Una sentencia de 55 años de prisión fue dictada contra Yarleny Muñoz Franco, quien participó en el asesinato de tres jóvenes que fueron atraídos con falsas ofertas de empleo y trasladados a una zona rural de Puracé, Cauca. Allí perdieron la vida y fueron presentados como miembros de las Farc abatidos en combate.
La decisión la tomó un juez de conocimiento itinerante de Popayán, tras evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación que demostraron la responsabilidad de la procesada.
El engaño y la trampa mortal
Los hechos sucedieron el 3 de julio de 2009. Las víctimas eran tres jóvenes que trabajaban en construcción y pertenecían a una población vulnerable. Según la investigación, Muñoz Franco fue quien contactó a los muchachos y los convenció de viajar hasta la vereda Campamento, en jurisdicción de Puracé, con el argumento de que conseguirían un trabajo.
Esa promesa se convirtió en una trampa. Cuando los jóvenes llegaron al lugar, fueron interceptados por integrantes del Batallón de Alta Montaña número 4 del Ejército Nacional y les quitaron la vida. Ninguno de ellos portaba armas.
Los cuerpos fueron reportados oficialmente como guerrilleros de las Farc que habían muerto en un supuesto enfrentamiento con la fuerza pública. No obstante, en el juicio oral la Fiscalía demostró que esa versión era falsa. Las pruebas confirmaron que los tres jóvenes estaban desarmados, no pertenecían a ningún grupo armado ilegal y jamás participaron en un combate.
La investigación reveló que los asesinatos ocurrieron después de que los jóvenes descendieron del vehículo en que se movilizaban. El material probatorio desmontó por completo la hipótesis de que se trataba de insurgentes abatidos en operaciones militares.
La farsa de la desmovilización
Un punto clave fue la conducta de Muñoz Franco después de las muertes. Al día siguiente de los asesinatos, la mujer se presentó en una unidad militar y afirmó pertenecer a la guerrilla, asegurando que las tres víctimas eran sus compañeros de esa organización.
Con esa versión, obtuvo una certificación del Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA), que le permitió ingresar al programa de reintegración a la vida civil. Sin embargo, ese documento fue anulado en octubre de 2009, cuando las autoridades confirmaron que Muñoz Franco nunca había sido integrante de la organización armada ilegal.
Para la Fiscalía, este episodio formó parte de las maniobras para respaldar la versión que presentaba a los jóvenes como insurgentes. Así se reconstruyó la cadena de hechos que inició con el engaño y terminó con el asesinato y la presentación de las víctimas como bajas en combate.
Condena y consecuencias
Tras valorar las pruebas, el juzgado declaró a Muñoz Franco responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. La pena impuesta fue de 55 años de prisión, una de las decisiones más relevantes en este caso ocurrido hace más de 17 años.
Además de la privación de la libertad, la condenada deberá pagar una multa de 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitada por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
La sentencia quedó en firme, por lo que el juez ordenó la captura inmediata de Muñoz Franco para que sea trasladada a un centro penitenciario y cumpla la pena.
El caso evidencia las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en varias regiones del país, donde civiles fueron presentados como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combate. En esta oportunidad, la Fiscalía logró demostrar judicialmente el papel de una civil en la captación de las víctimas y en la construcción de una versión para justificar sus muertes.
La sentencia establece responsabilidades concretas por los hechos de Puracé y reconoce que los jóvenes no eran combatientes ni participaron en un enfrentamiento. Fueron llevados a la zona mediante un engaño relacionado con un supuesto empleo y terminaron siendo asesinados.
La Fiscalía General de la Nación informó que la decisión se dio tras un proceso en el que las pruebas demostraron la responsabilidad de Muñoz Franco. La orden de captura permitirá hacer efectiva la sentencia de 55 años de prisión.
Fuente: Infobae