En el ámbito tecnológico estadounidense ha comenzado uno de los litigios más polémicos de los últimos años. Meta, la corporación liderada por Mark Zuckerberg, se sienta en el banquillo frente a una coalición conformada por 29 estados de los Estados Unidos. Este proceso judicial no solo amenaza con una sanción económica récord, sino que podría transformar de raíz la forma en que operan las redes sociales a nivel global.
La demanda, presentada originalmente en 2023, sostiene que la empresa fomentó de manera intencionada la adicción a sus plataformas entre menores de edad, además de recolectar datos personales de niños menores de 13 años sin la autorización de sus padres. La Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) y otras leyes de protección al consumidor habrían sido vulneradas de forma sistemática.
El monto reclamado supera los 1,4 billones de dólares (1,4 millones de millones), una cifra que prácticamente iguala el valor bursátil de Meta. De concretarse, esta suma podría llevar a la compañía a la bancarrota y forzar una reestructuración profunda.
Fundamentos de la acusación
El núcleo del caso se centra en que Meta habría diseñado funciones en Facebook e Instagram con el objetivo de captar y retener a usuarios jóvenes, pese a conocer los riesgos para su salud mental. Según los fiscales, la motivación principal era maximizar los ingresos por publicidad online, que representan el 98% de las ganancias de la empresa.
Los estados demandantes afirman que la compañía utilizó tecnologías avanzadas para crear productos especialmente adictivos para niños y adolescentes. Además, Meta habría recolectado información personal de menores de 13 años sin las autorizaciones requeridas, violando la COPPA y otras normativas sobre protección al consumidor.
La acusación también señala que, pese a conocer los peligros, la empresa no advirtió adecuadamente a los usuarios ni a sus familias, e incluso habría minimizado o negado públicamente los riesgos. Robert Bonta, fiscal general de California, declaró: “La compañía diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes, era consciente de ello y luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro”.
Desarrollo del proceso judicial
El juicio se lleva a cabo en un tribunal federal de Oakland, California. Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey actúan como primeros demandantes, mientras que los otros 25 estados iniciarán sus propios procesos más adelante. La selección del jurado se realizó la semana pasada, y los argumentos de apertura se presentan este martes 18 de agosto de 2026.
La relevancia del tribunal californiano radica en que California es el estado donde Meta tiene su sede, lo que otorga a las autoridades locales el mayor alcance legal sobre la compañía. Analistas comparan este caso con las demandas masivas contra las tabacaleras en los años noventa, cuyas multas multimillonarias transformaron radicalmente ese sector.
Un precedente importante es el reciente fallo en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, más otros 375 millones en un juicio anterior, ambos por no proteger adecuadamente a los menores. En esa ocasión, el juez Bryan Biedscheid destacó que las pruebas demostraron la contribución de las redes sociales de Meta a la crisis de salud mental juvenil en el estado.
Implicaciones económicas y empresariales
Los 1,4 billones de dólares que reclaman los estados demandantes podrían, en teoría, llevar a Meta a la bancarrota y forzar una reestructuración que pondría incluso en riesgo la continuidad de la empresa bajo la actual propiedad. La propia compañía reconoció en un expediente judicial que esta suma es casi tan alta como toda su capitalización bursátil.
Sin embargo, expertos consideran poco probable que el tribunal imponga una sanción de semejante magnitud, ya que no existen antecedentes de una multa de tal envergadura en la historia de la protección al consumidor.
James Grimmelmann, profesor de derecho en Cornell, subrayó que una indemnización de esa escala “llevaría a Meta a la bancarrota, arruinaría a sus propietarios y, efectivamente, daría lugar a que los estados sean dueños de Meta”, aunque calificó este escenario como extremadamente improbable.
Más allá del impacto financiero, un fallo adverso obligarí a la empresa a modificar de forma sustancial el funcionamiento de Facebook e Instagram. Esto podrí incluir desde cambios en los algoritmos para frenar los mecanismos adictivos hasta nuevas restricciones en la recolección de datos y en el acceso de menores a las plataformas.
De hecho, Meta ya ha introducido recientemente medidas como cuentas privadas por defecto para adolescents en Instagram, controles parentales y el uso de inteligencia artificial para detectar la edad real de los usuarios.
Fuente: Infobae