La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ha fijado el 30 de junio de 2027 como la fecha definitiva para la entrega y operatividad del nuevo radar de largo alcance LTR-25 Lanza, en el cerro Montecristi, en la provincia de Manabí.
Esta instalación se concretará seis años después de que el sistema anterior fuera destruido por una explosión ocurrida en 2021. Un evento que dejó un vacío crítico en la detección de narcoavionetas en la costa del Pacífico.
Sin embargo, la implementación de este sistema tridimensional, fabricado por la empresa española Indra, ha enfrentado múltiples obstáculos. Una unidad adquirida previamente en 2023 fue vendida a Ucrania luego de que Ecuador suspendiera el proceso inicial por los retrasos en las obras civiles.
Además, el contrato original fue suspendido unilateralmente por el Ministerio de Defensa, en febrero de 2025, debido a la falta de infraestructura adecuada y vías de acceso inconclusas en los cerros Montecristi y San Isidro
Las obras civiles a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército tuvieron dificultades, según recogen los informes técnicos, factores meteorológicos y geotécnicos.
El nuevo radar LTR-25 tiene un alcance de 445 kilómetros, lo que permitirá un monitoreo exhaustivo del espacio aéreo y la detección de narcoavionetas en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.
Militares en prisión por la explosión
El vacío de vigilancia aérea en la zona comenzó el 7 de noviembre de 2021, cuando el radar instalado en ese entonces fue destruido por un atentado. Aproximadamente a las 03:30, una fuerte explosión inutilizó el radar de fabricación española.
Aunque inicialmente se barajaron hipótesis de fallas mecánicas en la bomba de engrase, la asistencia penal internacional del FBI concluyó que se trató de un atentado con explosivos de alto poder, específicamente TNT, PETN y RDX.
Por este hecho, el 6 de marzo de 2026, el Tribunal de Garantías Penales de Manta condenó a nueve militares en servicio activo a nueve años y tres meses de prisión. La justicia no los sentenció por colocar la bomba, sino por “comisión por omisión dolosa”. El Tribunal consideró probado que, en su calidad de garantes, los uniformados permitieron que terceros vulneraran los tres anillos de seguridad militar para destruir el equipo.
La nota discordante del caso reside en la contradicción de las pruebas científicas. El expediente judicial revela que los peritos nacionales del GIR y de Criminalística, que actuaron días después del evento, no encontraron residuos de explosivos en el sitio. Pero el FBI tomó muestras 197 días después, cuando el radar ya había sido desarmado, trasladado a Cotopaxi y reensamblado, hallando resultados positivos.
Este desfase temporal ha sido el pilar de la defensa de los militares sentenciados, que alega una ruptura de la cadena de custodia y una posible contaminación de la escena. Incluso, testimonios de los procesados revelaron que, horas después de la explosión, altos mandos militares llegaron al cerro y caminaron sobre la escena antes de que llegaran los peritos policiales.