Grabaciones de audio filtradas, declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) y documentos decomisados por autoridades federales en Texas trazan un panorama detallado de vínculos entre el entorno de Andrés Manuel López Beltrán y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas conexiones abarcan desde las minas de balasto en Tabasco hasta los puertos de Guaymas, Ensenada y Veracruz.
La cancelación de la visa estadounidense del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada por el propio afectado el 13 de agosto, anticipó la difusión de parte de estas indagaciones y reinstaló el foco en sus presuntos lazos con operadores señalados por las autoridades de Estados Unidos.
“Son sus brothers”: grabaciones detallan la alianza entre el operador de Andy y una célula del CJNG en Veracruz
Latinus divulgó este lunes grabaciones de 2023 en las que Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado en múltiples investigaciones como amigo cercano y operador de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, instruyó a su hermano Luis Alberto a asociarse con una célula del CJNG dedicada a la extorsión y al robo de combustible en Veracruz.
El vínculo era Iván Cazarín Molina, alias el Tanque, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un operador clave del cártel en esa entidad.
En uno de los audios, Amílcar Olán comenta a un interlocutor identificado como Ángel Montero sobre su hermano: “Habló con toda la gente de allá, la malandrada. Ya llegaron allá a hablar con él, a saludarlo y todo. Ya todos se cagaron. Porque le preguntaron: ‘¿A poco los conoces a toda esa gente?’”.
Otra grabación capta a Luis Alberto Olán describiendo el valor de ese nexo: “Él sabe que yo conozco al Tanque aquí, al de la maña, y como vio que no lo volvieron a molestar a ese güey que lo llegó a extorsionar… ya le dije: ‘No, si yo me llevo con el Tanque, yo ya le hago de cuenta’. Y ya se quedó así”.
El Tanque no es una figura menor. Un informe militar confidencial de 2019, citado por Latinus, indicaba que en el corto plazo tomaría el control de todas las actividades delictivas en Veracruz. Documentos castrenses de 2021 y 2022, hackeados por el colectivo Guacamaya, confirman que así sucedió. En 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de gestionar una red de huachicol en Veracruz capaz de generar millones de dólares para el CJNG mediante gasolineras, almacenes ilegales y venta de combustible que se extendía hasta Texas.
El Tanque no actuaba solo en Veracruz; estableció vínculos con La Barredora, el brazo armado del CJNG que entonces operaba en Tabasco bajo la protección de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López en ese estado. Fue esa célula tabasqueña la que, según los audios, quedó bajo el mando de Luis Alberto Olán para resguardar las minas de balasto que abastecieron el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
En grabaciones obtenidas también por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Amílcar Olán habla de recibir instrucciones directas de Bobby López Beltrán para manejar el negocio del balasto: “A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’”. Otra grabación capta a Olán describiendo una reunión: “Vine porque tengo reunión acá con Gonzalo, Gonzalito. Porque mañana tenemos recorrido allá en el Tren Maya con los de los consorcios, ya ves que estoy ahí metido con lo del balasto”.
“Es un tema de Andy”: el testimonio del testigo protegido de la Marina y el buque Torm Agnes
Un capitán retirado de la Secretaría de Marina, quien participó en operaciones contra el huachicol fiscal y fungiría como testigo colaborador de la FGR, vinculó a López Beltrán con una operación de contrabando de combustible ocurrida en marzo de 2025, según un reportaje del periodista Arturo Ángel publicado en Entorno MX.
La declaración forma parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024, iniciada el 27 de febrero de 2026 ante la Fiscalía Especial en Investigación de delitos en Materia de Hidrocarburos.
En esa operación estuvo involucrado el buque cisterna Torm Agnes, cuya carga de diésel, disfrazada en los documentos como aditivo de aceite, tenía como destino la empresa Intanza, identificada por autoridades mexicanas como presunta fachada del CJNG. El buque realizó una primera descarga en Ensenada, Baja California, y luego continuó hacia Guaymas, Sonora. La operación estuvo a punto de ser descubierta cuando el decomiso simultáneo del buque Challenge Procyon en Tampico activó alarmas en oficinas centrales de la Secretaría de Marina, que ordenó inspecciones cada tres horas.
El testigo relató ante la FGR que consideró la operación fallida, pero el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Mike, lo tranquilizó. “Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control”, declaró el testigo. La respuesta de Solano fue: “Ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Y me dijo: ‘Esto es solo para tus ojos’”.
Las gestiones tuvieron éxito. En 90 minutos, el buque abandonó la zona de amarre e inició maniobras de zarpe, mientras los transportes que descargaban el diésel se retiraban con lo que pudieron. Cuando agentes de la fiscalía llegaron para exigir una inspección, el capitán les respondió que el barco ya estaba en maniobras y la mercancía había sido desaduanada.
