Durante la audiencia de vinculación del denominado caso Apagón (o caso Progen) instalada este 24 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado desglosó detalladamente las presuntas irregularidades cometidas por los técnicos encargados de vigilar y ejecutar los millonarios contratos eléctricos de emergencia.
Según la teoría expuesta por el fiscal Carlos Alarcón ante el conjuez Rodrigo Sarango, los cuatro exadministradores de las centrales de Salitral y Quevedo inobservaron de forma sistemática las cláusulas contractuales y las leyes vigentes, facilitando desembolsos millonarios por maquinaria que continúa completamente inoperativa.
Salitral: protocolización tardía, obras sin autorizar y generadores viejos
La termoeléctrica de Salitral, valorada en USD 99,4 millones, estuvo bajo la fiscalización de dos administradores cuyas omisiones habrían beneficiado directamente a la contratista estadounidense Progen Industries LLC:
A Luis Javier Ugsha Guanotasig (administrador del 2 de agosto al 5 de septiembre de 2024), la Fiscalía lo señala por omitir su obligación de vigilar que el contrato se protocolizara en el término de 15 días posteriores a la adjudicación.
Este trámite se formalizó recién el 3 de septiembre de 2024, es decir, 32 días después del inicio de la ejecución, lo que retrasó los controles estatales. Adicionalmente, Ugsha no alertó que Progen carecía de domiciliación legal en Ecuador ni reportó que las obras civiles de la planta eran subcontratadas y ejecutadas por la empresa privada Astrobryxa sin contar con la autorización obligatoria de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
En ese mismo lado, Marlon Iván Casilla Hernández (administrador del 5 de septiembre al 5 de diciembre de 2024) es acusado de certificar de manera negligente el cumplimiento del “Hito Uno”, el cual obligaba a constatar físicamente que los generadores fueran nuevos antes de autorizar el desembolso del 70% del valor del contrato.
El exadministrador validó un informe de la verificadora AP Inspection que omitió números de serie, marcas y datos de novedad de los 29 equipos. Pese a que las fotos adjuntas mostraban generadores fabricados en 2009 —cuando el contrato exigía unidades fabricadas de 2023 en adelante—, Casilla no emitió alertas y solicitó formalmente el desembolso de USD 69,9 millones el 1 de octubre de 2024.
Quevedo: prórrogas injustificadas y contratos fuera de plazo
En el caso de la central de Quevedo, contratada por USD 49,7 millones, los administradores procesados aplicaron criterios que, según la Fiscalía, desbordaron los límites legales:
En primer lugar, José Luis Sampietro Saquicela (administrador del 11 de septiembre al 5 de diciembre de 2024) modificó el inicio del plazo contractual, determinando que corría desde el 3 de septiembre de 2024 y no desde la firma del contrato.
Además, en octubre de 2024 recomendó conceder dos prórrogas que sumaron 35 días adicionales en favor de Progen. Aunque justificó la ampliación por supuestas afectaciones derivadas de los huracanes Helene y Milton, el exadministrador no exigió a la contratista la documentación legal que probara el impacto real de dichos fenómenos climatológicos en la entrega.
En esa línea, Marcos Alberto Guerrero Bravo (sucesores de Sampietro en Quevedo) firmó un informe técnico recomendando la suscripción de un contrato complementario con Progen, a pesar de que el plazo del contrato principal ya había vencido de forma improrrogable el 10 de diciembre de 2024.
Este polémico instrumento modificatorio se firmó el 11 de enero de 2025 alterando las reglas de multas, plazos y formas de pago, lo que permitió un desembolso prorrateado de USD 6,6 millones por cada inspección parcial. Gracias a este esquema, Progen logró cobrar el 70% del valor contractual pese a que las unidades termoeléctricas siguen sin operar.
El funcionario que se negó firmar
El comportamiento de estos cuatro administradores contrasta con la actuación de Celso David Sánchez Chacán, el único exfuncionario -según la entidad fiscal- a quien el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia le revocó la prisión preventiva el pasado 20 de agosto de 2026 para otorgarle grillete electrónico.
Sánchez Chacán, quien también formaba parte de la estructura, se negó a firmar los informes de pago de los contratos cuestionados y entregó de forma voluntaria a la Fiscalía un teléfono y una computadora con grabaciones que demuestran las fuertes presiones de terceros para viabilizar los desembolsos ilegales.
Con la vinculación formal de estos cuatro exadministradores junto a otras seis personas, la investigación penal por peculado acumula ya 31 procesados y un expediente de más de 17.000 páginas. Tras estas inclusiones de última hora, la instrucción fiscal se extenderá oficialmente hasta el 24 de septiembre de 2026.
Radio Pichincha
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