La Fiscalía General de Colombia presentó ante un juez al coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, del Ejército Nacional, acusado de haber establecido acuerdos ilícitos con el ELN y las disidencias de las Farc para filtrar información militar a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Según las pruebas recogidas por el Ministerio Público, el comportamiento del oficial habría comenzado en 2020, cuando comandaba un batallón en la zona de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca.
En ese entonces, de acuerdo con la investigación, recibió un primer pago de 15 millones de pesos para reducir las operaciones contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
Más adelante, el coronel habría renovado estos vínculos con una estructura de la autodenominada Segunda Marquetalia. Entre enero y junio de 2026, mientras se desempeñaba como comandante de una unidad de despliegue rápido en Nariño, habría percibido pagos semanales de hasta 30 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que el propósito de estos pagos era que el militar alertara a los miembros de la organización sobre los movimientos de las tropas, facilitando así el traslado de drogas, armas, municiones y dinero.
La investigación detalla que el primer contacto ocurrió en 2020. En esa época, Pérez Amorocho era comandante de un batallón en Puerto Jordán y, según la Fiscalía, habría recibido dinero de un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, conocido con los alias de El Profe o Sendales.
El fiscal del caso expuso ante el juez que ese dinero tenía como objetivo que el entonces comandante demorara o evitara acciones propias de su cargo, sobre todo aquellas dirigidas contra la guerrilla.
“Para el año 2020, en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, el servidor público señor Carlos Didier Pérez Amorocho, previamente identificado e individualizado, recibió para sí la suma de quince millones de pesos enviados por el cabecilla del grupo armado organizado el ELN del Frente de Guerra Oriental, conocido con el alias de El Profe o Sendales, para retardar u omitir un acto propio de su cargo”
Durante la audiencia, el fiscal también señaló una variación en los resultados operacionales del batallón que, según la hipótesis, podría estar vinculada al presunto pacto.
“Se destacaba como comandante del batallón de operaciones, el cual en el 2019 tuvo unos resultados operacionales contra el ELN de ciento quince resultados operacionales, disminuyendo esta cifra ostensiblemente para el año 2020, bajando las operaciones militares a veintinueve en contra de este grupo armado”
Para la Fiscalía, esta reducción es uno de los elementos que deben analizarse dentro del conjunto de pruebas para determinar si existió un acuerdo entre el oficial y la estructura armada.
La investigación también indica que el coronel habría establecido nuevos lazos con una organización ilegal después de asumir, en julio de 2025, el mando de una unidad de élite con presencia en varios municipios de Nariño.
Entre las zonas bajo su cobertura se encontraban Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, así como sectores de Cauca y Valle del Cauca.
Según la Fiscalía, entre enero y junio de 2026 el oficial habría comenzado a recibir pagos de 30 millones de pesos semanales provenientes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, con el objetivo de proporcionar información sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
El fiscal explicó en la audiencia la presunta dinámica del acuerdo:
“Se tiene que para el año 2026, desde enero hasta junio, el señor Carlos Didier Pérez Amorocho, previamente identificado e individualizado, recibía la suma para sí mismo de treinta millones de pesos semanales por parte de la estructura Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, toda vez que era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápidos que cubre los departamentos de Nariño”
De acuerdo con la hipótesis, la información habría permitido a los integrantes de la organización anticiparse a los operativos y movilizar cargamentos y elementos utilizados para sus actividades ilícitas.
“Esto para alertar al grupo armado organizado de todos los movimientos de la Fuerza Pública y poder mover estupefacientes, armas, municiones y dinero del grupo armado”
Uno de los episodios que más llamó la atención durante la audiencia está relacionado con una operación realizada en Nariño en abril de 2026. Según la Fiscalía, la misión buscaba afectar las finanzas de la organización, incautar material de guerra y ubicar a algunos de sus principales cabecillas.
Sin embargo, el ente investigador sostiene que el coronel habría retrasado el avance de las tropas, situación que presuntamente permitió que varios integrantes de la estructura armada escaparan en lanchas rápidas y retiraran previamente material que se encontraba oculto en la zona.
El fiscal describió así lo ocurrido:
“La intención de esta operación era afectar a la organización criminal en cuanto a sus finanzas, narcotráfico y cabecillas. Refiere también que al momento de realizar la operación suscitaron varios hechos de preocupación. Primero, refiere que el señor militar retuvo la tropa más de lo normal cerca del punto donde se iba a realizar la operación”
De acuerdo con la Fiscalía, durante ese lapso los uniformados habrían escuchado el movimiento de embarcaciones utilizadas por los integrantes del grupo armado.
“Pudieron escuchar cómo los cabecillas subían una noche antes en lanchas rápidas de la organización. Solo pudieron ingresar un día después, encontrando que todas las caletas de armamento, dinero y munición se las habían llevado”
El investigador también afirmó que durante el procedimiento se encontró cocaína y que, presuntamente, esta habría sido arrojada al río por orden del propio oficial, con el supuesto propósito de que posteriormente pudiera ser recuperada por integrantes de la organización ilegal.
“Que encontraron cocaína, mismos que por el orden del (…) dejaron el río de manera que la organización la recuperara posteriormente”
Con base en los elementos materiales probatorios presentados ante la autoridad judicial, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Pérez Amorocho los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
La Fiscalía sostiene que el supuesto acuerdo no habría tenido como único propósito favorecer económicamente al oficial, sino que habría permitido que las organizaciones armadas continuaran desarrollando diferentes actividades criminales.
“Con el fin de cometer delitos, pues dicha organización tenía la finalidad de la consumación de delitos indeterminados y determinables como el tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, de uso de defensa personal y uso privativo, homicidios selectivos, entre otros”
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía presentó su hipótesis sobre el supuesto entramado y los elementos que, según el ente investigador, relacionarían al oficial con las estructuras armadas. No obstante, Carlos Didier Pérez Amorocho no aceptó los cargos imputados.
Fuente: Infobae