La Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, en el marco de la fiscalización de los hechos relacionados con informes de la Contraloría General del Estado que involucran a gobiernos autónomos descentralizados, recibió a las concejalas Laura Pérez, del cantón Pastaza, y Sabina Gamboa, de Ambato, quienes expusieron las dificultades que enfrentan para cumplir con su rol fiscalizador.
Pérez subrayó que existen varios procesos penales relacionados con contrataciones efectuadas por el Municipio de Pastaza; sin embargo, no hay avances. Explicó que la Fiscalía ha señalado que no se puede continuar con estos casos debido a la existencia de otros procesos en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Añadió que se han realizado pedidos para que la Contraloría efectúe exámenes especiales sobre determinadas contrataciones. Al respecto, indicó que se ha informado que estas se encuentran en fase preparatoria de procesos contencioso-administrativos, lo que dificulta la labor de fiscalización de los concejales.
Por su parte, Gamboa comentó que existen contratos adjudicados pese a que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) recomendaba declararlos desiertos. Uno de ellos corresponde al proyecto Redondeles Etapa 1, por un millón de dólares.
Explicó que, por estos y otros hechos, la ciudadanía solicitó la remoción de la alcaldesa de Ambato. Sin embargo, debido a vacíos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el proceso no prosperó, pues, según señaló, hubo una “actuación arbitraria para nombrar a un concejal como parte de la Comisión de Mesa”. Por esta razón, solicitó analizar reformas a los artículos 332 al 337 del Cootad, relacionados con la remoción.
Código Monetario y Financiero
Durante el debate del Proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, la Comisión recibió a Katia Paulina Garzón, de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), quien planteó observaciones relacionadas con los cambios propuestos a esta normativa.
La compareciente afirmó que, a diferencia de los bancos, las cooperativas son sociedades de personas y no de capital, de ahí que los problemas que se produzcan en este sector afecten directamente a sus socios. En este sentido, señaló que eliminar los costos de cobranza causaría un grave perjuicio, ya que las cooperativas, en su mayoría, deben recorrer grandes distancias para notificar la morosidad de las obligaciones e incurrir en otros gastos, debido a que sus socios viven en zonas rurales. Asimismo, sobre la responsabilidad exclusiva de las entidades financieras por robos o fraudes que se cometan con tarjetas o medios electrónicos, sugirió que no se deje de lado la responsabilidad de los usuarios, quienes deben cuidar la seguridad de sus claves, así como de los medios que utilizan en sus transacciones. Señaló que la ley debe determinar el grado de responsabilidad de estos dos actores.
EG