaman Turquestán Oriental y China denomina Xinjiang. Su nombre aparece en notificaciones rojas de Interpol y en listas negras del régimen de Pekín. Su único delito, según denuncia, es pertenecer a la comunidad uigur y defender sus derechos frente al Partido Comunista Chino.
Desde su juventud, Isa percibió la discriminación sistemática contra su pueblo. Entre 1984 y 1988, durante sus estudios de Física en la Universidad de Xinjiang, organizó a miles de estudiantes uigures para llevar educación a zonas rurales donde más del 70% de la población era analfabeta. En 1988 lideró una manifestación pacífica en favor de la igualdad y elecciones democráticas. La respuesta del régimen fue inmediata: arresto domiciliario, expulsión universitaria y posterior exilio forzado. Primero se refugió en Turquía y luego en Alemania, donde obtuvo asilo político.
Isa fue el tercer presidente del Congreso Mundial Uigur y actualmente preside el Centro Uigur para la Democracia y los Derechos Humanos. Su activismo le ha costado detenciones en múltiples países, incluidos Estados Unidos, India, Corea del Sur, Suiza e Italia. En una ocasión, en Seúl, estuvo a punto de ser deportado a China, pero la presión diplomática de Alemania y Estados Unidos lo evitó.
Persecución familiar sin tregua
Isa perdió todo contacto con su familia desde abril de 2017. En junio de 2018 supo por terceros que su madre había fallecido en un campo de concentración el 17 de mayo de ese año. Dos años después, se enteró de la muerte de su padre, también en circunstancias no esclarecidas. Su hermano menor fue condenado a cadena perpetua y su hermano mayor a 20 años de prisión, sin que ninguno de ellos tuviera actividad política. “Mi madre era una ama de casa de 70 años; mi padre, un anciano de más de 80. Mi hermano mayor es profesor de matemáticas. Su único delito es mi origen étnico”, denunció.
En un documental difundido por la televisión china, Isa vio a su hermana mayor leyendo un texto en mandarín donde lo acusaba de mentiroso y negaba la existencia de los campos. Según el activista, ella fue obligada a grabar esa declaración bajo amenazas. “Es parte de la propaganda del gobierno”, afirmó.
“El Partido Comunista no solo es una amenaza para los uigures y los tibetanos, sino también para el propio pueblo chino”, sentenció Isa durante una entrevista realizada en Buenos Aires, donde se encontraba para participar en un foro sobre derechos humanos que finalmente fue cancelado por presión de la embajada china.
Campos de concentración: tortura y desaparición cultural
Desde 2017, la información sobre los campos de Xinjiang es casi imposible de obtener. Sin embargo, algunos supervivientes lograron salir al exterior gracias a la presión internacional. Isa ha recopilado testimonios que describen un régimen brutal: levantamientos a las 6:00 a.m. para realizar autocrítica, prohibición de hablar en uigur, vigilancia con cámaras que reconocen emociones, y castigos físicos si no se muestra lealtad a Xi Jinping. “Antes de beber agua deben decir: ‘Gracias Partido Comunista, gracias Xi Jinping’. Si la cámara detecta que no lo dicen de corazón, los torturan”, relató.
Los testimonios también hablan de violaciones sistemáticas, esterilización forzada y trabajos forzados. Quienes no se “reeducan” adecuadamente son condenados a penas de 10 a 20 años de prisión. Desde 2016 hasta 2019, los campos funcionaron como centros de adoctrinamiento; luego, el régimen endureció las medidas.
Isa subrayó que la política de asimilación se ha radicalizado desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2013. “Lo que antes era discriminación, ahora es una política genocida que busca borrar por completo la identidad uigur”, afirmó. En 2021, un informe del Instituto Estratégico Australiano documentó la demolición de más de 8.000 mezquitas. La lengua uigur ha sido eliminada del sistema educativo, reemplazada por el mandarín, y las prácticas religiosas como el ayuno o la lectura del Corán están prohibidas.
La nueva ley de unidad étnica
El 1 de julio de este año entró en vigor la ley de unidad étnica, que legaliza medidas que ya se aplicaban de facto. Según Isa, esta normativa busca eliminar toda diversidad cultural bajo el principio de “una China, un pueblo, una lengua”. “Los tibetanos también están en la mira. De las 56 minorías étnicas reconocidas, la mayoría ya han sido asimiladas. Solo los uigures y los tibetanos resistimos”, explicó.
El activista advirtió que el régimen permite viajes selectivos a Xinjiang como herramienta de propaganda. “Desde 2025, algunos uigures pueden visitar a sus familias, pero deben firmar acuerdos de silencio y difundir en redes sociales que todo está bien. Si hablan la verdad, sus familiares vuelven a los campos”, denunció. Isa conoció personalmente a varias personas que habían viajado bajo estas condiciones y que, en privado, lloraban al recordar que no pudieron visitar las tumbas de sus padres.
Presiones diplomáticas y silencio internacional
Durante su visita a Buenos Aires, Isa fue víctima de la influencia china en Argentina. La embajada de Pekín presionó para que se cancelara un foro organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) en el que él participaría. La Legislatura porteña y la Cancillería argentina accedieron al pedido. “Argentina es un país democrático que sufrió una dictadura hace solo 30 años. Permitir que un país autoritario dicte lo que se puede discutir aquí es inaceptable. Es una amenaza a la soberanía nacional”, declaró.
Isa atribuyó esta presión a los fuertes vínculos económicos entre Argentina y China. “El gobierno chino usa su poder económico para silenciar a sus críticos. No es solo un problema de negocios; hay trabajo forzoso y muertes. Las marcas internacionales se enriquecen con la sangre de los uigures”, sentenció.
Respecto a la respuesta internacional, el activista se mostró decepcionado. La ONU publicó en julio un informe que pide el cierre de los campos, pero no se han tomado medidas concretas. “El Consejo de Derechos Humanos está dominado por países autoritarios como China, Arabia Saudí e Irán. La comunidad democrática está dividida y China exporta su tecnología de vigilancia a más de 30 países”, criticó.
El sueño expansionista de Xi Jinping
En el plano geopolítico, Isa señaló que Xi Jinping persigue dos grandes ambiciones: la reunificación de Taiwán y el proyecto de la Franja y la Ruta. “Quiere ser el héroe que Mao no pudo ser: unificar Taiwán. Pero su estrategia no es solo militar. La Franja y la Ruta es una ocupación económica. China da préstamos a países corruptos como Pakistán o Kazajistán, sabiendo que no los devolverán, y luego exige tierras como pago”, explicó.
Isa advirtió que el régimen de Pekín representa una amenaza global: “China apoya a Rusia en Ucrania y a Irán en Medio Oriente, mientras aumenta su presión sobre Taiwán y libra una guerra comercial con Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial. Si el mundo no actúa, dentro de 10 o 15 años la próxima generación de uigures habrá desaparecido”.
El activista concluyó con un llamado a la acción: “Todos los países tienen la obligación legal y moral de detener este genocidio. No podemos seguir haciendo negocios como si nada mientras la gente muere y su cultura es aniquilada”.
Fuente: Infobae