El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo este 12 de agosto de 2026 el primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, una iniciativa que, según el documento, busca dar respuesta a las aproximadamente 700.000 familias que carecen de un hogar digno en Ecuador.
El debate, desarrollado en la sesión 114, cobró una relevancia especial tras los recientes y devastadores terremotos en Venezuela y Colombia, eventos que motivaron un minuto de silencio en el hemiciclo y un llamado urgente a mejorar los estándares de construcción en el país.
Terremoto en Colombia y Venezuela, el inicio del debate
El asambleísta independiente Pablo Jurado -que usualmente vota con ADN- advirtió que los sismos son el “mejor fiscalizador” y propuso exigir una declaración juramentada a los constructores para que asuman responsabilidades legales directas ante fallas técnicas o errores estructurales.
Por su parte, Cristian Benavides sugirió fomentar la vivienda vertical en centros urbanos, citando modelos de Bogotá y China, para evitar que la vivienda social sea desplazada a las periferias sin servicios.
La sombra de la privatización
La asambleísta Patricia Núñez, jefa de bancada de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la verdadera intención detrás de la simplificación de trámites prevista en el artículo 52.
Según Núñez, el pleno siguió una ruta de incentivos para movilizar al sector inmobiliario, permitiendo que la vivienda se perciba más como un negocio privado que como un derecho garantizado por el Estado. La legisladora alertó que facilitar el acceso al suelo y otorgar beneficios tributarios a los “promotores” no asegura que las familias más pobres realmente obtengan una vivienda asequible.
Por su parte, Roque Ordóñez (RC) señaló que actualmente, el 75% de los proyectos se registran como Vivienda de Interés Público (VIP), mientras que solo el 25% corresponden a Vivienda de Interés Social (VIS). Ordóñez criticó que la reforma se limite a acelerar permisos sin resolver la exclusión financiera de comerciantes, artesanos y trabajadores informales, quienes, a pesar de estar reconocidos en la ley, siguen fuera del sistema crediticio.
De hecho, la crítica de la oposición se concentró en la posible violación a la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Sostienen que la reforma introduce parámetros nacionales que podrían obligar a los municipios a ceder sus facultades exclusivas sobre el uso y gestión del suelo.
Al respecto, Núñez enfatizó que los municipios no solo entregan permisos, sino que gobiernan el territorio, el agua y los riesgos, por lo que la ley no debería centralizar estas decisiones en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Yumbay exigió la prohibición expresa de construir viviendas sociales en zonas de riesgo no mitigable, como quebradas o terrenos inestables. “Ser pobre no significa tener menos derecho a una vivienda segura”, sentenció. Además, añadió que una “declaración responsable” del constructor no puede reemplazar la fiscalización técnica del Estado ni eximir de responsabilidades penales en caso de desastres.
Finalmente, la legisladora Sandra Figueroa (RC) trasladó el debate a la realidad de zonas críticas como Durán. Indicó que entregar “cuatro paredes y un techo” es insuficiente si no se garantiza la seguridad ciudadana. Figueroa dijo que la falta de control contra el crimen organizado en los entornos habitacionales hace que la vivienda social pierda su propósito de bienestar, ya que las familias viven bajo amenaza constante.
¿Qué dice el oficialismo y el documento?
La asambleísta Lucía Pozo (ADN), ponente del informe que unifica las propuestas de su despacho y del legislador Johnny Terán (PSC), destacó que el proyecto busca cerrar la brecha del déficit habitacional mediante cuatro pilares fundamentales:
- Seguridad Ciudadana: propone que el diseño y la ubicación de las viviendas favorezcan la convivencia pacífica y la prevención del delito, coordinando esfuerzos entre el ente rector de vivienda, las entidades de seguridad y los municipios.
- Banco de Suelo: eleva a rango de ley la gestión de un inventario público de predios aptos para vivienda social, obligando a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a mantener catastros actualizados para garantizar transparencia y acceso a la información.
- Gestión Integral del Riesgo: exige que los proyectos incorporen criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a desastres naturales, observando normas técnicas sismorresistentes y mapas oficiales de amenazas.
- Simplificación de Trámites: establece un procedimiento administrativo especial estructurado en cuatro fases con plazos máximos definidos para eliminar la burocracia que retrasa las construcciones.
Tras recoger estas observaciones, el proyecto deberá regresar a la Comisión de Gobiernos Autónomos para ser analizado nuevamente antes de su segundo y definitivo debate.
Radio Pichincha
LV