El debate sobre la inteligencia artificial en la educación suele centrarse en el temor al fraude o en las promesas tecnológicas, dejando de lado preguntas fundamentales: quién define las reglas de uso, quién asume las consecuencias y qué decisiones deben seguir en manos humanas. Dos hechos recientes en Estados Unidos —una propuesta estudiantil y un informe institucional— muestran que la discusión está virando hacia ese terreno.
Hace una semana, casi un centenar de estudiantes de los 50 estados se reunieron en Boston para redactar el STUDENTS FIRST Act, un marco para el uso de inteligencia artificial en escuelas públicas. Los jóvenes trabajaron como un “Senado estudiantil”, debatieron el texto en una réplica de la cámara del Senado estadounidense y lo aprobaron por 82 votos contra 16. La actividad fue organizada por Day of AI, MIT RAISE, AASA y el Edward M. Kennedy Institute, y el documento final será sometido a discusión en cada comunidad educativa.
El valor del texto no radica en su carácter normativo (aún no tiene fuerza legal), sino en las distinciones que propone. Los estudiantes rechazaron tanto la prohibición general de la IA como su adopción sin límites. Plantearon que no debe usarse para producir trabajos escritos o artísticos en reemplazo del alumno ni durante evaluaciones calificadas. A partir del noveno grado, en cambio, podría emplearse con autorización docente para estudiar, editar una producción propia o generar ideas. El uso tendría que ser declarado y los estudiantes deberían verificar las afirmaciones generadas por los sistemas.
La propuesta también busca evitar que la sospecha de un uso indebido quede en manos de un detector automático. Establece el derecho de los estudiantes a apelar, exige una investigación humana y señala que una escuela no debe basarse exclusivamente en sistemas automatizados para modificar una calificación o aplicar una sanción. Para comprobar la comprensión, los docentes podrían recurrir a defensas orales, evaluaciones manuscritas o conversaciones presenciales. El objetivo no es restaurar una única forma de examen, sino disponer de evidencias que permitan distinguir entre una asistencia autorizada y la sustitución del trabajo intelectual.
El marco reserva además una función decisiva para los educadores. La IA podría asistirlos en la planificación, la preparación de ejercicios, la retroalimentación o la organización de la clase, pero ellos seguirían siendo responsables de revisar la exactitud, los sesgos y la pertinencia de los materiales. Tampoco deberían delegarse en un sistema decisiones sobre calificaciones, disciplina o contratación. En cuestiones de salud mental y orientación personal, el documento sostiene que las aplicaciones no deben reemplazar a consejeros ni a adultos de confianza.
¿Quién decide sobre la IA en las escuelas?
Ese énfasis en el juicio profesional coincide con otra señal publicada esta semana. Un estudio de EdSurge, basado en el segundo informe trimestral de integridad académica de Turnitin, indicó que el 48% de los participantes consultados identificó a los responsables de enseñanza y aprendizaje como principales encargados de implementar IA en sus instituciones. Las áreas tecnológicas fueron mencionadas por el 17% y los equipos interdisciplinarios por el 16%.
El dato sugiere que la conducción está pasando a quienes conocen las clases y las evaluaciones, aunque debe leerse con prudencia: proviene de sondeos realizados entre asistentes a actividades y seminarios de Turnitin, no de una muestra representativa del sistema educativo. El informe de la empresa reunió información de más de 60 eventos educativos desarrollados durante el primer semestre de 2026 y analizó interacciones con Turnitin Clarity, su herramienta para observar el proceso de escritura asistida.
Entre sus conclusiones, señala que los educadores valoran las soluciones que permiten conocer cómo utilizaron los estudiantes la IA, ajustar sus funciones a cada consigna y organizar tareas en distintas etapas. EdSurge recogió, sin embargo, una advertencia de directivos y especialistas: cuando las autoridades institucionales no definen un marco común, el liderazgo docente puede convertirse en una suma de decisiones aisladas, con criterios diferentes entre aulas, asignaturas y niveles.
La autonomía docente, por lo tanto, no debería confundirse con soledad profesional. Una institución puede reconocer que cada profesor necesita decidir qué uso resulta adecuado para una actividad concreta y, al mismo tiempo, establecer principios compartidos sobre privacidad, evaluación, transparencia, tratamiento de datos y mecanismos de apelación. Sin esa combinación, los estudiantes pueden encontrarse con una herramienta obligatoria en una materia, prohibida en otra y tolerada sin criterios explícitos en una tercera.
Las dos señales tampoco permiten afirmar que exista ya un modelo consolidado de gobernanza. El documento estudiantil deberá ser revisado y probado; los datos de Turnitin describen a un grupo vinculado con los servicios de la propia compañía, y no a la totalidad de las escuelas. Sí permiten identificar una transformación relevante: la inteligencia artificial comienza a ser discutida menos como una novedad técnica y más como una cuestión de autoridad, responsabilidad y diseño pedagógico.
La pregunta central, entonces, no es si las escuelas deben aceptar o rechazar la inteligencia artificial en bloque. Es qué aprendizajes puede apoyar, qué procesos no debería sustituir, cómo se protege a quienes son evaluados por sistemas falibles y qué preparación necesitan los docentes para tomar decisiones informadas. La calidad de la incorporación no dependerá de la cantidad de aplicaciones disponibles, sino de la capacidad de cada comunidad educativa para establecer reglas comprensibles, revisables y vinculadas con sus propósitos de enseñanza.
Fuente: Infobae