La jueza Erika Álvarez fue destituida de la Función Judicial por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, que resolvió sancionarla al concluir que incurrió en una falta disciplinaria calificada como manifiesta negligencia.
La resolución fue adoptada el 4 de agosto de 2026 y está relacionada con una decisión judicial emitida tras los incidentes registrados durante el ingreso de la caravana presidencial al cantón El Tambo, en la provincia del Cañar.
El caso se remonta al 7 de octubre de 2025, cuando la comitiva del presidente Daniel Noboa fue atacada con piedras, palos y otros objetos en medio de una protesta por la eliminación del subsidio al diésel.
Tras los hechos, la Policía detuvo a cinco personas, quienes fueron señaladas como presuntos responsables de la agresión y procesadas por el delito de ataque o resistencia.
Sin embargo, durante la audiencia de flagrancia, la Fiscalía no logró sustentar la legalidad de las aprehensiones, por lo que la jueza Erika Álvarez determinó que las detenciones no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa y dispuso la libertad de los cinco ciudadanos.
Destitución
Esa decisión generó cuestionamientos por parte de la Fiscalía, que anunció una investigación sobre la actuación de la magistrada. Meses después, el proceso disciplinario concluyó con la destitución de la jueza, al considerar el Consejo de la Judicatura que existieron actuaciones incompatibles con el correcto ejercicio de sus funciones.
Los hechos ocurridos en El Tambo también provocaron una fuerte reacción del Gobierno.
En un primer momento, autoridades señalaron que el ataque contra la caravana presidencial podría constituir un intento de asesinato e incluso mencionaron supuestos impactos de bala en los vehículos oficiales. No obstante, esas afirmaciones fueron posteriormente descartadas.