El gobierno alemán ha manifestado su apoyo inequívoco a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su presidenta, Tomoko Akane, luego de que Estados Unidos impusiera sanciones contra la magistrada japonesa y otros miembros del tribunal con sede en La Haya. Así lo confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que calificó a la CPI como una institución independiente que debe ser defendida y protegida.
Según declaraciones recogidas por la agencia AFP, el portavoz alemán señaló este miércoles que “es de importancia central defender y proteger a la Corte Penal Internacional como una institución independiente”. Estas palabras se enmarcan en un ambiente de creciente tirantez diplomática, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara la prohibición de entrada a Estados Unidos y la congelación de activos para los funcionarios sancionados.
Washington sanciona a altos cargos de la CPI por “abusar maliciosamente de su autoridad”
Las medidas punitivas afectan a Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y al juez senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente reemplaza al fiscal del tribunal. Rubio argumentó que ambos “se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” del tribunal. La administración estadounidense sostiene que la CPI ha rebasado su mandato y ha actuado de manera politizada, especialmente en las investigaciones relacionadas con autoridades israelíes, aliado clave de Washington, que llevaron a órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
En respuesta, la CPI emitió un comunicado en el que rechaza las presiones y advierte que dichas acciones “socavan el Estado de derecho”. La corte aseguró que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y conforme al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la institución.
EE.UU. intensifica su ofensiva contra la Corte Penal Internacional
Las sanciones estadounidenses forman parte de la campaña impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar la CPI. Washington mantiene su negativa a reconocer la jurisdicción del tribunal sobre sus ciudadanos, al no haber ratificado nunca el Estatuto de Roma. Esta postura se extiende a Israel, que tampoco es firmante del tratado.
La Casa Blanca ya había impuesto en febrero de 2025 restricciones y sanciones a funcionarios del tribunal por investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por acciones contra altos cargos israelíes. Las medidas incluyen la prohibición de entrada a Estados Unidos y la congelación de activos en el sistema financiero estadounidense para los sancionados.
La CPI calificó estas sanciones de “ataque flagrante” a su independencia y reiteró que continuará su labor conforme al derecho internacional. A mediados de julio, la Unión Europea reafirmó un “apoyo inquebrantable” a la CPI, calificándola de “piedra angular del sistema de justicia internacional”, en palabras de Kaja Kallas, alta representante de la UE para la Política Exterior. En un comunicado, Kallas afirmó:
“En un momento en que las violaciones del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, siguen causando un inmenso sufrimiento, la rendición de cuentas sigue siendo indispensable para la justicia, para la prevención de futuras atrocidades y para una paz sostenible”.
Fuente: Infobae