Cuando una mujer descubre en su propia cartera recursos generados por su esfuerzo, también encuentra nuevas rutas de desarrollo donde antes existían carencias, pobreza y desaliento.
Por ello, situar la soberanía financiera de las mujeres como eje de las políticas públicas representa una oportunidad para construir una sociedad más justa. La independencia económica no solo mejora las condiciones materiales de vida: expande la capacidad de tomar decisiones, fortalece la autonomía personal y disminuye la vulnerabilidad frente a diversas formas de violencia.
El Programa de Autonomía Económica de las Mujeres se sustenta en esta idea y transforma la inversión pública en un mecanismo de capitalización inicial mediante la entrega de fondos semilla sin obligación de reembolso.
Lejos de considerarse una ayuda asistencial, este programa, creado y dirigido por María Elena Esparza Guevara desde la Secretaría de las Mujeres, con el respaldo de su titular, Daptnhe Cuevas, concibe la inclusión financiera como un motor para fortalecer el bienestar social y, sobre todo, para impulsar la independencia económica de las mujeres.
Una respuesta a las barreras estructurales
El esquema fue diseñado con una rigurosa perspectiva de género y ha sido calificado por Esparza Guevara como
“una hazaña feminista”
de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Su importancia radica en que reconoce los obstáculos estructurales que históricamente han impedido a las mujeres acceder a fuentes de financiamiento seguras.
No se limita a entregar dinero, sino a proporcionar herramientas para que las beneficiarias puedan iniciar o fortalecer proyectos productivos sin recurrir a préstamos con altos intereses, esquemas informales o mecanismos que agraven su precariedad.
El diseño operativo se estructura en tres dimensiones: la entrega de un capital inicial de 25 mil pesos no reembolsables, la formación técnica continua y la vinculación con redes solidarias de comercialización vecinal. Clara Brugada ha resumido el valor social de esta intervención mediante el modelo de las tres erres: recursos, redes y redistribución.
Recursos que se convierten en decisiones
Al asignar un monto inicial a cada beneficiaria, el programa busca fomentar el autoempleo formal, reducir la brecha de ingresos laborales y ayudar a que las mujeres construyan un patrimonio propio, indispensable para su desarrollo personal y familiar.
Tener ingresos estables no resuelve por sí solo todas las desigualdades, pero sí puede desmontar parte de la vulnerabilidad asociada a la falta de opciones laborales viables.
También promueve relaciones familiares y comunitarias más equitativas, porque una mujer con recursos propios tiene mayores posibilidades de decidir sobre su presente y su futuro.
A nivel global, el modelo se relaciona con políticas implementadas en ciudades que han apostado por una mayor inclusión socioeconómica. Bogotá cuenta con esquemas complementarios de formación productiva orientados a optimizar el tiempo disponible de las habitantes de zonas periféricas. En Barcelona, el apoyo público inicial funciona como un puente hacia la incorporación en cadenas de valor de mayor escala y tecnificación.
El programa capitalino complementa estas experiencias internacionales mediante alianzas estratégicas con organismos certificadores como el Ceneval, con el objetivo de otorgar validez oficial a los conocimientos técnicos adquiridos.
La cartera feminista se consolida así como un instrumento de desarrollo económico incluyente para el siglo XXI. Porque cuando una mujer dispone de recursos propios no solo cambia el contenido de su cartera: cambia su margen de decisión, su entorno inmediato y la posibilidad de construir una vida con mayor libertad.
Fuente: Infobae