Hay una escena que se repite cada medio siglo con distintos actores pero idéntico libreto: una potencia económica descubre, con sorpresa casi filosófica, que la riqueza financiera no reemplaza la capacidad de producir. Un ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos acaba de plantearlo para su país al proponer un Fondo de Inversión Estratégica que vuelva a vincular el capital norteamericano con la manufactura que ese mismo capital abandonó. El diagnóstico es severo, casi hamiltoniano: sin fábricas no hay soberanía, por más patentes que se acumulen en los laboratorios. Desde Buenos Aires, el texto no debería asombrar. Debería, más bien, incomodar, porque describe con precisión ajena una lección que Argentina intentó enseñarse a sí misma hace ocho décadas y que, a diferencia de Washington, aún no termina de asimilar por completo.
Conviene analizar el fenómeno con la objetividad que exige un examen serio de las relaciones internacionales: no como un choque moral entre virtud y codicia, sino como un problema de poder relativo. Las naciones no compiten primero por ideas, sino por la capacidad material de sostenerlas en el tiempo. Lo que Estados Unidos redescubre hoy —que la separación entre quien diseña y quien fabrica termina erosionando a ambos— es exactamente lo que se intuyó en 1946 cuando se comenzó a definir la independencia económica como condición de la soberanía política, y no como su consecuencia automática. Aquella tradición nunca sostuvo que el mercado fuera enemigo del desarrollo; sostuvo, con un realismo que hoy Washington reencuentra, que ningún mercado se organiza solo hacia el interés nacional. Requiere una mano que lo guíe sin sofocarlo.
Es revelador que la propuesta estadounidense recurra al lenguaje del capitalismo de Estado sin atreverse a nombrarlo así, cubierta por el pudor liberal de “corregir fallas de mercado”. La Argentina de mediados del siglo XX no tuvo ese pudor. El Estado empresario, la sustitución de importaciones, el IAPI como instrumento de acumulación y redistribución, respondían a una misma convicción: que la industrialización no es un resultado espontáneo de la acumulación de capital, sino una decisión política que exige instituciones específicas. Lejos, hacia el norte del Río de la Plata, se cita hoy a Hamilton; nosotros podríamos citar al propio Segundo Plan Quinquenal, que ya advertía que un país que importa lo que puede fabricar termina exportando puestos de trabajo y soberanía. La coincidencia no es casual: ambos diagnósticos nacen de la misma pregunta, formulada por potencias en posiciones muy distintas de la jerarquía internacional.
Aquí el paralelismo debe manejarse con cautela, sin caer en analogías fáciles. Estados Unidos discute cómo administrar su primacía frente a China; Argentina discute, todavía, cómo salir de la periferia. No son el mismo problema, aunque compartan vocabulario. Sin embargo, hay una lección que trasciende esa diferencia de escala: ningún país recupera capacidad industrial por decreto de mercado ni por la sola voluntad de sus emprendedores. La propuesta estadounidense enumera con honestidad los fracasos del mercado frente a la manufactura compleja —el “valle de la muerte” entre el prototipo y la producción, la ausencia de demanda estable, la fragmentación institucional—. Son, exactamente, los mismos fracasos que explican por qué la industria argentina, cuando quedó librada únicamente a la apertura comercial y al costo del capital, retrocedió antes de consolidarse. La experiencia argentina de las últimas décadas, con sus sucesivas aperturas abruptas seguidas de desindustrialización, es el reverso empírico de una advertencia que Washington recién empieza a formular sin saber que ya fue formulada antes, en otro idioma, desde el sur.
La tradición nacional y popular argentina, con su vocación de construir un camino propio entre los dos grandes bloques de la Guerra Fría, nunca propuso copiar al pie de la letra ningún modelo extranjero, ni el soviético ni el norteamericano; propuso una síntesis nacional entre capital, trabajo y Estado, con la justicia social como criterio ordenador de esa síntesis. Esa misma prudencia deberíamos aplicar hoy frente a la idea de un fondo soberano de inversión estratégica. No se trata de imitar la arquitectura institucional que se discute en Washington —un consejo de inversiones a nivel ministerial, préstamos convertibles, compras plurianuales del Pentágono— sino de extraer el principio que la sostiene: la financiación estratégica es un instrumento de poder nacional, y renunciar a ella no es neutralidad, es una forma de subordinación. Un país que carece de mecanismos propios para orientar el capital hacia su desarrollo productivo no está siendo más libre que aquel que sí los tiene; está simplemente delegando esa decisión en mercados que responden a lógicas ajenas a su interés nacional. Y esa delegación, conviene recordarlo, tiene siempre un costo social: el trabajo que no se crea, el salario que no sube, la comunidad que se vacía cuando la fábrica cierra.
El realismo, bien entendido, no es cinismo, sino la aceptación de que los medios deben ajustarse a los fines y a las capacidades reales de cada Estado. Para Argentina, eso significa reconocer que no dispondrá de cincuenta mil millones de dólares como capital semilla, ni de la profundidad de los mercados financieros estadounidenses, ni de la posición dominante que ocupa el dólar. Pero significa también que la falta de esos recursos no exime a la dirigencia nacional de la responsabilidad de diseñar sus propios instrumentos, adaptados a su escala: bancos de desarrollo con mandato productivo real, compras estatales que garanticen demanda a sectores estratégicos, coordinación regional con socios del Mercosur para no fragmentar mercados frente a gigantes como China, y una distribución del ingreso que haga de esa industrialización algo más que un ejercicio de acumulación: una herramienta de movilidad social. Esa tradición argentina tiene, en su propio archivo, más experiencia acumulada sobre estas herramientas que la que Washington recién empieza a redescubrir bajo la urgencia de la competencia con Beijing.
La ironía final es que la potencia hegemónica del siglo XX vuelve, en el siglo XXI, sobre una lección que las naciones periféricas nunca pudieron darse el lujo de olvidar del todo: que no hay soberanía sin capacidad de producir lo que se necesita, que no hay independencia económica sin justicia social que la sostenga políticamente, y que ningún mercado, por sofisticado que sea, construye esa capacidad por sí solo. Para Argentina, la pregunta no es si esa propuesta que hoy circula en Washington tiene razón. Es si, esta vez, sabremos escuchar en la voz ajena el eco de una doctrina propia que quizás abandonamos demasiado pronto.
(1) Alexander Hamilton, uno de los “Padres Fundadores” de EE.UU., es considerado a menudo el «santo patrón» de la Escuela estadounidense que dominó su política económica. Apoyó firmemente la intervención gubernamental en favor de la industria y el comercio nacionales. Se oponía a los postulados británicos del comercio libre, ya que consideraba que favorecían los intereses de las potencias colonialistas e imperialistas, en favor del proteccionismo que, según él, favorecería el desarrollo industrial y la economía de las naciones emergentes.
Fuente: Infobae