La Fiscalía General del Estado pidió la vinculación de otras nueve personas en el caso Progen, entre los que constan los dos exasesores principales del ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.
Se trata de Peter Christian Dreher Pozo y José Manuel de Oliveira, quienes fueron nombrados por Luque como sus asesores, durante su gestión como ministro encargado de Energía, entre el 16 de abril y 2 de julio de 2024.
El pedido para que se vincule en el proceso a los exfuncionarios fue realizado por el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, a la Corte Nacional de Justicia.
La lista
Las otras siete personas a las que la Fiscalía pide vincular en el caso Progen, que investiga el presunto delito de peculado, son:
- Cristhian Andrés Dahik Quijano, subgerente de Temopichincha
- Marlon Iván Casilla Hernández, administrador del contrato de Salitral
- José Luis Sampietro Saquicela, primer administrador del contrato de Quevedo
- Marcos Alberto Guerrero Bravo, segundo administrador del contrato de Quevedo
- Daniela Piedad Gordillo Ramírez, del área jurídica de Celec
- José Xavier Aimara Guaita
- Luis Javier Ugsha Guanotasig
El papel de los exasesores
Peter Dreher fue el asesor técnico de confianza de Luque y se encargaba de informar sobre el avance de los procesos precontractuales con Progen.
Dreher acompañó a Luque, en mayo de 2024, a la visita realizada en Estados Unidos a la fábrica de la empresa Progen para constatar el estado de los equipos.
Tras retornar al país, Dreher recomendó en un informe que se acelere el proceso de contratación antes de la llegada del estiaje.
En cuanto a José Manuel de Oliveira, él se desempeñó como asesor jurídico del Ministerio de Energía y, de acuerdo con lo dispuesto por Luque, todos los procesos de contratación durante la crisis energética debían pasar por su revisión.
Tanto Dreher como de Oliveira, salieron del país antes de la audiencia de formulación de cargos, realizada el 14 de mayo de este año, en la que no fueron imputados por el fiscal Alarcón.
El caso Apagón investiga los contratos de generación eléctrica, durante la crisis energética de 2024, por los que el Estado pagó más de USD 100 millones como anticipo, sin recibir ni un solo megavatio.
Radio Pichincha
LV