La discusión sobre la transformación digital suele girar en torno a la inteligencia artificial o a la ciberseguridad, pero existe otra pieza clave que define el margen de maniobra de los Estados: la gestión y acreditación de la identidad de sus ciudadanos en el entorno digital.
Cada vez que un usuario ingresa a un portal gubernamental, suscribe un documento en línea o utiliza un servicio digital, se desarrolla un mecanismo invisible: la verificación de que esa persona es efectivamente quien afirma ser. Por mucho tiempo, esa función recayó en el documento físico. En la actualidad, depende de la infraestructura digital, y surge una cuestión que va más allá de lo técnico: ¿quién controla esa infraestructura y bajo qué normativas?
Esta pregunta empezó a tomar relevancia en América Latina con la puesta en marcha de IdLAC, presentada durante la XIX Reunión Anual de la Red GEALC en Guatemala en octubre de 2025. La iniciativa, liderada por el BID y desarrollada técnicamente por Uruguay mediante AGESIC, se desempeña como un broker regional de identidad digital que facilita la interoperabilidad entre naciones a partir de los sistemas nacionales existentes. Argentina se sumó con la meta de que un ciudadano pueda acreditar su identidad en otro país sin recurrir a plataformas privadas o intermediarios ajenos.
La importancia de estos proyectos no se limita a agilizar trámites. La identidad digital se ha convertido en la puerta de entrada a servicios públicos y privados: desde prestaciones estatales hasta operaciones bancarias, comercio electrónico o firma digital. Contar con infraestructura propia no es únicamente una decisión tecnológica, sino también una manera de preservar la capacidad de decisión sobre uno de los activos más delicados de la economía digital.
El Banco Mundial, a través de su iniciativa Identification for Development (ID4D), advierte que millones de personas aún no poseen una identidad oficialmente reconocida y que los países deben construir sistemas seguros, interoperables y respetuosos de la privacidad. En Argentina, el RENAPER ha fortalecido su propia infraestructura de identidad digital. El Sistema de Identidad Digital permite verificar en tiempo real la identidad de una persona mediante los datos del DNI y el reconocimiento facial biométrico, mientras que el DNI digital dentro de Mi Argentina amplió las opciones de identificación en diversos procedimientos.
No obstante, la infraestructura por sí sola no basta. La identidad digital exige interoperabilidad, coordinación entre instituciones e inversión continua. En esa línea, el Índice de Gobierno Digital 2023 de la OCDE y el BID evidencia una falencia regional: apenas el 22 % de los países de América Latina y el Caribe intercambia todas las categorías básicas de datos evaluadas entre organismos públicos, como identidad, residencia, registro civil, información económica y salud.
El reto no consiste únicamente en disponer de un DNI digital, sino en mantener un ecosistema público capaz de avanzar con autonomía. En un entorno donde las soluciones tecnológicas pueden adquirirse rápidamente en el mercado, la pregunta sobre qué capacidades deben quedar bajo control estatal recobra protagonismo. Durante décadas, la soberanía se asoció al territorio, la energía o la defensa. En la economía digital surge una nueva dimensión: la facultad de un Estado para reconocer, autenticar y resguardar la identidad de sus ciudadanos. La confianza también requiere infraestructura, y quienes no construyan la propia dependerán de la que otros ofrezcan.
Fuente: Infobae