¿Qué tan cerca estamos de que un sistema tecnológico capture a un delincuente y una inteligencia artificial decida su destino? ¿Podría un agente de tránsito ser reemplazado por una máquina? ¿Y si el próximo juez que evalúe un expediente contara con la asistencia de un algoritmo?
La reacción inmediata suele ser pensar que se trata de ciencia ficción. Pero con solo observar cómo avanzó la tecnología en los últimos diez años, es evidente que ese escenario ya no es lejano: ya comenzó.
Actualmente existen cámaras con capacidad de identificar un rostro entre millones de personas en cuestión de segundos. Algoritmos que detectan patrones sospechosos antes de que un operador se dé cuenta. Drones autónomos que vigilan fronteras. Sistemas que analizan miles de horas de video y reconstruyen la ruta de un sospechoso a partir de cámaras, teléfonos, lectores de placas y registros digitales.
Esa tecnología ya está en funcionamiento. Y si una máquina puede observar, reconocer, comparar y aprender, el problema ya no es técnico: es institucional.
¿Quién tiene la última palabra?
Por siglos, el uso de la fuerza y la toma de decisiones judiciales estuvieron en manos de seres humanos. Un policía decide arrestar. Un fiscal decide formular cargos. Un juez decide sentenciar o liberar.
Sin embargo, la inteligencia artificial ya ocupa un lugar en esa cadena de decisiones.
En 2016, la Corte Suprema de Wisconsin falló en el caso State v. Loomis, un hito judicial. El tribunal utilizó el resultado de COMPAS, un algoritmo diseñado para calcular el riesgo de reincidencia. El fallo avaló su uso como herramienta complementaria, pero dejó una advertencia inequívoca: el algoritmo jamás puede reemplazar el criterio del juez ni ser el factor determinante en una sentencia.
Este hecho marca un antes y un después. La inteligencia artificial no ha desbancado al juez, pero ya se ha sentado a su lado.
Esa transformación es histórica. Durante siglos, evaluar el riesgo era una labor exclusivamente humana. Hoy, en ciertos sistemas judiciales, esa evaluación parte de una sugerencia elaborada por un algoritmo.
Los defensores de estas herramientas argumentan que permiten fallos más objetivos y uniformes, basados en grandes volúmenes de datos que un humano jamás procesaría. Por otro lado, los críticos advierten que también pueden perpetuar los sesgos de los datos con los que fueron entrenadas, operar como una “caja negra” difícil de auditar e influir en la libertad de una persona mediante procesos que no siempre se pueden explicar del todo.
La gran pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede decidir. La verdadera cuestión es cuánto estamos dispuestos a permitir que decida.
Mientras el debate continúa, la tecnología avanza imparable.
Es fácil imaginar un panorama en dos décadas donde una inteligencia artificial detecte un delito a través de múltiples cámaras, identifique al sospechoso con reconocimiento facial, reconstruya sus pasos automáticamente, recopile las pruebas digitales y entregue al fiscal un expediente prácticamente completo en minutos.
La investigación criminal cambiará para siempre. Y con ella, la Justicia.
Pero hay una diferencia esencial entre una democracia y un régimen autoritario. No radica en la tecnología que se usa, sino en quién la controla y bajo qué normas.
La inteligencia artificial puede ayudarnos a investigar mejor, hallar prófugos más rápido, desarticular organizaciones criminales con mayor eficacia e incluso asesorar a los jueces con análisis que superan la capacidad humana.
Pero nunca debería reemplazar el razonamiento jurídico, la responsabilidad institucional ni el control humano sobre las decisiones que afectan la libertad.
Porque el reto del siglo XXI no es crear inteligencias artificiales más poderosas, sino construir instituciones capaces de ponerles límites.
Fuente: Infobae