Las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron este miércoles Cuban Medical Brigades, una base de datos pública que reúne informes individuales de 209 países y territorios sobre las misiones médicas cubanas. La plataforma incluye contratos, normativas, testimonios y cadenas de pago que, según ambas ONG, evidencian una forma contemporánea de esclavitud.
El sistema permite a gobiernos, parlamentos, periodistas y ciudadanos consultar, país por país, la cantidad de profesionales enviados, los acuerdos firmados, los montos cobrados por el Estado cubano y lo que efectivamente recibió cada trabajador. Hasta junio, la plataforma registra 53 misiones activas y aproximadamente 25.724 profesionales desplegados en el exterior.
Testimonios que revelan coerción y control
La base de datos se sustenta en 1.402 testimonios recopilados desde 2018, de los cuales 1.185 son protegidos y 217 públicos. Provienen de profesionales que trabajaron en 60 países. El análisis estadístico de los testimonios protegidos muestra patrones recurrentes: el 89,79% de los declarantes afirmó haber sido forzado a participar o haber aceptado por causas coercitivas. Al ser consultados sobre la voluntariedad, el 77,72% indicó que su participación no fue libre. Además, el 32,41% no recibió contrato alguno, el 36,20% firmó uno sin obtener copia, y el 69,62% desconocía su destino definitivo o este fue cambiado al llegar.
El segundo patrón es la vigilancia y control de la vida privada. Un 77,64% reportó vigilancia por parte de funcionarios cubanos o colaboradores; el 81,18% tuvo restricciones de movimiento en el país de destino; el 40% sufrió retención de su pasaporte al llegar; y el 68,69% señaló la existencia de toque de queda. La Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba obliga a los cooperantes a informar a sus superiores sobre sus relaciones sentimentales y a regresar al país en la fecha y por el medio indicados por la entidad contratante.
Jornadas extenuantes y salarios confiscados
Las jornadas laborales promedian 71,89 horas semanales, incluyendo turnos ordinarios, guardias y servicios extraordinarios. El ingreso líquido medio declarado en destino fue de 462,29 dólares mensuales, lo que equivale a aproximadamente el 15% de lo que paga el Estado receptor. El 85% restante queda retenido por el Estado cubano y sus intermediarios. Ejemplos concretos: en México, documentos de Prisoners Defenders muestran casos donde el profesional recibió 200 dólares mensuales de los 3.750 dólares pagados a Cuba. En Italia, el acuerdo marco de Calabria de 2022 fijó 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 euros para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y 1.200 euros para el trabajador.
Separación familiar y persecución a desertores
Otro patrón documentado es la separación familiar forzosa. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, declaró:
“Cientos de médicos que han intentado entrar a Cuba para ver a su familia han sido expulsados por ser desertores. Miles de niños están huérfanos en la isla por este motivo”.
El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber estado o continuar separado forzosamente de hijos menores, y 53 personas declararon que se les impidió entrar a Cuba para verlos. La plataforma registra 9.646 profesionales catalogados por el régimen como “desertores”. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó en 2022 su preocupación por esta prohibición de facto, que puede extenderse hasta ocho años, y solicitó modificar la legislación penal que la sustenta.
Impacto económico y respaldo internacional
Un informe de Prisoners Defenders de 2024, con datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estimó que las misiones médicas generaron en 2021 ingresos cercanos a 5.976 millones de dólares, convirtiendo la exportación de servicios sanitarios en la principal fuente de divisas del régimen. El British Institute of International and Comparative Law (BIICL) examinó 48 acuerdos suscritos entre 1985 y 2023 y encontró escasas referencias a normas internacionales de derechos humanos y ausencia de mecanismos de supervisión efectivos.
El respaldo institucional es amplio. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 que califican las misiones como trabajo forzoso; la más reciente, del 18 de junio, exige al régimen cubano poner fin a estas prácticas y pide que la Unión Europea no sea cómplice. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron en abril un informe que identificó en determinadas misiones los dos elementos del trabajo forzoso: falta de voluntariedad y amenaza de una pena. Asimismo, el Senado de España aprobó el pasado 7 de abril una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios y solicitó auditar acuerdos que pudieran financiar esas prácticas.
La respuesta del régimen y las exigencias de las ONG
El Estado cubano rechaza las acusaciones y sostiene que la participación es voluntaria, que los profesionales mantienen su salario en Cuba —unos 20 dólares mensuales— y que consienten en que parte de los ingresos financie el sistema de salud nacional. La plataforma contrapone esa versión con datos de la OMC y del propio Estado cubano que muestran que lo destinado al sistema de salud representa menos del 1% de lo facturado por las misiones.
Larrondo concluyó:
“Desde hoy, es más complejo que cualquier Estado, institución o empresa manifieste que no sabía lo que estaba contratando, financiando o legitimando. Pura esclavitud, el sangrado de miles de médicos que deben ser liberados, no subyugados ni perseguidos”.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia exigen la eliminación de las sanciones penales, migratorias y familiares por abandonar una misión; la publicación íntegra de contratos y convenios; el pago directo al profesional de la totalidad de su remuneración; y auditorías en los países receptores sobre el destino de los fondos.
La plataforma está disponible en cubanmedicalbrigades.org y se actualiza permanentemente con nuevos testimonios y documentación.
Fuente: Infobae