La pérdida de selvas tropicales en México tiene un motor que va más allá de la tala directa: lo que se consume a diario. Un estudio de la Universidad Iberoamericana revela que la demanda de productos de origen animal y cultivos como la palma de aceite está detrás de la desaparición de vastas áreas boscosas. Esta práctica no solo afecta el clima y la biodiversidad, sino que involucra a una cadena que incluye a empresas, intermediarios, gobiernos y consumidores urbanos.
La investigación, coordinada por José Alberto Gallardo del Centro de Estudios en Sustentabilidad (Centrus), documenta que la extracción de recursos en zonas selváticas responde a una mezcla de presiones económicas y falta de alternativas para muchas comunidades rurales. En regiones con servicios básicos limitados y escasas oportunidades laborales, desmontar terrenos se convierte en la única vía rápida para obtener ingresos y alimentar a una familia, según el texto.
El monitoreo realizado por la IBERO muestra que la reducción de selvas libera enormes cantidades de dióxido de carbono, lo que intensifica el calentamiento global. La biomasa forestal actúa como un sumidero de carbono, y su eliminación altera la temperatura, reduce la retención del suelo y afecta los ciclos de precipitación.
La investigación advierte con claridad:
“Sin árboles que amortigüen la caída del agua y mantengan el suelo en su lugar, las lluvias pueden arrastrar la capa fértil. Mientras la vegetación podría recuperarse en varias décadas, la formación de nuevos suelos puede tardar miles de años”.
Esta pérdida limita la regeneración de los ecosistemas y la producción de alimentos, subraya el reporte.
Responsabilidad compartida en la cadena de consumo
El análisis de la Universidad Iberoamericana destaca que la deforestación no empieza ni termina con el hacha. Está vinculada a las cadenas de suministro que abastecen a las ciudades con carne, aceites y otros productos agrícolas. El Dr. Gallardo puntualiza: “Las causas próximas son las que directamente deterioran: el hacha y la persona que la utiliza. Pero eso no es necesariamente lo que genera la deforestación; también está la demanda de carne en los restaurantes”.
El documento enfatiza que atribuir la responsabilidad únicamente a los campesinos es un error. Criminalizar a quienes viven en zonas tropicales ignora las condiciones de desigualdad y la falta de opciones económicas. La presión sobre las selvas persistirá mientras exista un mercado rentable para productos que dependen del cambio de uso de suelo.
Por ello, la responsabilidad se extiende a quienes comercializan, financian y adquieren estos bienes. La salud, la arquitectura, las finanzas y la comunicación, junto con las políticas públicas, dependen de la conservación de los entornos naturales.
Monitoreo satelital y alternativas de conservación
Desde hace más de 15 años, la IBERO lidera un proyecto de monitoreo que emplea imágenes satelitales y mediciones de campo para estimar la biomasa y registrar los cambios en la cobertura vegetal. La información generada, disponible en un portal abierto, permite que comunidades, especialistas y responsables de políticas públicas consulten estimaciones del carbono almacenado en cada territorio. Esto facilita la integración de los propietarios de terrenos selváticos en esquemas de créditos de carbono, donde quienes emiten gases de efecto invernadero pueden financiar la conservación de áreas forestales.
El acceso a estos programas suele requerir estudios técnicos costosos, lo que coloca en desventaja a las comunidades frente a intermediarios con más recursos. Por ello, el reporte subraya la necesidad de democratizar la información y fortalecer la capacidad de decisión de quienes habitan y cuidan los territorios.
El texto concluye que proteger las selvas implica cuestionar qué se produce en esos terrenos, quién obtiene los beneficios y cómo las decisiones de consumo pueden ser parte del problema o de la solución.
Fuente: Infobae