El expresidente de la República, Jamil Mahuad, presentó una petición formal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado ecuatoriano, a fin de anular la condena judicial que pesa en su contra desde el 2014 y obtener una indemnización económica por daños a su vida y reputación, además de una disculpa pública.
El expresidente acude a organismos internacionales luego de que Corte Constitucional, en diciembre de 2025, desestimó su acción extraordinaria de protección y ratificó la sentencia de peculado que pesa en su contra.
En 2014 Mahuad fue condenado a 12 años de prisión, sin embargo, esa pena fue disminuida en 2017 a ocho años de cárcel, con ello se emitió una orden de captura por la cual, el exmandatario, no regresa a Ecuador después de salir a Estados Unidos en el 2000.
Según el exjefe de Estado ha sido víctima de hostigamiento público, estigmatización y una supuesta instrumentalización de los órganos de justicia, que —a su criterio— lo condenaron por motivos políticos.
“Promovido desde las más altas esferas del poder político y, de manera particularmente intensa, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa”, sostiene su defensa.
A criterio del expresidente, durante su administración se impulsaron políticas públicas que tuvieron efectos de largo plazo para el país, entre ellas:
- El establecimiento de la paz definitiva con Perú.
- La estabilidad económica derivada de la dolarización.
- La entrega de un subsidio directo a los sectores de menores ingresos mediante el Bono de Desarrollo Humano.
- El fortalecimiento de la recaudación tributaria mediante mecanismos técnicos y eficientes.
Mahuad solicitó que la Corte IDH declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la presunta violación de sus derechos a las garantías judiciales y al debido proceso, al principio de legalidad, a la libertad de residencia y circulación, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial efectiva.
Feriado bancario
La Fiscalía acusó a Jamil Mahuad de peculado por su responsabilidad en las decisiones adoptadas durante la crisis bancaria de 1999. Entre las medidas cuestionadas constan dos decretos:
- El 9 de marzo de 1999, mediante el cual se declaró el estado de emergencia nacional.
- El 11 de marzo de 1999, con el que se dispuso el congelamiento de los depósitos bancarios.
La defensa del exmandatario sostuvo ante la Corte IDH que estas resoluciones permitieron contener la hiperinflación y proteger los intereses de los sectores más vulnerables durante una de las peores crisis económicas que vivió Ecuador.
Según el argumento de su abogado, la crisis estuvo relacionada con el desplome de las exportaciones, provocada principalmente por la caída del precio del petróleo, que llegó a ubicarse en alrededor de USD 7 por barril, además de los efectos ocasionados por el fenómeno de El Niño.
El abogado que representa a Mahuad es Asdrúbal Aguiar, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual director ejecutivo del Grupo IDEA, organización integrada por expresidentes de tendencia conservadora de Iberoamérica, entre ellos el español José María Aznar (1996-2004) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).