El proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado entró a una depuración institucional. Lo que inició en marzo de 2026 con un registro masivo de 75 postulantes se redujo drásticamente a solo 26 aspirantes que permanecen en carrera, tras una serie de descalificaciones, denuncias de irregularidades y renuncias voluntarias.
La última baja del proceso
Este miércoles 5 de agosto de 2026, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) oficializó la salida de Luis Augusto Rosero Méndez. El exagente fiscal de Pichincha, quien había alcanzado una puntuación de 38 sobre 50 en la fase de méritos, presentó un oficio de desistimiento voluntario el pasado 2 de agosto. Con su retiro, la lista definitiva de participantes quedó fijada en 26 nombres.
La reducción de la nómina es una constante desde el inicio del concurso. Tras la fase de admisibilidad, en la que la Comisión Ciudadana de Selección verificó el cumplimiento de requisitos legales e inhabilidades, el grupo inicial de 75 se redujo a 28.
Entre las salidas más notables destaca la de José De La Gasca, exministro de Gobierno, quien fue descalificado tras una denuncia ciudadana por no presentar la declaración de no tener conflictos de interés. De La Gasca decidió no apelar la decisión ante el pleno del Cpccs, denunciando públicamente la existencia de supuestos intereses externos para forzar su salida.
Asimismo, otros postulantes descalificados en etapas tempranas, como Washington Andrade y Víctor Coffre Morán, también presentaron quejas alegando presuntas irregularidades en la aplicación de los filtros iniciales del concurso.
Fase de impugnación y liderazgo en el puntaje
Con la lista de aspirantes reducida a 26 participantes, el proceso para seleccionar al nuevo Fiscal General entró en la fase de impugnación ciudadana y escrutinio público. En este punto del certamen, la tabla de calificaciones se encuentra encabezada por la magistrada de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho.
La jueza nacional no solo se sitúa a la vanguardia de la evaluación académica y profesional, sino que simultáneamente se convirtió en la aspirante que registra la mayor cantidad de objeciones y retos legales en lo que va del concurso.
Lo que sigue
Esta etapa de impugnación permite que cualquier ciudadano o colectivo presente reclamos fundamentados sobre la idoneidad o posibles prohibiciones de los aspirantes. El resultado de estas objeciones será fundamental para definir si el liderazgo actual en el puntaje se mantiene o si existen descalificaciones adicionales antes de la designación definitiva del nuevo Fiscal.
El nuevo Fiscal General será designado para un periodo de seis años.
Radio Pichincha
LV