En las primeras horas de los días 21 y 22 de agosto de 1982, la violencia estatal marcó a sangre las riberas del río Amatitán, ubicadas en el municipio de San Esteban Catarina, dentro del departamento de San Vicente.
En aquel paraje conocido como El Calabozo, más de 200 personas perdieron la vida, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos elevan la cifra a cerca de 300 víctimas, en su gran mayoría campesinos, mujeres, ancianos y niños.
La operación militar bautizada como “Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma”, ejecutada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), sembró un horror que perdura hasta la actualidad.
El despliegue castrense arrancó el 18 de agosto de 1982 y abarcó tanto el norte como el sur de San Vicente durante los últimos días de ese mes.
Según la reconstrucción efectuada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la ofensiva fue meticulosamente planificada. Combinó ataques desde el aire y tierra firme, incursiones de unidades de élite como el Batallón Atlacatl, y un barrido sistemático por comunidades rurales.
Las fuerzas militares emplearon bombardeos, artillería y tácticas de cerco, justificando la acción como una lucha contra la insurgencia del FMLN en la zona. El cerco castrense dejó sin escapatoria a cientos de campesinos que intentaban huir de los bombardeos y las incursiones.
Los testimonios recopilados por la CNB y Pro-Búsqueda narran cómo familias enteras buscaron amparo en la orilla del Amatitán, solo para ser alcanzadas por el fuego militar.
El ataque fue totalmente indiscriminado: no se hizo distinción entre civiles y presuntos combatientes. Numerosas víctimas fueron ejecutadas a corta distancia, mientras que otras padecieron violencia sexual y sus cuerpos fueron arrojados al río o disueltos con ácido, lo que imposibilitó su identificación posterior.
Tras la masacre, la versión oficial negó los hechos. El entonces ministro de Defensa, José Guillermo García, aseguró que no hubo tal matanza, pese a la evidencia documentada por la Comisión de la Verdad y diversos organismos de derechos humanos.
La aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 bloqueó por años cualquier investigación judicial. Solo tras su derogación, en 2016, se logró la reapertura de la causa y la emisión de órdenes de captura contra ex jefes militares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado salvadoreño adoptar medidas de reparación para las víctimas y sus familias. Sin embargo, la impunidad persiste y el acceso a los archivos castrenses sigue siendo restringido.
El drama de la niñez desaparecida y el rastro de Pro-Búsqueda
Una de las caras más desgarradoras de la masacre de El Calabozo es la desaparición de niños y niñas. Según los registros de Pro-Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al menos 17 menores (11 niñas y 6 niños) desaparecieron durante el operativo militar.
De estos casos, cuatro han sido reencontrados con su familia biológica, dos han sido localizados sin vida y once continúan en calidad de desaparecidos. Entre los nombres registrados figuran Gregoria Hernández, Serapio Cristian, Julia Inés Contreras, Ricardo Ayala Aburca y Manuel Antonio Bonilla Osorio, quienes desaparecieron entre el 21 y 25 de agosto de 1982.
La labor de la CNB y Pro-Búsqueda ha sido clave para reconstruir los sucesos y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada de menores. Estos datos han sido fundamentales para la apertura de procesos judiciales y la exigencia de justicia y reparación, tanto a nivel nacional como internacional.
Exhumaciones y el peso de la memoria
En noviembre de 2018, Silvana Turner, antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto con otros especialistas, realizó la exhumación de seis cuerpos en una fosa de San Sebastián, San Vicente. Este hallazgo representó un acto de justicia simbólica para las familias, aunque insuficiente frente a la magnitud de la desaparición.
La mayoría de los cuerpos no han sido recuperados: el río y los procedimientos militares borraron evidencias e identidades, dejando solo listas de nombres y la certeza del vacío.
Las comunidades realizan cada año actos conmemorativos en el arenal de El Calabozo, donde hoy se erige un memorial. Las organizaciones y los familiares insisten en la necesidad de una reparación integral, el reconocimiento estatal y garantías de no repetición.
El Calabozo se mantiene como una herida abierta en la historia salvadoreña. La masacre, la desaparición de niños y la lucha por la verdad y la justicia atraviesan las generaciones. Los nombres de los menores desaparecidos, las exhumaciones recientes y las demandas de reparación evidencian que el pasado sigue vigente. La memoria de las víctimas y la persistencia de las comunidades impiden que el silencio borre lo ocurrido en las orillas del Amatitán.
Fuente: Infobae