En una resolución unánime, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la medida de prisión preventiva para la mayoría de los procesados en el denominado caso Progen.
Tras una extensa audiencia de apelación, el Tribunal resolvió que la prisión preventiva es la medida “idónea, necesaria y proporcional” para garantizar la presencia de los procesados en el juicio por presunto peculado.
La justicia rechazó los recursos de 11 implicados, entre ellos el exministro Octaviano Antonio Goncalves Savinovich y exfuncionarios como Gabriela Toazo y Luis Paul Flores.
El Tribunal fundamentó su decisión en el evidente riesgo de fuga, resaltando que la mayoría de los recurrentes ya se encuentran en calidad de prófugos.
Además, se recordó el reciente intento de escape de Julio Eduardo Montesdeoca, quien fue capturado en un paso fronterizo intentando abandonar el país a pesar de la prohibición legal.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) actuando como víctima, respaldó la medida debido a la gravedad y lesividad del daño causado al Estado, estimado en más de USD 104 millones.
El caso excepcional de Celso Sánchez: de la celda al grillete
El contraste de la audiencia lo protagonizó Celso David Sánchez Chacán, cuyo recurso de apelación fue el único aceptado por el Tribunal. La propia Fiscalía General del Estado solicitó la sustitución de su prisión preventiva por medidas no privativas de libertad, basándose en su “colaboración voluntaria y eficaz” .
Sánchez Chacán, según la entidad fiscal, aportó pruebas, incluyendo una computadora y un teléfono con grabaciones que evidencian las presiones de terceros para pagar a la empresa Progen. Según el expediente, fue el único funcionario que se negó a suscribir el informe de pago de los contratos cuestionados.
A cambio de su libertad, el procesado deberá presentarse todos los lunes ante la Fiscalía General, tiene prohibición de salida del país y deberá utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).
Ahora, la resolución del Tribunal coincide con el pedido de la Fiscalía de vincular a nueve personas adicionales a la trama, lo que extiende el plazo de la instrucción fiscal por 30 días más.
Entre los nuevos investigados figuran los administradores de los contratos de Salitral y Quevedo, excoordinadores jurídicos y asesores ministeriales, quienes, según las acusaciones, habrían facilitado las decisiones técnicas y jurídicas para el pago de equipos viejos e inoperativos.
Con estas nuevas vinculaciones, el caso que indaga la fallida compra de generación térmica durante la crisis energética de 2024 suma ahora 30 procesados y un expediente que supera las 17.000 páginas.
El Tribunal concluyó que, ante la complejidad de la causa y el riesgo de interferencia en las pruebas, la prisión preventiva debe mantenerse para el resto de la estructura investigada.