Por otra parte, la periodista Peniley Ramírez, en su columna del sábado 15 de agosto en Reforma, confirmó que hay “varias menciones a Andy López Beltrán de distintas fuentes” en el expediente del huachicol fiscal. “Otro testigo dijo que todos los caminos llevan a Andy y que él realizó llamadas clave que permitieron una operación ilegal mayúscula”, escribió.
Intanza, la empresa destinataria del diésel, está constituida en Monterrey y carece de página web o presencia en redes sociales. Una carta enviada por Reuters a su dirección registrada no pudo ser entregada porque el servicio de mensajería no encontró rastro de la compañía en ese lugar. Tres fuentes de seguridad mexicanas y un documento de las fuerzas de seguridad gubernamentales confirmaron que las autoridades mexicanas sospechan que es una fachada del CJNG.
Portacelis Gas, Ikon Midstream y los documentos decomisados en Texas
El rastro del CJNG no termina en Guaymas. Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que Portacelis Gas and Oil, una importadora de combustible vinculada a Amílcar Olán, tuvo como primer proveedor a Ikon Midstream, una empresa texana investigada por el FBI y por la FGR por surtir a compañías señaladas de estar al servicio del CJNG.
Portacelis fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de Amílcar Olán. De la Cruz aparece en actas mercantiles como operador de al menos cuatro empresas del entorno de Olán, entre ellas Romedic —que recibió más de 490 millones de pesos en contratos del INSABI— y Poyago —una ferretera que obtuvo 20 contratos del IMSS por 344 millones de pesos—. Su domicilio registrado era una vivienda modesta en Cárdenas, Tabasco, sin indicios de actividad corporativa.
Entre el 4 de febrero y el 11 de julio de 2025, Portacelis movió oficialmente 15 millones 350 mil litros de diésel importado desde Texas en 444 operaciones registradas en las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y el puerto de Veracruz, con un valor declarado de casi 7 millones de dólares. Su primer cargamento, de 26 mil 119 litros, llegó por la aduana de Matamoros el 4 de febrero de 2025. El proveedor era Ikon Midstream, la misma firma que semanas después quedaría en el centro del mayor escándalo de huachicol fiscal.
Lo ocurrido semanas antes de que Portacelis iniciara operaciones revela la naturaleza del entramado. El 27 de septiembre de 2024, la Secretaría de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. Tres semanas después, los socios originales vendieron sus acciones y el contador De la Cruz renunció como administrador. En su lugar entraron dos jóvenes residentes en rancherías de Tabasco, sin experiencia en el sector energético ni en comercio exterior.
Portacelis, que se promovía públicamente como “líder en importación de productos petroleros”, operó en menos de medio año una línea de suministro binacional basada en trenes y buques. Su segundo gran proveedor fue Brownsville GTR LLC, empresa constituida en Houston en 2020 con vínculos con Ballast Partners, una arrendadora de trenes. Esa misma arrendadora ferroviaria fue utilizada por Luxemborg Trading, compañía del presunto traficante Luis Ariel Rivera Rodríguez, identificado como uno de “los señores de los trenes” en redes de huachicol.
En abril de 2026, agentes federales de Estados Unidos catearon las oficinas de Ikon en Houston y decomisaron documentos de sus transacciones, incluidas las que realizó con Portacelis. El permiso de importación de Portacelis fue revocado el 1 de agosto de 2025. La empresa prácticamente desapareció tras la revocación.
La FGR no desmiente del todo
El 17 de agosto, la FGR emitió un comunicado en el que negó tener “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria” contra el hijo de un expresidente por delitos en materia de hidrocarburos.
Para Peniley Ramírez, el comunicado confirma tácitamente lo contrario. “Es un desmentido que no es desmentido”, dijo en entrevista con Radio Fórmula. “La fiscalía no dice que no tiene indicios o testimonios, dice que lo que tiene no tiene la fuerza de prueba suficiente. En el ánimo de desmentir, la fiscalía termina confirmando que sí tienen algo”.
Ramírez también reveló que hay al menos una transferencia de dinero desde una empresa facturera hacia una cuenta en el primer círculo de López Beltrán que estaría —o habría estado— en el expediente.
El periodista Arturo Ángel publicó, en respuesta al comunicado de la FGR, capturas de pantalla de la declaración del testigo protegido JCSP, que incluyen cuatro menciones a “un hijo del expresidente” en el expediente de huachicol fiscal. En la página 30 del documento, el capitán de Marina Carlos Estudillo, identificado como testigo protegido, señaló que hubo conflictos entre el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y uno de los hijos de López Obrador. La razón: Harfuch perseguía la red de huachicol y el hijo la defendía.
Raúl Olmos, en entrevista con Azucena Uresti, fue contundente: “Desde hace un año, en los expedientes de la FGR, los testigos colaboradores han referido que era un asunto de un hijo del presidente esta llegada masiva de buques con huachicol”.
Fuente: Infobae