La Comisión de Régimen Económico y Tributario continuó el análisis del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por Venta de Energía Eléctrica (Decreto Ley N.º 047), cuyo objetivo es garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de estos recursos.
Durante la sesión, Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, presentó observaciones desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos. Destacó la necesidad de fortalecer la transparencia, eficiencia y gestión de los recursos provenientes de la generación eléctrica, sin afectar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Entre sus principales recomendaciones, planteó revisar la pertinencia del artículo 274 de la Constitución como fundamento del proyecto; precisar, en la exposición de motivos, que la mayor flexibilidad para los GAD parroquiales debe aplicarse dentro de los destinos autorizados por la ley; y aclarar que las nuevas obligaciones corresponden específicamente a los recursos provenientes de las regalías por generación eléctrica.
Varela resaltó, como uno de los aspectos más favorables de la propuesta, la incorporación de mecanismos de transparencia que obliguen a publicar información sobre el uso de los recursos, con criterios de trazabilidad, accesibilidad y protección de datos sensibles.
La Comisión también escuchó al experto en derecho constitucional Francisco López, quien consideró necesaria la reforma, particularmente por la incorporación de disposiciones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
A su criterio, la propuesta contribuiría a fortalecer la rendición de cuentas mediante la presentación de informes anuales sobre los proyectos y la publicación de información en los sitios web institucionales. No obstante, recomendó definir con mayor precisión las características, los criterios y los parámetros que deberán cumplir estas obligaciones.
Por su parte, David Crespo, socio de Global Partners Soluciones Legales, calificó como legítimos y necesarios los objetivos de transparencia, eficiencia y control social planteados en la reforma. Sin embargo, señaló que algunos aspectos requieren ajustes para evitar la duplicidad normativa, garantizar la autonomía de los GAD y preservar el carácter compensatorio y ambiental de estos recursos.
AM